Nuevo capítulo en la larga batalla judicial de los eurodiputados de Junts reclamados por la Justicia española para dirimir si tienen o no inmunidad parlamentaria. El expresident Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí se han enfrentado este viernes a una segunda vista en el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), la sala que debe decidir si devuelve la inmunidad a los dirigentes independentistas, retirada en marzo de 2021 con el apoyo del 60% de los europarlamentarios. Si lo hace, podrían regresar al Estado sin ser detenidos.

Ahora mismo, Puigdemont, Comín y Ponsatí tienen inmunidad en toda la Unión Europea (UE), menos en España, después de que en mayo el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) se la devolviera de forma cautelar a raíz del recurso interpuesto a la decisión del TGUE, que desestimó hacerlo.

Desde que fueron elegidos eurodiputados, en las elecciones de mayo de 2019, ha habido un pulso entre el Parlamento Europeo, el TGUE, el TJUE y el Tribunal Supremo -quien reclama los líderes con las euroórdenes-, que con la vista de este viernes inicia su vía de resolución. Habrá que esperar a una sentencia que podría llegar durante el primer trimestre de 2023.

La defensa alega tramitación "irregular" de los suplicatorios

Vamos por partes. Lo que quieren demostrar el expresident de la Generalitat y los exconsellers en el exilio en la vista de este viernes es que el Parlamento Europeo no defendió su inmunidad ante las órdenes de extradición emitidas por el juez del Supremo Pablo Llarena cuando ya eran eurodiputados. También que los suplicatorios posteriores aprobados por la Eurocámara, que les retiraban la inmunidad, se tramitaron de forma irregular.

La defensa de los dirigentes, encabezada por el abogado Gonzalo Boye, ha afirmado en la vista que los suplicatorios solicitados por Llarena son "persecución política". Boye ha esgrimido como evidencia la reforma del delito de sedición validada este jueves por el Congreso, que ha dicho que facilitaría la extradición, aunque esto no genera consenso entre los expertos.

Más allá de eso, el abogado ha cuestionado también la imparcialidad de los encargados de redactar los informes que avalaron la suspensión de la inmunidad. Son, por un lado, el presidente de la comisión de Asuntos Jurídicos, el eurodiputado de Ciudadanos Adrián Vázquez, quien lideró el proceso. Y por otro, el ponente del caso, el ultraconservador búlgaro Angel Dzhambazki, del cual la defensa denuncia los vínculos con Vox.

Toma de posesión del escaño "de forma ilegal"

Por su parte, la defensa del Parlamento Europeo ha apuntado en la vista que los tres eurodiputados accedieron al escaño "probablemente de forma ilegal". Así lo ha señalado el abogado Norbert Lorenz, quien ha añadido que pudieron obtener el escaño a raíz de la sentencia de Oriol Junqueras pese a no figurar en la lista oficial de candidatos que remitió la Junta Electoral Central (JEC) a la Eurocámara.

"Se les permitió tomar asiento en el Parlamento Europeo y, como hemos visto por una sentencia del TGUE, probablemente de manera ilegal, porque el Parlamento Europeo nunca ha recibido notificación de que los demandantes hayan sido nombrados o elegidos parlamentarios en España", ha expresado el letrado en su exposición al inicio de la vista.

A principios de noviembre, la Junta Electoral Central (JEC) respondió a un requerimiento del Parlamento Europeo asegurando que los tres dirigentes no disponen de la condición plena como eurodiputados porque no acudieron a Madrid a jurar la Constitución. Así pues, no figuran en la lista de parlamentarios remitida por el órgano español a la Eurocámara.

El objetivo de la defensa de los dirigentes independentistas es anular el suplicatorio y que esto sirva también para ampliar su inmunidad dentro de España. Los abogados argumentan que el Supremo no puede distinguir en función del origen de los eurodiputados.

Si el TGUE da la razón al Parlamento Europeo, las medidas cautelares que mantienen la inmunidad de Puigdemont, Comín y Ponsatí seguirían vigentes. En ese caso, la defensa presentaría un recurso ante el TJUE, lo que alargaría el procedimiento. En cambio, si el TGUE da la razón a los tres eurodiputados independentistas, sólo podrá presentar recurso el Parlamento Europeo, ya que España es una parte adherida o subordinada a la Eurocámara.