MADRID.- Cuarenta y dos años sin Salvador Puig Antich. El 2 de marzo de 1974 el Estado español ejecutó mediante garrote vil a un militante del Movimiento Ibérico de Liberación (MIL) acusado de asesinar al policía de la Brigada Político Social, Francisco Anguas Barragán, durante el tiroteo que se produjo durante su detención. Se trata del último asesinato mediante garrote vil de la dictadura de Franco. Ese mismo día, en Tarragona, también fue ejecutado el alemán -se dijo que era polaco- George Michael Welzel, con el falso nombre de Heinz Ches, identidad falsa que el gobierno de entonces ya conocía.

"Mi hermano fue el chivo expiatorio tras el atentado a Carrero Blanco. Era anarquista, de una pequeña organización, y no tuvo el apoyo de ningún grupo político, y además le acusaban de matar a un policía, ¿qué mejor ocasión para vengarse?", se pregunta Merçona Puig Antich, hermana de Salvador, en una entrevista publicada en este medio. 

Era el 2 de marzo de 1974 y el franquismo dio un golpe sobre la mesa. Quería transmitir firmeza con una brutal ejecución tras un polémico juicio. Apenas unos meses antes (20-D de 1973), ETA había asesinado a Carrero Blanco, presidente del Gobierno de la dictadura franquista y durante largos años mano derecha del propio Franco. Hubo protestas en toda Europa e incluso el Vaticano trató de mediar para evitar la ejecución, pero no había manera. La decisión ya estaba tomada. 

"Mi hermano fue el chivo expiatorio tras el atentado a Carrero Blanco. Era anarquista, de una pequeña organización, y no tuvo el apoyo de ningún grupo político", dice Merçona

El juicio estuvo marcado por las irregularidades. La propia Merçona ha denunciado en infinitud de ocasiones que en el "juicio no permitieron que los abogados presentaran las pruebas de balística", ya que "decían que ellos eran militares y ya sabían de armas". "El policía que murió durante la detención de mi hermano, llegó al Hospital Clínico, pero cuando certificaron su muerte, se lo llevaron a una comisaría para hacerle la autopsia", denuncia Meróna. 

El 4 de marzo de 1974, apenas dos días después del asesinato de Carrero Blanco, el embajador de Estados Unidos en España redactó un informe confidencial para el Departamento de Estado que dirigía Henry Kissinger en el que subrayó que, tras el atentado que dio muerte a Carrero Blanco, "el nuevo Gobierno de Arias Navarro ha decidido demostrar su voluntad de preservar la ley y el orden. Pese a estar sometido a presiones internas, y algunas externas en forma de intervenciones por parte de los holandeses, belgas, italianos y el Mercado Común, así como peticiones de los socialistas españoles al canciller federal alemán para que intercediese, el Gobierno decidió proceder con las ejecuciones tal como lo reclamaban los tribunales militares".

Otros dos días más tarde, el 8 de marzo, el embajador enviaba un nuevo informe confidencial en el que se mostraba ya alarmado por "la ola de manifestaciones e intentos de protestas en varias universidades españolas" que, "según un profesor de la Universidad de Madrid, constituyen un nivel de fermento contestatario muy superior a cualquier cosa que él haya visto en los últimos siete años".