Más de un escándalo al mes. Ese es el promedio que acumulan el Gobierno y el PP desde que Mariano Rajoy fue investido el pasado 29 de octubre. Desde entonces  han pasado ocho meses y más de una decena de polémicas, bien nuevas -algunas relacionadas con la corrupción-, bien por la resolución de causas pasadas. 

¿La última? La dimisión del fiscal anticorrupción, Manuel Moix, apresurada tras conocerse que posee una sociedad offshore en el paraíso fiscal de Panamá. A ésta se suman otras cuestiones como la propia citación del jefe del Ejecutivo para declarar ante el tribunal, la dimisión del expresidente de Murcia imputado en el caso Auditorio y la Operación Púnica, el informe de la UCO por el que Cristina Cifuentes tendrá que dar explicaciones este viernes en la Asamblea de Madrid o la Operación Lezo que se ha saldado con el expresidente de la Comunidad de Madrid encarcelado, entre otras muchas. Público resume algunas de ellas:

La dimisión de Moix

La Fiscalía es la institución más cuestionada en los últimos tiempos. Primero, porque se conocieron las presuntas injerencias de la misma para intentar evitar la imputación del expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez en la Operación Púnica. Poco después, sufrió las mismas acusaciones en relación al expresidente de La Rioja -y del PP territorial- y vicepresidente del Senado, Pedro Sanz, y su chalé construido presuntamente en terrenos ilegales. 

Ahora ha sido la Operación Lezo la que ha puesto en duda la credibilidad tanto de la Fiscalía Anticorrupción como de la Fiscalía General del Estado. Por un lado, por las informaciones que revelan presuntos chivatazos a Ignacio González que le habrían advertido de que estaba siendo investigado. Unos rumores que también salpican al ministro de Justicia, Rafael Catalá, a quien el expresidente madrileño llama cordialmente "Rafa". Asimismo, ciertas informaciones apuntan a las posibles injerencias en el caso para entorpecer la investigación.

Por otro, porque en las grabaciones entre González y el exministro de Aznar Eduardo Zaplana se pone de manifiesto que ambos conocían el nombramiento de Manuel Moix meses antes de que se produjera. Además, ambos aplaudían su perfil por ser éste cercano al PP. 

Ahora, además, el diario Infolibre desveló que Moix posee una sociedad offshore en el paraíso fiscal de Panamá. Estas informaciones precipitaron su salida de la Fiscalía, no sin haber dejado de recibir el apoyo de los conservadores y de su superior, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza. Por este motivo, la oposición ha pedido también su dimisión y, algunas formaciones, incluso, la de Catalá. Los tres han sido ya reprobados en el Congreso y tanto Maza como Catalá deberán volver a comparecer en la Cámara baja por este asunto.

El exfiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, en una imagen de archivo.

Rajoy, testigo de Gürtel y la moción de censura

El 26 de julio, como él quería, pero en persona y no por videoconferencia. Así será la declaración del propio Mariano Rajoy ante el tribunal del caso Gürtel. Los jueces le han llamado -el pasado 18 de abril- para que comparezca como testigo en la pieza que hace referencia a la presunta financiación irregular de las campañas electorales de Pozuelo y Majadahonda -ambos, municipios de Madrid- en 2003.

En el PP siempre han defendido que su presidente no tenía entonces cargos de responsabilidad en el partido y aseguran que no tiene "nada que ocultar" pero tampoco "nada que aportar". Los jueces, en cambio, decidieron llamar a su líder, precisamente, por la falta de colaboración del partido que, pese a estar imputado a título lucrativo, llegó incluso a pedir la anulación del caso.

Apenas diez días después de la decisión del tribunal, Unidos Podemos decidió presentar una moción de censura que se debatirá en el Congreso de los Diputados el próximo 13 de junio. ¿El motivo? "La corrupción del PP es un virus", resumió Pablo Iglesias el día del anuncio.

La dimisión de Pedro Antonio Sánchez

Las sombras de corrupción planearon sobre Pedro Antonio Sánchez mucho antes de que ganara las elecciones en Murcia. Ya investido presidente y tras casi un par de años al frente del Ejecutivo, el tribunal del caso Auditorio decidió imputarle. Él no se marchó, pese a que había firmado un pacto con Ciudadanos en el que se comprometía a hacerlo. 

Pese a ello, tuvo todo el apoyo del PP que una y otra vez salió a defender la "presunción de inocencia" y se mostró convencido de que dicha imputación quedaría en agua de borrajas. Sin embargo, la oposición murciana -PSOE, Podemos y Cs- presentó una moción de censura en su contra que ni siquiera llegó a celebrarse. 

