La Comisión de Energía del Congreso de los Diputados ha aprobado este viernes, con los votos en contra del PP, poner en marcha las medidas necesarias para la clausura definitiva de la central nuclear de Garoña (Burgos), así como el desarrollo de un plan alternativo para reactivar económicamente la zona.

La texto acordado ha sido el resultado de la fusión de dos proposiciones no de ley presentadas por los grupos del PSOE y Unidos Podemos, y ha sido suscrito también por Ciudadanos, el Partido Nacionalista Vasco (PNV), Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) y el Grupo Mixto.

Sin embargo, esta decisión de la Comisión de Energía del Congreso no es vinculante. Quien tiene la última palabra sobre el futuro de Garoña es el Gobierno, que deberá pronunciarse antes de seis meses.

En el mismo, esta mayoría parlamentaria pide al Gobierno que no autorice la reapertura de la central burgalesa, en parada segura desde diciembre de 2012, y que "acometa el proceso de desmantelamiento en condiciones de seguridad para el medio ambiente y las personas, bajo la supervisión del Consejo de Seguridad Nuclear" (CSN).

Solicitan también la "activación inmediata" de un plan alternativo y específico de reindustrialización y adaptación económica para el área de influencia de la central de Garoña.

La diputada socialista Esther Peña Camarero ha subrayado que la central burgalesa, que ha recibido el aval del CSN para operar hasta 2031 si ejecuta las medidas de seguridad que se le reclaman, es hoy "cinco años más vieja y peligrosa" que cuando el operador decidió pararla en 2012, en tanto que "no se han hecho las intervenciones requeridas".

Peña Camarero ha descrito el entorno de la central como una zona tremendamente deprimida económicamente, donde "se ha perdido la mitad de la población, las carreteras están sin arreglar y sobrevuela la amenaza de la extracción de hidrocarburos mediante la impactante técnica de la fractura hidráulica".

El diputado del PP Guillermo Mariscal le ha recordado a la socialista que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero prometió 900 millones de euros de inversión en la zona, en 2009, de los que solo han llegado 20, según datos del Colegio de Economistas de Burgos citados por este parlamentario.

Asimismo ha indicado que fue precisamente Rodríguez Zapatero quien autorizó que Garoña operase hasta 2013, dos años más de los 40 años de vida útil.

Mariscal ha criticado la "irresponsabilidad" de los parlamentarios que han votado a favor de esta iniciativa por hacerlo desde el "prejuicio" hacia la energía nuclear, un sector que emplea en España a 28.000 personas de manera directa e indirecta, 450 directos en la central burgalesa, ha dicho.

El diputado de Unidos Podemos, Juan López de Uralde, ha ido más allá, asegurando que "hablar de Garoña es hablar del futuro de la energía nuclear en España", ya que el aval dado por el CSN a su reapertura "oculta el intento por despejar el camino para que el resto de centrales operen más allá de los 40 años de vida útil" para los que inicialmente fueron fabricadas.

López de Uralde ha lamentado que el Gobierno "hurte un debate a la sociedad sobre qué hacer con las viejas centrales, cada vez más antiguas y más peligrosas".

La Comisión también ha acordado la actualización de los Planes de Emergencia Nuclear de la provincia de Tarragona y la dotación de medios para una implementación efectiva de los mismos.