La abogada Olba Tubau llevaba más de nueve horas de informe ante el tribunal en defensa del mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, cuando rompió a llorar. Cerraba su exposición y se emocionó al citar al ministro de Justicia Manuel Alonso Martínez: "El ciudadano de un pueblo libre no puede expiar las faltas que no son suyas ni ser víctima de la impotencia o del egoismo del Estado".

Esas palabras que Alonso Martínez incluyó en la Exposición de Motivos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 dieron pie a Tubau para pedir a la Audiencia Nacional que no cargara sobre Trapero la impotencia del Estado ante el desafío secesionista que culminó con el 1-O: "Esto es algo que los tribunales pueden evitar. Les pido que lo eviten con la sentencia absolutoria".

Toda su intervención se basó en destacar que el mayor Trapero no tuvo "ninguna voluntad de desobedecer" a la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que ordenó impedir la votación del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 porque había sido prohibido por el Constitucional.

"Si alguien de Catalunya creyó que los Mossos apoyarían el referéndum y el 'procés' es que estaba tomando sus deseos por realidades". Tajante, Tubau rechazaba este miércoles la tesis del fiscal de que el mayor estuvo "en la órbita directa" de la comisión del delito de sedición en connivencia con los líderes del 'procés' condenados por el Supremo.

"Concluso para sentencia", dijo la presidenta del tribunal, Concepción Espejel, después de que los cuatro acusados, con Trapero a la cabeza, declinasen hacer uso del derecho a la última palabra: "No, señoría. Gracias", fue la última intervención del mayor.

'Multitud alzada', dijo el fiscal

El teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, dejó claro el pasado lunes, cuando se reanudó la vista oral, que la acusación "primordial" es la de la sedición. Las defensas niegan que haya pruebas que justifiquen ninguno de los dos delitos: sedición o, en su defecto, desobediencia.

Los Mossos pusieron "negro sobre blanco" antes del referéndum del 1 de octubre de 2017 que cumplirían con las órdenes judiciales, ha incidido Tubau en su informe de conclusiones de juicio, donde también ha defendido a la intendente de Mossos Teresa Laplana.

La tesis de las defensas contrasta con la del fiscal, que resumió la actuación de los Mossos el 20 de septiembre de 2017 -cuando una multitud bloqueó un registro judicial en la consejería de Economía- y el 1-O como "una consciente dejación del orden público hasta permitir que la situación deviniera imposible y quedase en manos de una violencia tumultuaria, una multitud alzada dirigida a impedir el cumplimiento del mandato judicial".

Arremete contra Pérez de los Cobos

En cambio, Tubau sostiene que hubo un "fallo" en la actuación ante 1-O, que es responsabilidad de los tres cuerpos desplegados: policía autonómica, Policía Nacional y Guardia Civil. Los Mossos no cerraron los centros de votación en los días previos, ha incidido, como tampoco lo hicieron la Guardia Civil ni la Policía Nacional.

Fue la magistrada, Mercedes Armas, la que en el auto que ordenaba impedir el referéndum dio "trato de mando" al coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos sobre los tres cuerpos policiales. La abogada de Trapero ha destacado que el propio coronel reconoció en el juicio del Tribunal Supremo a los líderes del ‘procés’ que existía una mala relación con Trapero y que éste designó a su segundo, el comisario Ferrán López, para asistir a las reuniones de coordinación.

"No tener hábiles dotes de diplomacia no significa una conducta delictiva", resaltó la letrada respecto a su defendido, al tiempo que arremetía contra el coronel Pérez de los Cobos que ante el tribunal había hablado de "engaño torticero" y de "estafa" respecto al dispositivo de los Mossos ante el 1-O.

Tubau centró su defensa en intentar desacreditar el testimonio del coronel, sobre cuya declaración se basa en parte la acusación de la Fiscalía.

El ministerio público pide para Trapero, el exdirector de los Mossos Pere Soler y el ex secretario general de la Conselleria de Interior César Puig 10 años de prisión por sedición o, en su defecto, 60.000 euros de multa y un año y 8 meses de inhabilitación por desobediencia. Para Laplana, la Fiscalía reclama 4 años.

Tubau reprocha a la Fiscalía que no citara a declarar en este juicio a otros mandos que también estuvieron en las reuniones preparatoria, como los exjefes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en Catalunya, el teniente general Ángel Gozalo y el comisario principal Sebastián Trapote, respectivamente.

También resaltó ante el tribunal que si el coronel ya "desconfiaba de la lealtad de Trapero" durante el 1-O y  dijo que si por él fuera le habría destituido ese mismo día, por qué Pérez de los Cobos no se dirigió a la Fiscalía Superior de Catalunya, ni al TSJCat ni al Gobierno central para pedir que "alguien hiciese algo" ante la supuesta inacción de los Mossos desplegados.

Dispositivo 'hippie'

El abogado Cristóbal Martell, que defiende a Soler, tomó después el testigo de Tubau para negar "radicalmente" que el exdirector de los Mossos intentase "alinear" al cuerpo en favor de la independencia de Catalunya. El dispositivo del 1-O "podrá parecer muy hippie", pero lo que no fue es "un engaño", destacó.

Soler, incidió su abogado, no participó en la "génesis" de los documentos policiales de los Mossos, ni en las reuniones en las que Trapero y otros mandos policiales "conminaron" al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y a la cúpula del Govern a que desconvocaran el referéndum. "Me perdonará mi patrocinado, pero no estaba en el escenario, no estaba", apostilló Martell.

El abogado de Puig, Fermín Morales cerró el turno de las defensas en un alegato absolutorio a favor de su defendido y fundamentado en que "ni se comportó de manera sediciosa ni de manera desobediente" ante el Tribunal Constitucional. Su representado hizo todo lo posible para dotar de medios a los Mossos para impedir el 1-O. Sus competencias estaban centradas, sobre todo, en la gestión económica y en los planes de contingencia, destacó al tiempo que argumentaba que Puig no tenía ningún mando operativo sobre los policías.

Visto para sentencia, cinco meses después

El juicio ha quedado visto para sentencia, después de que la vista oral arrancara hace casi cinco meses. Comenzó el 20 de enero, ha tenido una treintena de sesiones y quedó interrumpida em marzo por la declaración del estado de alarma.

El pasado lunes, 15 de enero, se reanudó el juicio con medidas para evitar el contagio de la covid-19: jueces y defensores con mascarillas y distancias de seguridad, mientras los principales acusados seguían casi todas las sesiones desde Barcelona por videoconferencia. Trapero y Laplana estaban presentes este miércoles, cuando su abogada Tubau se emocionaba y pedía al tribunal que no les hiciera expiar faltas que no fueran suyas.