La Fiscalía investiga a 38 residencias por supuestos delitos penales a causa del fallecimiento de ancianos, según ha difundido este viernes la Fiscalía General del Estado.

La mayoría de las residencias investigadas por la vía penal se encuentran en la Comunidad de Madrid (19 casos abiertos), Catalunya (7), Castilla-La Mancha (5), Castilla y León (2), Región de Murcia (2), Comunidad Valenciana (al menos una residencia, aunque habría en investigación un total de tres), Canarias (1) y Cantabria (1).

La Fiscalía General del Estado que dirige la exministra de Justicia Dolores Delgado no ha aclarado los presuntos delitos que se investigan, los nombres de las residencias, ni la provincia donde se encuentran, ni el número de fallecimientos investigados.

En estas 38 residencias se investigan conductas que pueden encajar en tipos penales como el de homicidio imprudente, abandono o maltrato, si bien los delitos aún no puede concretarse porque generalmente se investigan hechos y luego se califican, informa Europa Press.

En el ámbito de la protección de los mayores, que es competencia de los fiscales, se han abierto 124 informes de seguimiento de otros tantos casos con el fin de cumplir con esa función tuitiva (defensora) de los ancianos en el ámbito Civil.

Estos 124 informes de seguimiento abordan situaciones concretas de ancianos y de residencias y han sido realizados por las fiscalías de cada provincia y elevadas a sus fiscales superiores.

Las comunidades autónomas han comenzado a contabilizar el número de ancianos fallecidos en las residencias  y que no fueron evacuados por los servicios sanitarios a los hospitales tras explotar la pandemia. A gran parte de los fallecidos tampoco se les hizo ningún test para confirmar si habían sido contagiados y habían muerto por esta causa.

Son más de 10.924 los residentes fallecidos por COVID-19 o con síntomas similares, la mayoría en Madrid, Cataluña y Castilla y León. Superan en más de la mitad el total de fallecidos notificados por el Ministerio de Sanidad y cuya estadística se centra en los casos confirmados por medio de los test, lo que en la práctica reduce la cifra a los fallecidos en los hospitales. Este criterio es conforme a lo establecido por la Organización Mundial de la Salud.