La parálisis a la que el Partido Popular ha sometido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuya renovación tendría que haberse producido hace ya cinco años, no implica que el Congreso de los Diputados y el Senado tengan que paralizar el proceso de votación de los jueces, a pesar de que la falta de acuerdo entre PP y PSOE abocara la votación al fracaso. Es lo que trasluce de una resolución del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos (THDH) y, a su vez, de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) de 1985. 

"Los presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado deberán adoptar las medidas necesarias para que la renovación del Consejo se produzca en plazo", reza el artículo 568. Edmundo Rodríguez Achútegui, integrante del secretariado de Juezas y Jueces por la Democracia, la única progresista de las cuatro que proponen candidatos para el CGPJ, insiste en eso en conversación con Público: "La falta de acuerdo entre los dos principales partidos no debería paralizar el procedimiento al que están obligadas las dos cámaras". 

Así, la asociación recalca el problema del uso "político" que se lleva a cabo tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta y propone que las Mesas de Congreso y Senado lleven a pleno la elección de los 10 miembros que, según dispone la ley, eligen cada una.

Los miembros del CGPJ se eligen por mayoría de tres quintos, por lo que la actual aritmética parlamentaria anula, en la práctica, la posibilidad de que la votación pudiera resultar exitosa. Sin embargo, "pondría sobre la mesa la falta de voluntad de algunos partidos a la hora de renovar el Poder Judicial". Lo que propone Juezas y Jueces para la Democracia es que se convoquen cuantos plenos sean necesarios hasta que se termine renovando órgano. 

Nada impide, por otra parte, que PP y PSOE puedan negociar en paralelo. "Si finalmente se vota en repetidas ocasiones y nunca se alcanza esa mayoría de tres quintos", zanja Rodríguez Achútegui, "habrá que asumir que el proceso es fallido y comenzar uno nuevo". Eso sí, insiste, hay que hacerlo "antes de reformar la LOPJ". Desde su punto de vista, iniciar esa reforma eternizaría todavía más el asunto.

El TEDH llamó la atención al Parlamento español

No pudo ser más claro el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Seis jueces, los que propuso la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, llevaron a Europa la el hecho de que el Congreso y el Senado no hubieran avanzado con el procedimiento estipulado y el TEDH les dio la razón. El tribunal determinó que examinar los candidatos "no es un acto legislativo", sino "instrumental" y "obligatorio". 

Juezas y Jueces por la Democracia ya se reunió tanto con Meritxell Batet, presidenta del Congreso en la legislatura pasada, como con Ander Gil, su homónimo en el Senado. Los dos se comprometieron a estudiar el caso y Ander Gil, incluso, les aseguró que "abría todas las reuniones de la Mesa de la Cámara Alta con un recordatorio del caso". 

Sin embargo, la nueva legislatura ha cambiado la práctica totalidad de la composición de las Mesas y, por supuesto, sus presidentes. También sus mayorías: ahora, el Partido Popular controla la del Senado. Por eso, la asociación progresista de jueces confirma que solicitará nuevas reuniones para que "esta legislatura, con o sin gobierno, sirva, al menos, para encauzar la renovación del CGPJ". 

Un problema para las nuevas Mesas

Eso sí, no hace ni un mes que las Mesas de Congreso y Senado se renovaron y los equipos de ambos órganos confirman a Público que "todavía es muy pronto" para hablar de ello. "No ha dado tiempo", deslizan. Es cierto que todavía no han tenido "tiempo" material para ponerse al día con todos los asuntos de relevancia, pero también lo es —así lo ven los jueces consultados— que el CGPJ lleva cinco años bloqueado y que debería ser una prioridad absoluta. 

Pedro Sánchez trató de arrancar a Alberto Núñez Feijóo un compromiso para renovar el Consejo "antes de final de año". No recibió respuesta. No obstante, nada impide a la Mesa del Congreso, con mayoría progresista y presidida por la socialista Francina Armengol, colocar el asunto en la agenda plenaria y, aunque sin acuerdo, reactivar el proceso.