La Comisión para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves el proyecto de Ley de Cambio Climático, tras meses de negociaciones entre los partidos. El texto recoge una reducción de emisiones de 23% para finales de década, un porcentaje inferior al 55% planteado por la Unión Europea y a las exigencias del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que reclama un descenso anual del 7,6% de las emisiones de gases de efecto invernadero. 

El proyecto de Ley ha sido aprobado en la Comisión de Transición Ecológica con 22 votos a favor de PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos, ERC, PNV, Teruel Existe, JuntsxCat y Compromís; 10 abstenciones de Más País-Los Verdes Equo y PP; y el rechazo solitario de los cinco diputados de Vox.

Pese al polémico objetivo de reducción de emisiones, los partidos han acordado una enmienda para revisar ese mismo objetivo en el año 2023, con la esperanza de alcanzar entonces un acuerdo que se ajuste más a las demandas de la ciencia.

El texto de la ley contempla, no obstante, otros compromisos importantes para la descarbonización de la economía como la prohibición de nuevas exploraciones y explotaciones de yacimientos de hidrocarburos, además de impedir que se aprueben proyectos relacionados con la extracción de uranio, una demanda de los movimientos ecologistas. 

Esta ley marco introduce también la obligación de que todas las ciudades de más de 50.000 habitantes impulsen sus propias zonas de bajas emisiones y planes de movilidad urbana que limiten el tráfico rodado contaminante, en favor de los nuevos vehículos eléctricos, el transporte público y la movilidad activa a pie o en bici. Se trata de una decisión ambiciosa que afectará a más 148 ciudades españolas y a más de 24 millones de habitantes que respiran aire contaminado, es decir, al 52% de la población española.

La ley contempla otras medidas como la creación de un comité de expertos independientes que asesoré y fiscalice las decisiones del Gobierno en materia climática o la introducción de la educación ambiental como eje transversal del currículum académico de las escuelas de educación primara, secundaria y universidades.

Tras la aprobación del texto y sus enmiendas, la ley pasa al Senado, donde será tramitada por la vía de urgencia. De esta forma, si no se presentan enmiendas, en en un periodo de 20 días entraría en vigor.