Tirón de orejas europeo a la política sanitaria de Isabel Díaz Ayuso. La comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, en un informe realizado con motivo de su visita a España en noviembre pasado, se ha hecho eco de las protestas de sanitarios en Madrid contra lo que consideran un desmantelamiento de la sanidad pública y de sus denuncias de que, de cada dos euros gastados por esa comunidad, uno va a al sector privado.

En ese sentido, el Consejo de Europa tilda de "insuficiente" la financiación de la atención primaria en España, que se traduce también en escasez de personal médico que tiene "preocupantes" condiciones de trabajo, que en muchos lugares están "abrumados, agotados y con contratos de corta duración".

Además, la comisaria hace hincapié en la necesidad de garantizar la salud sexual y reproductiva, así como la situación de las residencias de ancianos durante la pandemia. En su texto, la Mijatovic se muestra particularmente dura en su diagnóstico de la tragedia de Melilla y reclama cambios radicales en la gestión de la migración.

Una "larga y estructural" crisis de la vivienda

El problema de la vivienda en nuestro país tampoco le ha pasado desapercibido a la comisaria. Tal es así que ha advertido a España sobre la necesidad de hacer frente a una crisis de la vivienda "de graves proporciones".

Para ello, la receta del Consejo de Europa pasa por abordar los problemas estructurales que dificultan el acceso a una vivienda adecuada, como el bajo stock de viviendas sociales, los altos costes de alquilar o comprar una casa, los desalojos forzosos y el aumento de los niveles de personas sin hogar.

En concreto, la comisaria Mijatovic advierte de que España está atravesando una "larga y estructural" crisis de la vivienda, que ha afectado al disfrute del derecho a la vivienda de las personas, así como a muchos otros derechos, "durante décadas".

"La vivienda no debe ser tratada como un bien solo disponible para algunas personas. El acceso a una vivienda adecuada es un derecho humano central para el pleno disfrute de la mayoría de los demás derechos", defiende.

En particular, la comisaria señala "con especial preocupación" la situación en el poblado de infraviviendas de la Cañada Real Galiana (Madrid), donde recuerda que se han venido sufriendo cortes de luz desde octubre de 2020, afectando a sus alrededor de 4.500 habitantes, incluyendo unos 1.800 niños.

Respaldo a la supresión del delito de sedición

La comisaria se ha felicitado de la supresión del delito de sedición en el Código Penal español. Además, ha reclamado que se lleven a cabo enmiendas adicionales que permitan una mejor salvaguardia de la libertad de expresión en lo relativo a los insultos a la Corona y el enaltecimiento del terrorismo, entre otros.

Mijatovic señala que la aplicación de delitos como el de sedición y rebelión "ha llevado a restricciones en los derechos de libertad de expresión y asamblea de políticos y activistas catalanes".

Por otra parte, incide en que el Código Penal "contiene varios delitos cuya aplicación ha resultado en violaciones de la libertad de expresión", recordando que en los últimos años ha habido varios casos de condenas contra artistas por canciones controvertidas y contra activistas en redes sociales por declaraciones consideradas ofensivas.