Más de cuatro décadas después, la Constitución es un texto prácticamente idéntico al que la ciudadanía española refrendó en consulta el 6 de enero de 1978. Este martes la Carta Magna cumple 44 años, un periodo en el que apenas ha sufrido modificaciones importantes, pese a que han tenido lugar debates de calado acerca de cuestiones fundamentales como el modelo territorial, el blindaje de los servicios públicos o la forma de Estado.

Los expertos consultados por Público achacan esta 'parálisis constitucional' a la falta de voluntad política y a la ausencia de grandes consensos sociales en la época actual. La Constitución recoge los procedimientos y pasos a seguir para su propia reforma, unas fórmulas que precisan de amplias mayorías parlamentarias para llevarse a cabo (una cuestión de voluntad política) y ser refrendadas por la ciudadanía (una cuestión de consenso social).

El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla Joaquín Urías explica que "el problema de nuestra Constitución es que no se ha actualizado, se ha quedado parada como una foto fija del año 1978, y es muy difícil que en España haya consenso para aprobar nada".

Ana Valero, profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Castilla-La Mancha, asegura que hay una "falta de voluntad política, pues los procedimientos de reforma requieren de la concurrencia, al menos, de los dos partidos políticos mayoritarios. Hay uno de ellos cuyo principal instrumento para hacer oposición política es el 'no' por respuesta. Esta es la actitud también en relación con la reforma constitucional".

En esta legislatura parecía haber un gran acuerdo político (que incluía, a priori, a PSOE y PP) para reformar la Constitución con el objetivo de eliminar del texto la palabra "disminuido" para referirse a las personas que sufren algún tipo de discapacidad. Aunque la reforma se encuentra en tramitación en el Congreso, no ha experimentado ningún avance, algo de lo que se responsabilizan mutuamente Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.

Valero explica que "podría establecerse un procedimiento menos agravado para reformar la Constitución pero esto no tendría incidencia en la voluntad política, que es el principal motivo". En este sentido, la experta recuerda que en el año 2011 el PSOE y el PP alcanzaron un acuerdo para reformar el artículo 135 y situar el pago de la deuda externa como una prioridad presupuestaria absoluta, por delante incluso de la financiación de elementos como los servicios públicos. La propuesta de reforma se hizo en pleno mes de agosto.

España y el federalismo

Una de las grandes cuestiones pendientes de resolver, que no ha tenido una solución en todos estos años, es el problema y las tensiones territoriales que se dan en el Estado. En 2018 se creó en el Congreso una subcomisión (dentro de la Comisión Constitucional) para que los grupos consensuaran una propuesta de reforma territorial a través de la modificación de la Constitución. Sin embargo, pese a que por el órgano parlamentario pasaron decenas de expertos, finalmente no hubo tal propuesta.

Era habitual que el PSOE llevara en sus programas electorales una propuesta de reforma del territorio en un sentido federal, en el que se apostaba por reforzar las competencias de las comunidades y sus atribuciones. Sin embargo, en el último programa, el de 2019, las referencias al federalismo desaparecieron.

Este elemento se recuperó en 2021, durante el 40 Congreso del partido, donde se dio luz verde a varias enmiendas que hablaban de profundizar en un sistema federal y donde se hacía mención expresa a las declaraciones de Granada y Barcelona, que mencionan la reforma constitucional para modificar el modelo territorial.

Para Urías, "el tema territorial es diferente a los demás porque la Constitución no lo resuelve. Cuando se hace en el año 78 ni siquiera configura el sistema de las autonomías, las autonomías son un invento posterior que no está en la Constitución; la Constitución preveía que algún territorio pudiera convertirse en comunidad autónoma pero no preveía que toda España fuera comunidades autónomas. El modelo territorial se ha construido a través de las sentencias del Tribunal Constitucional y a través de algún pacto, como los Pactos de La Moncloa".

En cualquier caso, el experto precisa que "en ese punto, más que en ningún otro, es donde hace falta una reforma constitucional que ponga por escrito una realidad, y es que en España hoy en día prácticamente tenemos un sistema federal. No se quiere usar la palabra, pero en la práctica tenemos un sistema federal sin Constitución, y entonces se aplica para el sistema federal lo que dice el Tribunal Constitucional, que ya sabemos que es un órgano que cambia según el color político de quien lo controle".

Valero advierte en este sentido que "la reforma constitucional no va a solucionar la falta de conciencia sobre principios básicos que nadie discute en los Estados federales: como el de solidaridad y lealtad". En el último Consejo de Ministros, el Gobierno aprobó llevar las sedes de dos instituciones estatales (la Agencia Espacial y la Agencia de Supervisión de la Inteligencia Artificial) a las ciudades de Sevilla y A Coruña, respectivamente.

Este traslado de sedes institucionales fuera de Madrid se une a otros traslados anteriores con el objetivo de "descentralizar el Estado". Para Valero, "el traslado institucional es un acto simbólico que puede contribuir a que exista una mayor conciencia de descentralización entre los ciudadanos y entre la propia clase política".

Urías advierte de que "descentralizar las sedes es una forma de construir país, pero no de vertebrar el territorio. La vertebración territorial es dar competencias a los territorios para que tomen sus propias decisiones, y el gran problema de España es que no tenemos claro qué decisiones y cuántas tienen que tomarse en las comunidades y cuáles en el Estado central". 

A su juicio, la pandemia del coronavirus demostró la importancia de la gestión por parte de las comunidades autónomas, que son las competentes en materia sanitaria: "Fue la gestión autonómica lo que sirvió para gestionar la crisis. Aquí, creo, hay una oportunidad para que la gente valore de verdad lo que son las comunidades autónomas, y eso es mucho más importante que descentralizar", concluye el experto.