El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, detenido este miércoles por la Guardia Civil en una operación contra la corrupción en el Canal de Isabel II, engrosa la amplia lista de exmandatarios autonómicos que han sido investigados por la Justicia, y en algunos casos condenados.

Jaume Matas, Gabriel Urralburu, Juan Hormaechea o José Marco forman parte de la nómina de expresidentes condenados, mientras que en las filas de los que fueron absueltos se sitúan Francisco Camps, Demetrio Madrid y Gabriel Cañellas, entre otros.

Aunque varios expresidentes autonómicos han pasado por la cárcel para cumplir pena, González es de los pocos que han sido detenidos en el marco de una operación policial contra la corrupción, ya que en otros casos fueron citados directamente ante el juez.

Jordi Pujol Ferrusola, expresident de la Generalitat de Catalunya, es investigado por diferentes casos de corrupción. Actualmente, las causas abiertas contra él, su mujer y sus hijos han quedado agrupadas en la Audiencia Nacional, dadas las vinculaciones de estos negocios en los que el propio juez instructor, José de la Mata, habla de que en esta familia funcionaba con "un patrón de comportamiento reiterado durante años que apuntan elementos básicos de una organización" criminal, con coordinación de actividades y distribución de roles.

Fue detenido también, por ejemplo el expresidente de la Generalitat valenciana entre 2002 y 2003 José Luis Olivas (PP), aunque lo fue en una causa en la que se le investigaba como presidente de Bancaja.

Olivas fue condenado por un juzgado valenciano por falsedad y delito contra la Hacienda Pública, y permanece aún encausado en el caso Bankia y las operaciones de Bancaja en el Caribe mexicano.

En la actualidad, están pendientes de juicio los ex jefes del Ejecutivo andaluz Manuel Chaves y José Antonio Griñán (PSOE), por el caso de los ERE fraudulentos, procesado el primero por prevaricación y el segundo por malversación y prevaricación.

Sin embargo, el caso más destacado de las últimas semanas ha sido el del expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez (PP), que dimitió a principios de este mes antes de que se debatiera en el parlamento regional una moción de censura presentada contra él.

Sánchez está investigado por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) en el caso Auditorio, que investiga supuestos delitos de prevaricación continuada, fraude, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos cuando el presidente regional era alcalde de la localidad de Puerto Lumbreras.

Además, el juez Eloy Velasco le ha acusado de los delitos de cohecho, fraude y revelación de información por su presunta participación en la trama Púnica en Murcia.

Jaume Matas se lleva 'la Palma'

Quien más juicios tiene pendientes, no obstante, es el balear Jaume Matas (PP), ya juzgado y condenado por otras causas y que incluso ha cumplido condena en la cárcel de Segovia.

Matas ha sido hasta ahora el último presidente autonómico condenado por corrupción, tras ser sentenciado en el 2012 en una de las 26 piezas en las que se dividió el caso Palma Arena (ya estuvo en la cárcel por este caso) y, recientemente, por el caso Nóos.

También fueron condenados a penas de prisión el ex presidente de Navarra Gabriel Urralburu (PSOE), por sendos delitos de cohecho continuado y contra la Hacienda Foral, y el ex jefe del Ejecutivo de Cantabria Juan Hormaechea (regionalista y PP), por malversación de caudales públicos, aunque no llegó a ingresar en la cárcel porque fue indultado.

El socialista José Marco, que presidió Aragón entre 1993 y 1995, fue condenado en 1995 por malversación de caudales y falsedad en documento público y, después, en 1999, en un caso de espionaje a políticos, si bien por esta última causa no tuvo que ingresar en la cárcel.

Javier Otano (PSOE), presidente de Navarra entre 1995-1996, fue acusado de encubrir un delito cohecho, pero la Audiencia Provincial lo declaró prescrito en el año 2004.

El exlehendakari Juan José Ibarretxe (PNV) declaró como imputado en enero de 2007 por reunirse con representantes de Batasuna, pero el caso fue sobreseído por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en sentencia luego confirmada por el Tribunal Supremo.

Y Carlos Collado (PSOE), presidente de Murcia de 1984 a 1993, dimitió por supuestas irregularidades de fondos públicos por el caso Casa Grande, del que finalmente fue absuelto por el Tribunal de Cuentas en 1997.

Hay otros tres casos en los que mandatarios autonómicos fueron juzgados y absueltos: Demetrio Madrid (PSOE), presidente de Castilla y León entre 1983 y 1986; Gabriel Cañellas (PP), presidente de Baleares (1983-1995), y Francisco Camps (PP), presidente valenciano entre 2003 y 2011.