La prohibición de cortar luz, gas y agua a los consumidores más vulnerables quedará fuera de la extensión del escudo social que el Gobierno quiere aprobar este martes en el Consejo de Ministros. Como avanzó Público, el Ejecutivo de coalición extenderá la prohibición de desahuciar y otras dos medidas hasta el 31 de enero, haciendo coincidir los tiempos de prórroga de este paquete de protección social con la prórroga de los ERTE.

La suspensión del corte de suministros fue aprobada en Consejo de Ministros el 17 de marzo, dos días después de que entrara en vigor la declaración del estado de alarma, y dejará de aplicarse a partir del 1 de octubre. Sólo entre marzo y mayo se beneficiaron de esta medida cerca de 200.000 hogares.

Las conversaciones en el seno del Gobierno sobre su posible inclusión en esta prórroga han tenido lugar hasta este martes. Fue una de las principales reivindicaciones de Unidas Podemos en esas primeras etapas de la lucha contra la pandemia del coronavirus; fue prorrogada en julio, junto con otras medidas del llamado "escudo social", y hoy desde la formación de Pablo Iglesias no esconden su decepción porque no siga vigente.

Afirman que han intentado "hasta el último momento" incluir esta medida en el real decreto que verá la luz este martes, si bien "al final no ha sido posible". No obstante, explican que sí "se ha logrado pactar una medida intermedia", que pasa por permitir el acceso al bono social eléctrico a los ciudadanos "que han quedado en situación de vulnerabilidad desde que se inició la pandemia". 

Esto hace referencia a quienes estén en situación de ERTE; quienes hayan visto reducirse su jornada; desempleados o personas que hayan perdido un determinado porcentaje de ingresos desde la llegada de la covid-19 (fundamentalmente autónomos). La idea es que quienes se encuentren "en situación de vulnerabilidad" puedan acceder al bono "de forma rápida", apuntan.

En concreto, este acceso se calculará tomando como indicador los ingresos del mes anterior a la solicitud, y no el año anterior, como está establecido hoy. "De esta manera, se podrá acceder al bono tras situaciones repentinas de pérdidas de ingresos sin tener que esperar a la declaración de la renta para poder comprobarlo", abundan. 

Una "solución intermedia" que sabe a poco

Esta "solución intermedia" -en palabras del partido de Iglesias-, llega después de varias jornadas de discusión y debate entre los representantes del PSOE y Unidas Podemos en el Gobierno sobre cómo articular esta prórroga del escudo social. El Ejecutivo, en contra lo que pretendía Unidas Podemos, tampoco incluirá la prórroga de los préstamos hipotecarios y no hipotecarios. 

Las diferencias en el Ejecutivo de coalición sobre qué medidas priorizar no cogen por sorpresa, si bien ilustran un nuevo pulso entre la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030, en manos de Iglesias, la Vicepresidencia de Asuntos Económicos y el Ministerio de Hacienda (en manos de Nadia Calviño y María Jesús Montero, respectivamente).

Con todo, el desenlace no coge por sorpresa; al arranque de septiembre, la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, ya avanzó que el Ejecutivo no preveía prolongar la prohibición de cortes en servicios esenciales, ni tampoco la renovación automática del bono social eléctrico. Pese a esto, las cifras de contagios han seguido empeorando durante este mes -en particular en Madrid-, con su correspondiente impacto en la economía, y desde el 1 de octubre volverá a ser posible cortar suministros a los hogares más vulnerables.