"Sólo dos de los 500 cargos en mis 33 años de vida política, me han salido rana. Sólo dos". En el mundo paralelo de Esperanza Aguirre sólo había dos ranas en el año 2014, cuando compareció ante la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid sobre la trama Púnica. Eran Francisco Granados, su ex número tres, y Alberto López Viejo, su consejero condenado por el caso Gürtel.

En ese mundo paralelo de Aguirre, ella era incluso la primera en destapar el caso de corrupción Gürtel. Pero, a cada caso de corrupción, saltaba una rana, hasta alcanzar a más de una docena de batracios imputados entre consejeros y altos cargos de sus gobiernos, todos ellos implicados en distintas tramas de uso irregular del dinero público.

Gürtel, Púnica, Campus de la Justicia... Las investigaciones judiciales han ido cercando a la financiación ilegal del PP, al tiempo que iban cayendo ranas imputadas por distintos procedimientos.

Ahora, el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha ido más allá. A su juicio, la expresidenta de la Comunidad de Madrid era la "supervisora última" del charco de ranas.

Así se desprende del auto conocido este lunes por el que accede a imputar a Aguirre tal y como lo pedía la Fiscalía Anticorrupción. Precisamente, fue en relación a esta trama Púnica cuando profirió, con el desparpajo que la caracteriza, la célebre frase sobre las ranas para referirse a lo que el común de los mortales tilda de corrupción.

El magistrado explica que Aguirre debe ser investigada por "fraguar" un plan para desviar dinero público al PP de Madrid desde el año 2004 dentro del caso Púnica.

De hecho, atribuye a Aguirre "un papel decisivo y esencial" en la toma de decisiones sobre la financiación del PP a los que fueran sus más estrechos colaboradores y ahora ranas: el expresidente madrileño Ignacio González, el propio Granados y el exgerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez. Los tres también figuran como imputados en el caso.

Ella era "la supervisora última" de sus consejeros de confianza. Con un desvío continuo de contratos de las consejerías de Transportes y de Presidencia a través de partidas de publicidad licitadas, de subvenciones públicas concedidas a la fundación Fundescam, y de las contrataciones de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM) y el Canal de Isabel II.

La supervisora del charco autorizó, presuntamente, al gerente del PP madrileño "a desarrollar una continuada dinámica de falsedad electoral en la presentación de las contabilidades ante la Cámara de Cuentas de Madrid por las campañas autonómicas 2007 y 2011 y ante el Tribunal de Cuentas por la campaña a las elecciones generales del 2008".

Cifuentes, sin batracios pero con el mismo desparpajo

Más mundos paralelos. Su sucesora Cristina Cifuentes ha seguido una estrategia similar a la de Aguirre, pero sin mentar a las ranas.

Tras conocerse la petición de imputarla, formulada por la Fiscalía en agosto, Cifuentes recurrió al expresidente estadounidense George Washington y colgó esta frase en Instagram: "La verdad prevalecerá, para traer luz donde haya pesares".

Cifuentes aseguró a sus seguidores que está pagando "no bailar al son que algunos marcaban", estar sufriendo por "haber levantado determinadas alfombras" -en referencia a la lucha contra la corrupción en su propio partido-, e incluso denunció la "cobardía de algunos" integrantes de su formación, "por los que tanto hice". "Sin duda la verdad se sabrá, aunque ya nada va a compensar el sufrimiento provocado", agregó.

Esta línea defensiva es similar también a la que empleó ante la publicación de las irregularidades de su máster universitario, cursado en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid. Cuando Eldiario.es dio a conocer el caso, Cifuentes, hoy procesada por un supuesto delito de falsedad en documento público, negó la mayor e insistió en haber superado su máster, sirviéndose incluso de un documento falsificado para apuntalar su versión.

Eso, por no hablar de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, sobre su participación en mesas de contratación de la Asamblea de Madrid, supuestamente amañadas. Los agentes reclamaron investigarla por los presuntos delitos de prevaricación y cohecho en adjudicaciones del servicio de cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea al empresario Arturo Fernández, donante del PP, en los años 2009 y 2011. De nuevo, Cifuentes negó la mayor y se refirió a estos informes como una "relación de juicios de valor sin fundamento jurídico".

Sin embargo, la Justicia ha vuelto a llevarle la contraria: el juez García Castellón le ha citado como investigada al considerar que benefició a Fernández mediante el amaño de la adjudicación de esos contratos, a cambio de sus aportaciones a las arcas del PP de Madrid.

Precisamente, el auto dado a conocer este lunes, sostiene que uno de los métodos utilizados por el PP de la Comunidad de Madrid para obtener financiación de forma irregular fue el uso de la Fundación Fundescam para canalizar las donaciones que realizaron determinados empresarios y la Confederación de Empresarios Madrileños (CEIM).

Según el juez, Fernández habría realizado dos donaciones de 160.000 euros en 2007, año en el que Cifuentes era patrona de Fundescam y también miembro del comité regional de campaña del PP, para costear "de manera encubierta gastos electorales". A cambio, habría recibido tres adjudicaciones para gestionar los servicios de catering de la Asamblea de Madrid, allí donde Aguirre citó a sus dos ranas.

Y puestos a crear mundos paralelos, el otrora poderoso empresario madrileño sostuvo ante el juez sin tapujos que su relación con Cifuentes era "protocolaria" y que no sabía que el dinero iba a sufragar campañas electorales del PP.

Campañas para las que Aguirre "ideó la búsqueda de recursos" y donde la lideresa era "la supervisora última de las sinergias entre sus consejeros de confianza, que impulsó con dicha finalidad"... La supervisora de la charca de ranas.