El Gobierno está dispuesto a sentarse y negociar las más de tres mil enmiendas presentadas al proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para 2021, con la voluntad de hacer "cesiones razonables" y llegar a acuerdos.

Así lo confirmaron a Público fuentes del Gobierno, y así los explicitaron tanto la ministrad de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, como la portavoz del Grupo Socialista, Adriana Lastra, que serán las dos máximas responsable para conseguir llegar a la votación del próximo 3 de diciembre con un acuerdo cerrado sobre las cuentas.

Montero, desde la mesa del Consejo de Ministros, insistió en que se va a negociar las enmiendas presentadas por los grupos con la voluntad de hacer cesiones y buscar posturas de consenso. La ministra no quiso entrar en la enmienda conjunta presentada por Unidas Podemos, Bildu y ERC sobre los desahucios, pero fuentes cercanas al Ministerio de Transportes indicaron que se estudiará y se buscarán puntos en común, como ya se hizo cuando el partido morado puso condiciones de última hora en materia de vivienda para aprobar los Presupuestos.

De hecho, las citadas fuentes ya apuntaron a Público que estaban dispuestos a abordar la ampliación de la prohibición de los desahucios, prevista ahora hasta el próximo 31 de enero, cuando se acercase el momento y en función de cómo evolucionara la pandemia.

También Lastra, en rueda de prensa, mostró la plena disposición a intentar pactar enmiendas que mejoren los Presupuestos, y recalcó que "es una obligación del Grupo Socialista debatir las enmiendas con todos los grupos que muestren su disposición a participar en la aprobación de los Presupuestos".

Lo que ambas dirigentes dejaron claro es que en estas negociaciones van a contar con Bildu, en contra de las pretensiones de Ciudadanos, y también mantienen que no se va reformar la Ley de Educación para mantener el castellano como legua vehicular, otra petición de la formación naranja.

Iglesias ya planteó en el Gobierno prohibir los desahucios

Los mensajes de Montero y de Lastra han llegado después del anuncio de Unidas Podemos, ERC y EH Bildu acerca de una enmienda al proyecto presupuestario que pide prohibir los desahucios y los cortes de suministros básicos hasta el 31 diciembre de 2022. La medida busca que no se lleve a cabo ningún lanzamiento durante el tiempo en que se prolongue la pandemia del coronavirus, aunque la enmienda recoge una ampliación durante dos años más, un tiempo en el que se espera que salga adelante una ley de vivienda que recoja la emergencia social de los desahucios.

El portavoz de En Comú Podem y presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, ha explicado que el objetivo es extender la prohibición de los desahucios establecida durante la primera ola del coronavirus a aquellas personas vulnerables cuya situación no haya sido provocada de forma directa por la pandemia.

A principios de mes, la Vicepresidencia de Derechos Sociales puso sobre la mesa dos propuestas en el seno del Ejecutivo de coalición con el objetivo de recuperar y ampliar la cobertura del escudo social de marzo. Por un lado, Pablo Iglesias planteó que se extienda la prohibición de los desahucios, desligando los requisitos de vulnerabilidad de las consecuencias directas de la pandemia y, por otro, recuperar la prohibición de los cortes de suministros de agua y luz mientras dure el estado de alarma.

"En pleno estado de alarma, que implica un toque de queda, y los sucesivos confinamientos parciales que se están decretando por parte de las comunidades autónomas, no tiene sentido pedirle a la gente al mismo tiempo que se quede en casa y ejecutar desahucios", defendieron entonces desde la Vicepresidencia de Derechos Sociales, desde donde también recuerdan que esta segunda ola de la pandemia se desarrollará durante los meses de invierno, con los riesgos que esto supone para las familias sin hogar.

Ahora, Unidas Podemos ha dado un paso más y ha materializado su propuesta en una enmienda junto a EH Bildu y a ERC, una enmienda que incluso es más ambiciosa en cuanto a la extensión en el tiempo de la prohibición de los desahucios y los cortes de suministros de agua, luz y gas.