El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha anunciado este 31 de enero su plan de evaluación para 2024. En este documento detalla qué organizaciones y organismos va a valorar durante este año para comprobar si cumplen o no con la ley de transparencia. El plan incluye a los partidos políticos estatales con representación en el Congreso: PSOE, PP, Vox y Sumar.

Así, este año el Consejo valorará cuánto están cumpliendo con esta ley las principales formaciones políticas. La decisión de este organismo, que se encarga de velar por el cumplimiento de la ley de transparencia, llega tras la polémica por el sobresueldo de Alberto Núñez Feijóo el año pasado.

El presidente del Partido Popular (PP) reconoció durante la precampaña electoral de las generales del 23 de julio que recibía un sobresueldo de su partido, un dinero que sumaba a su salario como senador. A pesar de admitirlo, el PP estuvo meses negándose a hacer pública la cuantía de ese extra. Feijóo llegó a desoír incluso la petición del presidente del Senado.

Debido a ese ocultamiento por parte del partido, Público interpuso una denuncia ante el Consejo de Transparencia. Este organismo comprobó que el PP no publicaba en su página web —sigue sin hacerlo a día de hoy— los sueldos de sus dirigentes y se dirigió a la formación de Feijóo. Génova no contestó a la comunicación que le había hecho llegar el Consejo.

El CTBG aseguró a Público en ese momento que no podía hacer más debido a su falta de competencias en materia de publicidad activa. La publicidad activa es la parte de la transparencia que comprende la información que organizaciones y organismos deben hacer pública por sí mismos debido a las obligaciones de la ley.

Tras esos problemas para llegar más allá el Consejo ha decidido este año incluir a los partidos políticos en su plan de evaluación. Así, comprobará si publican la distinta información a la que les obliga la ley, si la localizan y estructuran de forma correcta y si la calidad de la información es óptima.

El Consejo hace estas evaluaciones año tras año, donde valora a organismos como la Administración General del Estado, instituciones constitucionales, entidades locales u organizaciones privadas que reciben grandes cantidades de dinero de subvenciones públicas. La competencia para realizar estas evaluaciones es una función que la propia ley otorga al Consejo.

No se les evalúa desde 2018

La ley de transparencia también determina las obligaciones sobre publicidad activa que tienen las distintas organizaciones. A los partidos políticas les hace publicar, entre otras cosas, las "retribuciones percibidas anualmente" por sus "altos cargos y máximos responsables". De hecho, comprobar si las organizaciones publican los salarios de sus máximos responsables es uno de los puntos que el Consejo incluye en sus valoraciones.

Tras valorar distintos puntos de este tipo, el Consejo de Transparencia otorga una valoración numérica a cada organización sobre su cumplimiento respecto a lo que les exige la ley y les dirige unas recomendaciones —que también hace públicas— para que puedan mejorar.

Los partidos tendrán que pasar ahora por ese examen, algo que solo había sucedido en 2018. En esa evaluación, el Consejo valoró a los partidos de forma conjunta —en esta ocasión, en principio, lo hará de forma individual— y destacó que su aplicación de la ley aún era mejorable. En aquella ocasión evaluó a PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos y, entre otras conclusiones, aseguró que "un elemento común a las cuatro formaciones políticas es que no publican un organigrama del partido".

Ocultación de sobresueldos

Uno de los elementos que incluirá la nueva evaluación del Consejo es si los partidos hacen público a qué dirigentes pagan un sueldo y la cuantía del mismo. Como en el caso de Feijóo, que como ya hacían Casado o Rajoy, recibe un sobresueldo del PP.

Tras meses negándose a hacer pública la cuantía, el partido acabó filtrando a El Mundo que el extra que había pagado a Feijóo en 2022 por los nueve meses que había sido presidente era de 39.260 euros en concepto de gastos de representación. Aún así, omitieron que también cobraba un extra como jefe del grupo parlamentario del PP en el Senado. Se pudo descubrir cuando tras el 23J tuvo que presentar su declaración de bienes en el Congreso para recoger el acta de diputado. Fueron otros 31.850 euros.

