Las distintas intervenciones de los miembros del Gobierno esta mañana durante la sesión de control en el Congreso de los Diputados dejan entrever que, o bien el Ejecutivo de Mariano Rajoy no es capaz de reconocer el devastador efecto social que están provocando sus políticas de austeridad, o que directamente prefiere no verlas. Por la segunda opción se decanta el Consejo de Europa, que este miércoles ha publicado un informe sobre el estado de los derechos humanos en nuestro país que deja en evidencia la gestión del PP. El documento, elaborado por el comisario de Derechos Humanos, Nils Muiznieks, después de su visita a Madrid y Sevilla el pasado mes de junio, advierte de que los recortes indiscriminados están socavando los derechos humanos.

Muiznieks hace especial hincapié en los menores y los discapacitados, aunque avisa de que 'los recortes efectuados en presupuestos sociales, educativos y de salud han conducido al preocupante incremento de la pobreza de las familias en España', por lo que según él, esos recortes 'tienen repercusiones desfavorables en el disfrute de los derechos humanos'.

El informe, además, pone en evidencia los efectos de la corrupción y evalúa el respeto de nuestras autoridades por el derecho de huelga y de expresión, criticando duramente las actuaciones policiales y la impunidad de los agentes que cometen abusos. 

'Los niños se han visto afectados de manera desproporcionada por los recortes en los presupuestos sociales, en sanidad y educación'

'El comisario está preocupado por el aumento de la pobreza infantil en España, que alcanzó en 2011 el 30,6% y potencialmente puede tener un impacto devastador en los niños y el país. Los niños se han visto afectados de manera desproporcionada por los recortes en los presupuestos sociales, en sanidad y educación al tiempo que la disminución de los subsidios a las familias está provocando que algunos niños hayan empezado a sufrir problemas de nutrición' avisa el informe.

Muiznieks hace un repaso de las ayudas que las familias han ido perdiendo desde que comenzara la crisis y va desde el famoso cheque bebé de Zapatero ─ 2.500 euros por cada nacimiento ─hasta el subsidio a las familias con menos ingresos, que ha pasado de los 500 euros a los 291 actuales. Además, recuerda que el Comité de Derechos Sociales ya avisó con anterioridad de que el nivel de ayudas a las familias en España no era acorde con las normas suscritas por los estados miembros de la Unión, que se han comprometido a hacer que se cumpla el derecho de las familias a tener una protección social, legal y económica en condiciones.

 El representante del Consejo cree que 'sería particularmente importante' que el Gobierno lleve a cabo 'un seguimiento sistemático del impacto de las medidas de austeridad', y que lo haga en colaboración con las organizaciones civiles.  Asimismo, reclama la creación de una serie de redes sociales que protejan a los más vulnerables y pide a las autoridades que 'aseguren una financiación adecuada para planes que se dirijan a combatir la pobreza infantil'.

La situación de los menores inmigrantes también ocupa las preocupaciones de Muiznieks, que advierte que España estaría violando las convenciones de la ONU en lo que se refiere al acceso a la sanidad. 'Las autoridades deben garantizar que ningún menor queda excluido del acceso a la sanidad, independientemente del estatus legal de sus padres', reza el documento.

En lo que se refiere a la educación, Muiznieks advierte de que 'los importantes recortes de los últimos tres años en materia educativa están poniendo en peligro la igualdad de oportunidades y hacen que los niños que están pasando dificultades tengan más difícil el acceso a una educación de calidad'. Por último, critica la eliminación de Educación para la Ciudadanía y reclama la reintroducción de materias sobre derechos humanos porque 'es un factor clave a la hora de crear una generación de ciudadanos activa y responsable, ciudadanos que serán la clave para una democracia sana'.

Al igual que con el efecto de los recortes en los menores y la economía de sus familias, Muiznkieks reclama al Ejecutivo que valore de forma precisa lo que están suponiendo sus recortes para las personas discapacitadas o dependientes. En este sentido, exige a España que se asegure de que el copago 'no esté teniendo un impacto desproporcionado en los ingresos' de estos colectivos, y que 'no conduzcan a la violación de sus derechos'. En la misma línea, expone la necesidad de que los Presupuestos mantengan la capacidad de la escuela pública para atender las necesidades de los menores con alguna discapacidad y advierte de los efectos negativos de la política de segregación.

El informe llega hasta analizar la participación de estas personas en la vida pública y reclama al Gobierno 'que ponga fin a la privación automática de las personas con discapacidad del acceso a su derecho al voto y a participar en las elecciones'.

Informe del Consejo de Europa sobre los recortes en España by publico2013