No hizo falta. Tan sólo un día antes de que se debatiera en la Asamblea regional dicha propuesta de los socialistas, Pedro Antonio Sánchez se fue antes de que Génova le echara. La causa de su final fue que al caso Auditorio se unió la petición del juez Velasco para que el Tribunal Superior de Justicia de Murcia le imputara también en el marco de la Operación Púnica.

Ahora ya ha sido formalmete imputado también por esta causa y, aunque sigue manteniendo su escaño en el Parlamento regional y dirigiendo al PP territorial, tiene sucesor al frente del Gobierno autonómico: Fernando López Miras fue investido el 29 de abril. 

El expresidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez (c); su sucesor, Fernando López Miras (i), y  el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo (d) en una imagen de archivo. EFE

Cristina Cifuentes y los contratos de la Asamblea

Como con Pedro Antonio Sánchez, el PP y el Gobierno han repetido estrategia en la causa que afecta a Cristina Cifuentes y le han mostrado su apoyo "absoluto". La presidenta de la Comunidad de Madrid tendrá que declarar este mismo viernes ante la comisión de investigación de corrupción de la Asamblea por los polémicos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que revelan sus sospechas de una posible prevaricación cometida por la también líder del PP madrileño.

El origen de la investigación policial se encuentra en un contrato que la Asamblea dio al grupo Cantoblanco de Arturo Fernández -expresidente de la CEIM y donante del PP- para que cubriera el servicio de restauración de dicha institución. En dicha operación existen, presuntamente, una serie de arbitrariedades cometidas por el comité de expertos del que Cifuentes era miembro, así como por la mesa de la contratación de la Asamblea de la que Cifuentes no sólo era miembro, sino que también la presidía.

Ella, por su parte, siempre se ha justificado alegando que no maniobró para dar prioridad al grupo Cantoblanco sino que, simplemente, se limitó a apoyar la propuesta hecha por los técnicos de la Cámara autonómica. Asimismo, insiste en que no hay ninguna causa abierta contra ella, dado que se trata de un informe policial -incluido en la Operación Púnica- y no de una investigación llevada a cabo por jueces ni fiscales.

Por otro lado, muchos de sus diputados han tenido que dimitir tras verse salpicados por diversas causas y en cumplimiento, también, del pacto PP-Ciudadanos en Madrid. La última en hacerlo fue Josefa Aguado, investigada por posibles delitos de prevaricación, fraude y malversación en relación con la adjudicación de un contrato en Arganda del Rey.

La imputación de Dancausa

Precisamente la sucesora de Cifuentes al frente de la Delegación del Gobierno en Madrid también ha sido imputada. El Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid decidió investigarla junto a otros 15 exmiembros del Consejo de Administración de Mercamadrid por un presunto delito societario cuando Concepción Dancausa era todavía concejala del Ayuntamiento de Madrid.

Entre los afectados se encuentra también el hermano de Ignacio González, Pablo González, encarcelado por la Operación Lezo, y quien fue teniente de alcalde en la época de Ana Botella, José Enrique Núñez. Todos ellos firmaron un ruinoso contrato en 2013 con el que cedían unos terrenos municipales por los que, en lugar de cobrar, acabaron pagando al beneficiario de los mismos.

Una vez más, el PP decidió no hacer nada al respecto, motivo por el que Dancausa sigue al frente de dicha institución. Esta vez, además, contó con el apoyo de sus socios de Ciudadanos, que alegan que no se trata de un delito de corrupción como excusa para no exigir a los conservadores que cumplan con su pacto. 

Ignacio González, a la cárcel; Aguirre, a su casa

La Operación Lezo se ha llevado por delante a dos grandes pesos pesados del PP: Esperanza Aguirre y quien en su día había sido su mano derecha Ignacio González. 

El desvío de fondos millonarios a través del Canal de Isabel II ha sido el principal motivo de la detención y encarcelamiento del expresidente madrileño, a quien se le atribuyen presuntos delitos de prevaricación, organización criminal, malversación, cohecho, blanqueo, fraude, falsificación documental y corrupción en los negocios por extraer dinero público en beneficio propio de su red. 

Los coletazos del caso, las grabaciones, escuchas y demás filtraciones que están conociendo en las últimas semanas han llegado a salpicar a otros muchos miembros del PP:  desde el exministro de Aznar Eduardo Zaplana al exministro de Rajoy Alberto Ruiz-Gallardón. Ninguno de ellos está, no obstante, imputado por causa alguna. 