De hecho, Público pudo comprobar tras analizar las declaraciones de los 350 diputados que entraron al Congreso tras el 23J que Feijóo no era el único con sobresueldo. Pasaba igual con al menos otros 12 diputados del PP y dos de Vox. Uno de ellos, el líder del partido: Santiago Abascal.

Después de ese análisis, y tras comprobar que los principales partidos políticos no aclaran en su web a qué políticos pagan un salario con dinero de la formación, Público interpuso otra denuncia por falta de publicidad activa ante el Consejo de Transparencia. En esta ocasión respecto a los principales partidos políticos —PP, PSOE, Vox y Sumar incluidos—.

El Consejo aseguró a este medio que procedía a pedir explicaciones a las formaciones el pasado mes de junio. Pero no volvió a notificar a Público nada al respecto de esa denuncia; tampoco si habían llegado a dar respuesta a la comunicación del organismo.

Ahora, los partidos deberán rendir cuentas ante el Consejo, que evaluará cuánto cumplen la ley de transparencia. Según reconoce el Consejo en el plan de este año, los ha incluido porque "en 2023 se han recibido varias denuncias por incumplimiento de las obligaciones de publicidad activa relativas a partidos políticos".

El organismo ha aclarado a este medio que las denuncias recibidas han sido dos. La relativa al dinero que el PP pagaba a Feijóo y la del mes de junio sobre los principales partidos del Congreso. Ambas fueron interpuestas por Público.

El Consejo de Transparencia está estudiando si añadir a Podemos en la evaluación después de que el partido haya roto con Sumar, según ha reconocido el organismo a Público. "Se está analizando su concreta naturaleza (partido o coalición) y, en caso de reunir las mismas características que los demás, se incluirá también entre los evaluados".

Una buena noticia según los expertos

Los expertos consultados por Público aseguran que es una buena noticia que el Consejo incluya a los partidos en la evaluación de este año. Joaquín Meseguer, secretario ejecutivo del capítulo español de la Red Académica de Gobierno Abierto Internacional, explica que "todos los partidos en mayor o menor medida tienen carencias o déficits en la publicidad de la información a que obliga la normativa de transparencia". "Ya era el momento de prestarles atención", asegura.

El experto, además, indica que este "análisis va a aportar objetividad y permitirá desdecir en buena medida las acusaciones recurrentes que unos y otros se lanzan recíprocamente sobre su supuesta falta de transparencia". Meseguer aboga porque en futuras evaluaciones se incluya también a los sindicatos. "Ni partidos ni sindicatos pueden quedar al margen de la mirada de los órganos de control ni del escrutinio público".

Miguel Ángel Blanes, doctor en Derecho y experto en transparencia, coincide con la necesidad de que el Consejo empiece a evaluar a los partidos. "Últimamente no los estaba evaluando, entre otras razones, por falta de medios. Más que necesario era obligatorio porque el Consejo es el organismo encargado de velar porque las obligaciones de la ley se cumplan y los partidos están obligados a publicar determinada información".

Eso sí, Blanes alerta de los problemas que puede encontrarse el Consejo para que los partidos dejen de incumplir algunas de sus obligaciones. "El Consejo no tiene capacidad sancionadora para multar. Así que aunque encuentre que hay partidos que, por ejemplo, no publican los salarios de sus dirigentes, el Consejo no va a poder imponer sanciones y si no se imponen, mucho me temo que los partidos podrían seguir sin cumplir".

El propio presidente del Consejo de Transparencia, José Luis Rodríguez Álvarez, reconocía en una reciente entrevista para Público que uno de los problemas del organismo es no poder actuar ante los incumplimientos y más en el caso de los partidos. "Es uno de los muchos temas que hay que discutir en la reforma de la ley: si se quiere someter con mayor claridad a los partidos políticos y a los sindicatos a regímenes de transparencia y también cuáles son las consecuencias en caso de incumplimiento. Hay que tomar una decisión porque la regulación ahora no es lo suficientemente nítida".