La semana del Gobierno de coalición no ha sido fácil. La crisis diplomática con Argelia causada por el giro de Pedro Sánchez respecto al Sáhara Occidental y el repunte de la inflación en el mes de mayo amenazan con abocar al Ejecutivo a unos meses de verano complicados.

Las consecuencias concretas de la decisión argelina de suspender el Tratado de Amistad y Buena Vecindad son todavía impredecibles. El foco está puesto en temas como el gas, las relaciones comerciales o la cooperación en materia migratoria. Los expertos consultados por este medio coinciden en resaltar el error diplomático que ha provocado romper el natural equilibrio entre dos países enfrentados históricamente como son Marruecos y Argelia. 

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, viajó de urgencia a Bruselas este viernes para reunirse con el comisario europeo de Comercio, Valdis Dombrovskis. Desde allí se transmitió que la decisión argelina puede violar el acuerdo de asociación con la UE. 

Desde que se conociera la noticia, el Gobierno ha intentado tranquilizar con sus declaraciones asegurando que no está en peligro el suministro de gas. Pero eso no quita que haya preocupación por la reacción de Argelia. Consideran muy "importantes y estratégicas" las relaciones bilaterales con el país árabe. Poco después del toque de Bruselas, los argelinos aseguraron que no tenían intención de cancelar las relaciones comerciales. 

Pese a ello, Sánchez pasó de puntillas sobre el tema en su comparecencia del miércoles en el Congreso. Solo una mínima vez mencionó a Argelia. Horas después, la presidencia argelina anunciaba la suspensión del mencionado tratado. Por su parte, el PP ya ha movido ficha y ha solicitado la comparecencia urgente de Sánchez para dar explicaciones. Albares acusó a los populares de "deslealtad". 

En Unidas Podemos no ocultan el malestar con el PSOE por el asunto de Argelia. Para el espacio confederal no se trata solo de las consecuencias diplomáticas y económicas que puede provocar, sino que lo que lo ha motivado ha sido precisamente el cambio de postura de Sánchez sobre el Sáhara Occidental.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, señaló directamente que "el cambio de postura con Marruecos está teniendo consecuencias clarísimas", y apuntó a que este asunto es una "discrepancia" en el seno del Ejecutivo de coalición.

"Las relaciones con Marruecos son imprescindibles, pero nuestra posición es clarísima respecto del Sáhara. Hay un vínculo emocional con el Sáhara; siempre lo hablo con el presidente y en esta materia tenemos discrepancias", desveló la vicepresidenta. 

El problema de los precios

El otro asunto que va camino de complicarle el final de año al Gobierno es el de la inflación. La desbocada evolución de los precios (que tiene su principal consecuencia en el gas y el mercado energético) es un problema que, no solo España, sino toda Europa arrastra desde mediados de 2021.

El estallido de la guerra de Ucrania lo agravó y obligó al Ejecutivo a adoptar soluciones de urgencia. De esta necesidad surgió el denominado mecanismo de ajuste de costes de producción para la reducción del precio de la electricidad en el mercado mayorista, la norma que tiene como fin poner un límite al precio del gas.

El Gobierno de coalición fía la contención de los precios a esta medida y fuentes ministeriales insisten en lo crucial que es contener la inflación por diversos motivos. El primero tiene que ver directamente con la pérdida de poder adquisitivo de las familias, y también con la gran inversión que se tendrá que acometer a la hora de actualizar las pensiones de acuerdo al IPC (una medida que está estipulada por ley y que el Ejecutivo se ha comprometido a mantener).

Pero también preocupa en la coalición la imagen que se transmite acerca de la situación económica y de la gestión del propio Ejecutivo. A pesar de que los datos de empleo (tanto en cantidad como en calidad de las contrataciones) han batido récords, y de que la economía española sigue creciendo (al menos de momento), se teme que la percepción ciudadana se corresponda con una situación de crisis económica.

Con una cesta de la compra más cara y los precios de los combustibles en cifras históricas se lastran las expectativas y la confianza de la ciudadanía, y muchos hogares sufren ya una pérdida de su poder adquisitivo. El objetivo del Gobierno era el de reducir la tasa interanual del IPC hasta el 5% o el 6% desde abril hasta el final de año, una rebaja que se fía casi por completo a la limitación del precio del gas.

Sin embargo, aunque en abril la evolución de los precios se moderó en 1,5 puntos (bajando la tasa interanual hasta el 8,3%), en mayo la inflación ha vuelto a repuntar​ en casi un punto (0,8%), dejando la tasa interanual en un 8,7%, lejos de ese objetivo del 5% o 6% a final de año.

En Moncloa, el ala socialista es consciente de esta problemática y de la importancia de los datos económicos, que consideran que será la batalla principal que disputarán Sánchez y Feijóo hasta las próximas elecciones. Los socialistas están, obviamente, preocupados con los datos de inflación. Pero, al tiempo, recuerdan que es un problema mundial y que hay muchos países europeos con datos peores.