Si algo ha demostrado Jaime Nicolás Muñiz en estos últimos siete años es determinación para que se haga justicia con su caso. Hace dos días supo que la Sala Primera del Tribunal Constitucional (TC) había admitido a trámite su recurso de amparo, en el que alega que una violación de su derecho a la integridad moral y al ejercicio de las funciones públicas (arts. 15 y 23.2 Const.) por haber sufrido acoso en el trabajo por parte de sus superiores (lo que se conoce como bossing).

Nicolás fue un alto funcionario - ya jubilado - de la administración pública. Es administrador civil del Estado y fue el primer letrado del Tribunal Constitucional (en 1980, nada más crearse). Hasta su cese, en 2012, fue el director de gabinete y mano derecha del entonces presidente del Consejo de Estado, Francisco Rubio Llorente. En ese momento es cuando empieza esta historia.

Cuando el Partido Popular llega al poder, a Nicolás le corresponde - por derecho, al haber sido su destino antes de pedir los servicios especiales - volver al Ministerio del Interior. Pero este trámite se posterga casi dos meses. “El Ministerio se hace el remolón y es, en ese momento, cuando me entero de que Fernández Díaz, por motivos personales, no me quiere ver ni en pintura”, cuenta en declaraciones a Público.

Finalmente, es destinado a la secretaría de Estado de Seguridad como vocal asesor y es asignado a la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos (GIESE). Pero cuando llega se encuentra con un escollo que nunca llega a solventar.

El alto funcionario afirma que "al que era secretario de Estado de turno, Ignacio Ulloa, le llega una orden textual: ‘A Jaime Nicolás ni agua’ y así estuve los primeros 18 meses…" Es decir, se pasó más de año y medio sin tener absolutamente nada que hacer, nunca le llegaba ninguna orden ni tarea, por muy aburrida o tediosa que fuera. 

Nicolás explica que aunque él quisiera trabajar “y lo pedí, varias veces, mediante el registro formal" - recalca - lo único que consiguió durante todo ese tiempo fue que le encargaran realizar una llamada al Consejo de Estado de cinco minutos. "Llegó el punto en el que me harté”.

Nicolás Muñiz dirigió también una denuncia al propio ministro. En el documento, al que ha tenido acceso este diario, exigía restablecer sus "derechos fundamentales violados" así como una "reparación de los daños morales y materiales y ocasionados". Se trataba de un requerimiento previo a la interposición del contencioso-administrativo en defensa de su honor, dignidad, integridad moral y derecho al trabajo y al libre e igual ejercicio de funciones. El Ministerio ignoró el plazo legal de 20 días para contestar al requerimiento.

Ignorado por la Justicia

Es en ese momento cuando emprende un periplo judicial nada fácil, en el que invierte mucho tiempo y dinero, sin ningún resultado. La última sentencia de la Audiencia Nacional (AN) - hubo dos, de las que ya informó Público - no le dio la razón por cuestiones técnicas, pero sí le reconoció como víctima de "una violencia psicológica, de forma sistemática y recurrente y durante un tiempo prolongado", en una situación en la que, además, “la víctima ocupa una posición de inferioridad respecto del agresor”. Le tildó, en definitiva, como víctima de bossing, es decir, del acoso laboral ejercido por parte de sus superiores.

Sin embargo, la investigación interna que lleva a cabo el Ministerio obvia el documento y alega que Jaime Nicolás Muñiz se llevaba bien con sus compañeros y con su jefe directo -el secretario general del GIESE, José Hurtado Quero-, y archiva su causa. Le dejaban "opinar en la cafetería" sobre los asuntos del GIESE y no parecía sufrir de "ansiedad o estrés", por lo que, en conclusión de los inspectores del departamento, el alto funcionario no sufrió acoso.

Nicolás Muñiz también lo intenta por la vía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJ), que dictamina que no sufrió acoso “aunque sin mucha fundamentación” - apunta el alto funcionario - , y de ahí se dirige al Tribunal Supremo. “El Supremo se lo quitó de encima sin ninguna motivación, simplemente me lo echaron para atrás”. Por último, en el mes de enero de este 2018, decide quemar todos los cartuchos y presenta una demanda de amparo al Tribunal Constitucional,a la que este diario ha tenido acceso, que esta vez sí es admitida a trámite.

Satisfecho con la decisión del TC

“Me parece un buen punto de partida por parte del Constitucional, y tengo confianza en que ahora puedo encontrar el amparo que el Poder Judicial me ha denegado en las cuatro ocasiones, tanto el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo, como Audiencia Nacional, el TSJ de Madrid y el Tribunal Supremo”, explica a Público.

El alto funcionario explica que mucha gente le ha dicho que lo que busca es notoriedad, pero “lo que yo quiero expresar es que fue un despilfarro tener un funcionario de nivel 30 cobrar del erario público sin hacer nada, me he sentido infrautilizado”.

Nicolás es consciente de que el Constitucional no fallará hasta 2019, como mínimo, pero se muestra muy satisfecho. “La pena es que llegará tarde por mi jubilación. Pero lo importante es que sirva para atajar otras situaciones parecidas de abuso en el ámbito público y para satisfacción moral subjetiva mía. Ya que a cualquier indemnización he renunciado desde el primer momento, salvo el euro simbólico, que el TC tampoco podrá reconocerme. Ni falta que hace”, concluye.