Tampoco lo está Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid en la época en la que se cometió el saqueo del Canal. Aun así, la lideresa decidió dimitir al asumir, dijo, su responsabilidad 'in vigilando'. Con ello, ya no tiene cargo alguno en la vida pública: tras sus dos anteriores dimisiones al frente del Gobierno regional y del PP territorial, esta vez abandonó también el Ayuntamiento de Madrid. 

El caso, además, ha salpicado también al citado anteriormente exfiscal anticorrupción, al ministro de Justicia e, incluso, al número dos de Interior. El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, se reunió con el también encarcelado hermano de González, Pablo González, después de que éste supiera que estaban siendo investigados por la Guardia Civil.

Esperanza Aguirre, durante la comparecencia en la que anuncia su dimisión. EFE/Kiko Huesca

Correa, Crespo y 'el Bigotes', a prisión

Una de las causas pasadas que se cerró ya en esta etapa del Gobierno de Rajoy es la referente al encarcelamiento de los cabecillas de la Gürtel Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, 'El Bigotes', por la adjudicación de contratos para la feria de turismo Fitur.

Condenados a 12 y 13 años de prisión justo el día en que el PP celebraba su Congreso nacional, el 10 de febrero, la corrupción se coló en el mismo, aunque no sirvió para mucho. En la cita de los conservadores, la secretaria general, María Dolores de Cospedal, aprovechó para defender la presunción de inocencia y el partido mantuvo en sus (poco) renovados Estatutos la apertura de juicio oral como causa de expulsión de un afiliado. 

Fernández Díaz y Catalá: dos ministros reprobados

Rajoy no cambia "lo que funciona" y, por ello, mantiene a su equipo hasta el final, les pase lo que les pase. Así lo hizo con el exministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, que fue reprobado en el Congreso por el caso de las escuchas que desveló este diario, y, aunque fue uno de los pocos que no renovó en su equipo tras ser investido, sigue como diputado de las Cortes.

Es más, el escándalo llegó cuando el PP intentó buscarle una salida digna y le propuso como presidente de la Comisión de Exteriores, un cargo que supondría una extra a sus ingresos. Finalmente, la oposición consiguió evitarlo. Es Pilar Rojo (PP) quien se alzó con dicho puesto.

Más recientemente fue el ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien también obtuvo la reprobación de toda la oposición en el Congreso. Ocurrió nada más conocerse la Operación Lezo y las sospechas de que un miembro del Gobierno podría haber avisado a Ignacio González de que estaba siendo investigado. Ahora el PSOE ha pedido de nuevo su comparecencia en la Cámara baja para que ofrezca explicaciones sobre el caso de Moix. 

El exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, durante un pleno del Congreso. Archivo EFE

El piso del director de la DGT

Otro de los fuegos que ha tenido que apagar el Ejecutivo de Rajoy hace referencia al director de la Dirección General de Tráfico (DGT). En esta ocasión fue una exclusiva de La Sexta la que destapó la cesión de un piso de la Guardia Civil a Gregorio Serrano. La operación incluía una cuantiosa reforma y, al parecer, se trataba de una adjudicación "a dedo" que se había tramitado de forma irregular.

Tanto Serrano como el ministro de Interior de quien depende la DGT, José Ignacio Zoido, tuvieron que dar explicaciones al respecto en el Congreso. ¿Su excusa? "No hubo ninguna irregularidad". Y ahí se zanjó la cuestión.

Vista de la declaración de la exministra de Sanidad Ana Mato a través de un monitor de la sala de prensa de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares. EFE/Fernando Villar

Otros escándalos de Gobierno y PP

A todos estos escándalos se suman otros que, como en el caso del encarcelamiento de Correa, Crespo y el Bigotes, hacen referencia a causas pasadas que volvieron a tener repercusión en el presente.

En este bloque entrarían la declaración de la exministra de Sanidad Ana Mato como partícipe a título lucrativo en el caso Gürtel -el 13 de febrero-; la querella de Anticorrupción contra el despacho que fundó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro; la rectificación de Cospedal -que también acudió al Congreso- con las víctimas del accidente del Yak-42 tras un demoledor informe del Consejo de Estado al respecto; la vuelta de Trillo a dicha institución tras ser relevado de su puesto en la embajada de Londres; o incluso la muerte de Rita Barberá, a quien el PP expulsó de sus filas después de que el Tribunal Supremo le abriera una causa en el marco del caso Taula pero luego la usó como excusa incluso para arremeter contra los 'juicios mediáticos' y ablandarse con la corrupción.