MADRID.- Las Cortes Generales, la institución que engloba al Congreso de los Diputados y al Senado, se ha cansado de hacer el “primo” en materia financiera. Sus actuales responsables, con una mayoría absoluta del PP, se han puesto manos a la obra para encontrar un banco que retribuya mejor la enorme cantidad acumulada en sus respectivas cuentas de remanentes, una especie de “fondos reservados” de la institución.

En estos momentos el Banco de Santander apenas retribuye con un exiguo 1%, incluso con porcentajes menores, las cuentas que almacenan cifras millonarias pertenecientes a las instituciones parlamentarias —Cortes Generales, Congreso de los Diputados y Senado, además de los organismos que dependen de la primera, el Defensor del Pueblo y la Junta Electoral Central—.

No son cantidades pequeñas o dinero a la vista. Las Cortes Generales, el Congreso de los Diputados y el Senado almacenan en estos momentos alrededor de 210 millones de euros en tres cuentas diferentes denominadas oficialmente “de remanentes”. La inmensa mayoría de los diputados y de los senadores desconocen su existencia.

La difusión pública de su existencia se inició a partir del ejercicio de 2012, pero tan solo para anotar los ingresos anuales, no para informar de la cantidad total. Los grupos parlamentarios apenas se han preocupado por estos fondos y tan solo el pasado año, tras la publicación de las primeras informaciones sobre su existencia en Público, hubo una exigencia de información por parte de la oposición, pero que no tuvieron mayor trascendencia política.

Un caso llamativo sobre la escasa retribución de estas cantidades se ha dado en el pasado ejercicio de 2014 cuando las Cortes Generales apenas recibieron 310.845,80 euros en intereses por parte del Banco de Santander mientras que sus depósitos en su particular cuenta de remanentes ascendieron a más de 66 millones de euros de forma constante.

Son, sin duda, unos verdaderos “fondos reservados” que se emplean para obras de “emergencia”

Es decir, la entidad concesionaria del servicio financiero apenas retribuyó con menos del 0,5% anual esa cantidad, un porcentaje muy inferior al que se ofrece en el mercado bancario o por depósitos en otros productos financieros seguros. Ese porcentaje es especialmente bajo si se tiene en considera que se trata de una cuenta con cantidades “estables” y que no están sometidas a un flujo de caja.

La “administración” de estas cuentas corresponde a las respectivas Mesas de las tres instituciones que se limitan poco más que a observar como crecen año tras año con el asesoramiento de un reducido equipo del cuerpo de letrados. Son, sin duda, unos verdaderos “fondos reservados” que se emplean para obras de “emergencia” como, por ejemplo, la importante ampliación realizada en el aparcamiento bajo la plaza de las Cortes y la Carrera de San Jerónimo, junto a la sede del Congreso de los Diputados.

“Es una vergüenza que ese dinero, que realmente es una caja B por cómo se maneja, apenas se retribuya con un pobre 1% de interés anual”, afirma a Público un miembro de la Mesa de las Cortes Generales integrada por las Mesas del Congreso y del Senado, un total de quince diputados y senadores presididos por Jesús Posada.

Esta apreciación es generalizada. Por esa razón la Mesa de las Cortes Generales, reunidas el pasado martes –entre otras razones para certificar que en 2014 la cuenta de remanentes de esta institución “engordó” casi 2,5 millones de euros netos– se ha conjurado para exigir en un futuro inmediato una mayor retribución por esos depósitos. Se trata de una decisión firme que se toma, precisamente, en la recta final de la actual legislatura.

El plazo para ejecutar esa decisión, según las fuentes de la dirección parlamentaria consultadas por Público, es inmediato: para finales del mes de agosto próximo debe resolverse el nuevo concurso público, esta vez “con publicidad”, según las mismas fuentes, ya que es cuando caduca la vigencia del actual convenio suscrito con el Banco de Santander. La entidad que preside Ana Patricia Botín ganó el concurso convocado en 2009 la prestar los servicios financieros de las instituciones parlamentarias que anteriormente estuvo en manos del BBVA.

El Senado, por su parte suma en su fondo más de 50,5 millones de euros tras recibir 4 millones el pasado ejercicio

Una de las condiciones más exigentes para la concesión de los servicios financieros de las Cortes Generales, el Congreso de los Diputados y del Senado será, precisamente, un aumento sustancial de la remuneración de estos “fondos reservados”. “Hay que exigir una mayor responsabilidad social a las entidades que opten a prestar este tipo de servicio. Ahora es muy pobre”, explica otra fuente de la Mesa de las Cortes consultada por este diario.

Actualmente, las Cortes Generales almacenan casi 67 millones de euros en su propia cuenta de remanentes tras aumentarla en casi 2,5 millones en el pasado ejercicio. El Senado, por su parte suma en su particular fondo más de 50,5 millones de euros tras recibir 4 millones correspondientes al pasado ejercicio. Finalmente, la cuenta del Congreso de los Diputados acumula prácticamente en torno a 90, una cantidad que en el pasado ejercicio aumentó en casi 7 millones de euros. Son casi 210 millones en total. Las aportaciones anuales han sido constantes e importantes durante los últimos años, en plena crisis económica.

Se da la circunstancia de que estas cantidades representan un ratio muy elevado respecto a los propios presupuestos anuales de cada una de las instituciones. En términos generales, la cuenta de remanentes que tiene el Senado supuso prácticamente el presupuesto aprobado para el ejercicio de 2014, que fue de 51,2 millones de euros.

Una situación similar cabe aplicar respecto al Congreso de los Diputados cuyo fondo de remanentes hubiera servido para cubrir todo el presupuesto del pasado ejercicio, que se elevó a 84 millones de euros. En el caso de las Cortes Generales sus remanentes hubieran cubierto de sobra su presupuesto, de 51,2 millones, y habría sobrado una cantidad para abordar una buena parte del presupuesto vigente.

Estos particulares “fondos reservados” tienen su explicación formal en la autonomía presupuestaria que fija la Constitución, en su artículo 72.1, para la institución parlamentaria. En función de ese criterio no debe devolver al Tesoro Público la parte del presupuesto no ejecutado, como ocurre con cualquier otro estamento de la Administración General del Estado. Por el contrario, no tiene capacidad de endeudarse como sí ocurre con otras instancias públicas.