VALENCIA.- El Juzgado de Instrucción número 1 de Sagunto (Valencia) ha dejado en libertad con cargos al empresario y presidente de Avialsa, Vicente Huerta, y a otro arrestado en la investigación abierta por supuestos favores del ya exdelegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana y exconseller de Gobernación y Justicia, Serafín Castellano, a una empresa contratista, con cuyo presidente coincidió en cacerías. No obstante, en la causa se investigan también actuaciones urbanísticas y otros contratos más allá de Avialsa.

Este sábado han pasado a disposición judicial dos de los nueve arrestados que quedaban pendientes de pasar por el juzgado en este procedimiento -Huerta y otra persona-, así como otra persona imputada que cumple condena por otra causa distinta en la cárcel de Soto del Real.

Tras ello, la jueza ha dejado a los dos arrestados en libertad provisional con cargos, les ha retirado el pasaporte y les ha prohibido salir del territorio nacional. El imputado ha regresado a la cárcel de Soto del Real, y ante un posible tercer grado, se le han impuesto las mismas medidas cautelares.

El único detenido que ha querido declarar ante la jueza ha sido Vicente Huerta, puesto que el resto, entre ellos, Serafín Castellano, quien pasó el viernes a disposición judicial, se han acogido a su derecho a no declarar. Huerta, al parecer, se ha defendido de las acusaciones que pesan contra él, según fuentes conocedoras de la causa. Su letrado ha asegurado que este caso surge a raíz de una "venganza" del exgerente de Avialsa, Francisco Alandí, contra el que hay interpuesta una querella por un delito continuado de estafa.

A todos los imputados en este procedimiento se les ha fijado por tanto las mismas medidas: libertad provisional, retirada de pasaporte, prohibición de salir del país y comparecencias judiciales cuando sean requeridos.

A los detenidos se les atribuye, en distintos grados, los delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, delito contra la hacienda pública, falsedad documental, prevaricación y blanqueo, según han concretado fuentes del tribunal valenciano.

¿Venganza del exgerente?

La causa se origina a raíz de una denuncia interpuesta por el exgerente de Avialsa, Francisco Alandí, en 2013, donde aludía a supuestas facturas falsas y a cacerías con altos cargos del Gobierno valenciano. La investigación fue encabezada por la Fiscalía Anticorrupción.

A su salida del juzgado, el empresario Vicente Huerta ha declarado que todo responde a una venganza de Francisco Alandín, quien fue gerente de la empresa durante 18 años y salió en diciembre de 2012.

Desde esta versión, la empresa se querelló en junio de 2013 contra su exgerente por un delito continuado de estafa, al descubrir que se había lucrado con dinero de la empresa, que utilizó para reformar su chalet o para gastos personales.

Huerta es, por el momento, el único de los detenidos que ha contestado a las preguntas de la juez de Sagunto y del fiscal anticorrupción de Valencia, ya que los siete detenidos ayer, entre ellos Castellano, se negaron a prestar declaración.

Según las mismas fuentes, la querella de Avialsa contra Alandí se tramita en el juzgado de instrucción número 2 de Sagunto, que en un auto del pasado 5 de mayo requería a Alandi para que depositara 500.000 euros de fianza para hacer frente a las responsabilidades derivadas de un presunto delito de estafa agravada y apropiación indebida.

Según ha explicado el representante legal de Vicente Huerta, "Serafín Castellano es el cabeza de turco que ha usado Alandí para presionar a Avialsa, pero no hemos querido ceder nunca al chantaje y aquí estamos. Él (exgerente) acabará siendo el único imputado por unas diligencias que él mismo ha abierto por unos hechos que él solo conocía. Los regalos se los inventó".

Arresto de Castellano

Castellano fue detenido a primera hora del viernes, en su domicilio ubicado en la localidad valenciana de Benisanó, y tras siete horas de registro, fue trasladado hasta Comisaría. Por la tarde pasó a disposición judicial, en unos juzgados a los que llegó esposado, con camisa, sin gafas y abatido.

Tras apenas media hora ante la jueza, Castellano, que fue cesado como delegado tras salir a la luz la noticia de su detención y suspendido de militancia del PPCV, quedó en libertad provisional, imputado de delitos de corrupción como cohecho y malversación por adjudicar contratos públicos por valor de 33 millones de euros.

Junto a Castellano, otro de los arrestados este viernes fue el alcalde de Quartell, Francisco Huguet (PP), también empleado de Avialsa, por supuestamente haber entregado dinero al exconseller para ir de caza; y un exconcejal del PP en esta localidad, Emilio Máñez. Ambos quedaron así mismo en libertad, y a su salida del juzgado, el primer edil lamentó el daño que le habían causado a su imagen. Otro de los arrestados este viernes fue José Miguel Taroncher, quien recibió adjudicaciones de Castellano en las Consellerias de Sanidad y Gobernación.

En total, agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) practicaronel viernes un total de 13 registros, todos ellos en la provincia de Valencia. Los agentes también se personaron en el Ayuntamiento de Alfara de Algimia para recabar datos sobre un PAI posiblemente irregular.