La Ley andaluza de Memoria Histórica, aprobada en el Parlamento hace poco más de un año sin ningún voto en contra, tiene un efecto irregular en Andalucía, según quién la aplique y la interpretación que le dé. En los últimos diez días, el Ayuntamiento de Córdoba ha eliminado 15 calles con nombres franquistas de su ciudad, apelando a la Ley de Memoria (la andaluza y la estatal), mientras que el Consistorio de Jaén, este mismo martes, ha aprobado el cambio de denominación de la Universidad Popular Municipal (UPM) para que lleve el nombre del alcalde franquista Ramón Calatayud. También apelando a la misma ley, pero en otro sentido.

El caso de Córdoba ha generado mucho ruido mediático, porque el grupo municipal del PP propuso someter a referéndum la decisión de cambiar el nomenclátor de la ciudad. Pero el Ayuntamiento ha rechazado la propuesta de los populares, que buscaban preservar algunas de esas avenidas, y hace unos días aprobó modificar 15 calles con nombres vinculados a la represión franquista y a la Guerra Civil, en aplicación de la Ley de Memoria Histórica. El PP, Ciudadanos y el partido independiente Unión Cordobesa (UCOR), creado por el empresario Rafael Gómez (alias ‘Sandokán’), se negaron a apoyar el cambio de nombre de cinco calles, las que consideraban más arraigadas en la sociedad cordobesa.

La Universidad Popular se llamará Ramón Calatayud

Por contra, en el Consistorio de Jaén, han sido los votos a favor del equipo de gobierno (PP) y los tres concejales no adscritos los que han permitido rebautizar la Universidad Popular con el nombre de un ex alcalde franquista, Ramón Calatayud. PSOE y Jaén en Común votaron en contra. Previamente el consejo rector de la institución ya había sometido la decisión a votación, resultando cuatro a favor de modificar el nombre y tres en contra.

La concejala de Cultura, Isabel Azañón, defendió esta iniciativa planteada por el equipo de gobierno con adhesiones de diferentes colectivos de la ciudad “que no tienen que ver con la política”, ya que también fue empresario, presidente del Real Jaén y hermano mayor en varias cofradías. “Lo único que ha conseguido la Ley de Memoria Histórica es abrir heridas, confrontación y quitar una parte de la historia que sucedió”, añadió. El portavoz municipal del PSOE, Manuel Fernández, replica: “La ley que nos hemos dado, por respeto a aquellos que tienen memoria y que el olvido no sea tan tremendo y doloroso, es que no homenajeemos a personas que tuvieron responsabilidades en esa época. Y la estamos incumpliendo”.

Tenso debate en el Ayuntamiento de Córdoba

En Córdoba el debate plenario fue más tenso la semana pasada. Los populares llegaron su propuesta para que el Consistorio organizase un referéndum que preguntara a los cordobeses si querían preservar cinco de las 15 calles ‘franquistas’. Para reforzar su iniciativa llevaron consigo las 7.000 firmas de ciudadanos que habían recogido en la calle y a través de la plataforma digital change.org. Pero PSOE, IU y Ganemos Córdoba sumaron sus votos para evitar que prosperase. El portavoz municipal del PP, José María Bellido, sostiene que las consultas populares son una herramienta habitual de los ayuntamientos “en el marco de sus competencias”, y puso como ejemplo el municipio de Villafranca, que preguntará a sus vecinos sobre la fecha de la próxima Huevada, una fiesta local. Los socialistas le afearon que comparase “huevadas con víctimas del franquismo”. La alcaldesa socialista, Isabel Ambrosio, ha dejado claro que “el Ayuntamiento de Córdoba no puede ni quiere consultar a sus vecinos si debe o no debe cumplir la ley”.

