El recurso del Gobierno ante el Tribunal Constitucional del decreto andaluz antidesahucios se está dejando notar cuando apenas ha transcurrido una semana desde que lo anunciara la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría.

Según la consejera de Fomento y Vivienda de Andalucía, Elena Cortés, el anuncio de recurso de constitucionalidad 'ya está ocasionando perjuicios', puesto que 'hay afectados que nos cuentan que su posición ante las entidades financieras es de mayor debilidad desde el anuncio del recurso, y que ello redunda en la actitud de la entidad financiera'.

Los bancos vuelven a sacar pecho desde que han conocido que el decreto puede ser considerado inconstitucional y, por lo tanto, suspendido cautelarmente. 'Con el Decreto en funcionamiento, el banco se lo piensa más antes de forzar un desahucio, porque sabe que se expone a una sanción por tener la vivienda vacía. Ahora los bancos tienen una perspectiva de recurso que refuerza de nuevo su predominio.El Gobierno hace más fuertes a los poderes financieros y especuladores y más débiles a las familias  y a los que no tienen ya casi nada', lamenta la titular de Fomento y Vivienda.

'El Gobierno hace más fuertes a los poderes financieros y especuladores y más débiles a las familias', critica 'Este decreto da poder a las familias, el recurso se lo quita', insiste Cortés, quien vuelve a reclamar al Gobierno que 'rectifique' y no presente el recurso. 'Que tomen aire, respiren, que tomen conciencia de la dignidad de sus responsabilidades, que no cedan a presiones ni a amenazas, que no sitúen ningún memorando ni ningún pacto secreto por encima de la Constitución. Que no lo recurran', ha insistido.

 A su juicio, el Ejecutivo central 'sabe perfectamente que el Decreto es constitucional, pero va a presentar el recurso para forzar su suspensión cautelar y evitar así que la ciudadanía pueda ver el desarrollo de políticas alternativas que demuestran la injusticia de las fórmulas neoliberales y demuestran que sí se pueden cambiar las cosas desde abajo'.

'Con el Decreto en funcionamiento, el banco se lo piensa más antes de forzar un desahucio. Sabe que se expone a una sanción por tener la vivienda vacía' Cortés ha señalado que el decreto 'es de amplísimo alcance' y demuestra que 'hay alternativa', y es eso 'lo que teme el PP, no la supuesta vulneración de la Constitución, que bajo ningún concepto se produce', ha afirmado después de recordar que esta medida, el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, 'se ve acompañada y reforzada por la sentencia del Tribunal de Luxemburgo y, desde abril, por el Decreto para Asegurar la Función Social de la Vivienda, que responde a esta realidad'.

'Hay 700.000 viviendas vacías en Andalucía', donde desde 2007 'se han producido más de 80.000 desahucios', y que 'hay poco más del 16% de alquiler, la mitad que en Europa', critica.

Para hacer frente a esta dramática realidad, la Junta recurrió a las sanciones económicas para entidades e inmobiliarias que no sacaran al alquiler sus inmuebles vacíos. 'Respondemos con el decreto, que establece sanciones de hasta 9.000 euros a bancos e inmobiliarias por tener viviendas vacías; la obligatoriedad de los bancos de cumplir con la función social de las viviendas protegidas de sus balances, ya que lo contrario puede suponerles sanciones de hasta 120.000 euros; incentivos a particulares que tengan viviendas vacías; y la expropiación del uso de viviendas para evitar desahucios de las familias que ya no tienen nada salvo su techo'. 'No vamos a dar ni un paso atrás' ha advertido al Gobierno que, según ella, lo ha recurrido 'cuando ve que funciona y es efectivo'.

'Estamos inspeccionando el parque de vivienda para detectar las vacías e imponer sanciones a las personas jurídicas propietarias, si procede', ha dicho, y 'recabando los datos de VPO (Vivienda de Protección Oficial) de los balances de los bancos, cosa que increíblemente no se había hecho hasta ahora, como increíblemente no había un censo de viviendas vacías'.

'Lo que le preocupa al Gobierno es proteger el interés de las entidades financieras', dice

'El recurso es un abuso de las herramientas institucionales al alcance del Gobierno para bloquear por las bravas una iniciativa que da respuesta a las víctimas de la crisis y prueba que hay alternativa a los dictados de la Troika y de la élite financiera', incide Cortés, toda vez que afirma que la suspensión 'podría incluso prolongarse hasta que haya sentencia', por lo que 'aunque el Tribunal acabe estableciendo su constitucionalidad, cosa que estamos convencidos de que ocurrirá, ¿dónde estarán entonces las familias que ahora, hoy, están amenazadas de desahucio y a las que el Gobierno les niega una oportunidad?', se pregunta.

'El decreto es plenamente constitucional. La función social de la propiedad  está recogida en el artículo 33 de la Constitución y avalada por la sentencia del Constitucional sobre la reforma agraria de 1987. Diversas sentencias del Constitucional y del Supremo avalan al decreto. Al Gobierno no le preocupan su constitucionalidad ni el derecho a la propiedad, que no se ven en absoluto amenazados. Las administraciones ya expropian para metros, carreteras, campos de golf, y el Gobierno no dice nada. Lo que le preocupa es proteger el interés de las entidades financieras, regadas con dinero público sin contrapartida alguna, y evitar que la ciudadanía visualice con claridad que hay otras políticas posibles', concluye.