Las cinco avenidas de Córdoba que el PP quería preservar como están son la calle Cruz Conde, la avenida Conde de Vallellano, la calle Cronista Rey Díaz, la plaza de Cañero, la calle José María Pemán y la Cruz de los Caídos de la Plaza de la Constitución. Los populares sí votaron a favor de que se cambiase el nombre de las otras diez, cuya retirada salió adelante por unanimidad. El pleno municipal visualizó un enfrentamiento tenso entre las fuerzas de izquierda y de derecha: asociaciones vecinales y colectivos memorialistas asistieron al debate con pancartas a favor y en contra, y en más de una ocasión se oyeron abucheos y aplausos, según qué grupo interviniera. Una de las entidades que participó en el debate -la coordinadora de Sindicatos de Base- se plantea denunciar al subdelegado del Gobierno en Córdoba, Juan José Primo Jurado, por haber autorizado la recogida de firmas del PP para algo “que es contrario a la ley”.

Sin embargo, la votación del dictamen de la Comisión de Memoria Histórica no reflejó tantas discrepancias, puesto que finalmente salió adelante sin ningún voto contrario. Los populares defendieron su conformidad “con el 95% del contenido del dictamen”, aunque su grupo, Ciudadanos y UCOR se abstuvieron en la votación, para luego introducir sus recelos en un voto particular en referencia a las cinco calles que querían mantener con sus nombres. Donde sí hubo consenso, por ejemplo, fue en el capítulo de las exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil y la represión fascista.

Queipo de Llano en Sevilla

El debate sobre si es obligatorio o no modificar el nombre de calles y eliminar los vestigios del franquismo resulta difícil de entender, porque la Ley estatal de Memoria Histórica y su homóloga andaluza, establecen sin duda que sí es imperativo. Sin embargo, el Gobierno andaluz se ha encontrado con dificultades para que se cumpla la ley en algunas ciudades y municipios, por ejemplo en la basílica de la Macarena, en Sevilla capital, donde está enterrado el general fascista Gonzalo Queipo de Llano, declarado “genocida” por la Junta y por el propio Ayuntamiento hispalense.

La Ley andaluza de Memoria requiere de un reglamento posterior para articular la retirada de simbología franquista, y el PP de Córdoba se escuda en esto para postergar la modificación de las calles. El propio Ejecutivo de Susana Díaz no ha sido tajante sobre este asunto en lo relativo a la basílica de la Macarena, una situación más frágil porque toca de cerca a miles de cofrades de la hermandad (una de las más populares de Sevilla) y al propio Obispado de la ciudad.

Cada una de las cinco calles que quería salvar el PP (UCOR sólo defendía que no se tocasen tres) tiene su historia. La avenida José Cruz Conde data de 1928, es anterior al alzamiento militar de Franco, pero lleva el nombre de un militar fascista y ex alcalde de Córdoba que fue arrestado por las autoridades en 1932 por su participación en el fallido golpe de Estado del general José Sanjurjo contra el Gobierno de la Segunda República (la llamada Sanjurjada).

La avenida Conde de Vallellano lleva el nombre de un ministro de Obras Públicas de Franco: Fernando Suárez de Tangil, conde de Vallellano. Hay avenidas con el mismo nombre en Madrid —donde la alcaldesa, Manuela Carmena, la ha mantenido— y en Burgos, Palencia, Alicante y Tarragona, donde han sido modificadas en virtud de la Ley de Memoria. En el caso de Alicante y Palencia, gobernadas por alcaldes del PP, ambos fueron obligados a cambiarles el nombre por orden judicial, después de que una sentencia obligara al Gobierno municipal a cumplir la legislación vigente.

La plaza Cañero, que se rotuló en 1989, lleva el nombre del rejoneador y militar Antonio Cañero, al que algunos historiadores lo relacionan con la represión fascista en la llamada columna Cañero. Durante la postguerra fue concejal en el Ayuntamiento y a finales de los años 40 donó al Obispado los terrenos donde se construyó un barrio que llevó su nombre.

La calle Cronista Rey Díaz lleva el nombre de un cronista municipal de Córdoba y funcionario en el Ayuntamiento, José María Rey Díaz. Tras el alzamiento militar fascista, es nombrado presidente de la Subdelegación de Propaganda franquista. Y el escritor y periodista José María Pemán ha perdido su calle en Córdoba -también un teatro en Cádiz lleva su nombre- por ser uno de los ideólogos de la dictadura de Primo de Rivera, posteriormente apasionado defensor de los golpistas de Franco, y propagandista del régimen fascista.