El Congreso destinará tres millones de euros para paliar la emergencia sanitaria de la covid-19, aunque este dinero no saldrá de retenciones de los salarios de los diputados. La Mesa de la Cámara Baja ha decidido este martes aprobar la propuesta realizada por su presidenta, Meritxell Batet, para efectuar una donación en base a un cálculo estimado del ahorro del Congreso durante el confinamiento decretado para luchar contra la pandemia.

Algunos diputados y grupos habían solicitado a Batet que el dinero destinado a la emergencia sanitaria saliera de su sueldo (concretamente de la parte correspondiente a la indemnización que sus señorías reciben para cubrir gastos originados por "la actividad de la Cámara"). Sin embargo, desde el principio la presidenta había advertido de que la retención de parte de las retribuciones de los parlamentarios suscitaba dudas jurídicas.

Finalmente, informan fuentes parlamentarias, la Secretaría General del Congreso ha rechazado esta posibilidad y las propuestas de aquellos grupos que pedían retenciones de los salarios no se han votado en la Mesa. Los tres millones que se destinarán a la lucha contra la covid-19 se cargarán al denominado fondo de remanentes de la Cámara Baja y se transferirán a la cuenta que el Tesoro Público ha habilitado para paliar la emergencia sanitaria.

El debate sobre las donaciones del Congreso y las "dietas" de los diputados llegó a la Cámara a raíz de un anuncio del diputado socialista Odón Elorza, que pidió a la presidenta de la Cámara que le descontara de su retribución la parte correspondiente a cubrir los gastos originados por la actividad parlamentaria (un complemento en concepto de indemnización que da a los diputados electos por Madrid 917,03 euros y a los del resto de circunscripciones 1.921,20 euros).

A esta petición se sumaron grupos como Bildu, al entender que, con el Congreso en servicios mínimos y sin celebrar apenas sesiones, no se estaban produciendo los gastos derivados de la actividad parlamentaria. Sin embargo, los servicios jurídicos del Congreso han rechazado la posibilidad de que la presidenta o la Mesa pueda retener una parte de la retribución de los diputados.

Según un informe elaborado por la secretaría general, "la especial naturaleza de la indemnización deriva a su vez de la peculiar naturaleza de la actividad de los parlamentarios, que no puede considerarse en modo alguno como una relación laboral, y que llevó al constituyente a no referirse a sus atribuciones como tales, sino a su 'asignación', queriendo con ello sin duda marcar un punto de distancia con otro tipo de rendimientos de trabajo".

"La función representativa que entraña el mandato parlamentario", prosigue el informe, "no tiene parangón en el ámbito laboral ni funcionarial, e implica el desarrollo de actividades políticas muy diversas, además de la estrictamente institucional".

La indemnización por actividad parlamentaria es un "derecho"

En este sentido, los servicios jurídicos de la Cámara explican que no se puede retener este complemento a los diputados porque no perciben una retribución salarial, sino una "asignación" por una actividad que va más allá de la institución. "La indemnización por el ejercicio de la función es un derecho del diputado, no una obligación. lo que sí constituye una obligación es el deber de la Mesa de dotar presupuestariamente cada año la cuantía total de las percepciones de los diputados y sus modalidades", añade el texto, que menciona los artículos del Reglamento del Congreso y de la Constitución que consagran estos derechos de los diputados (recogidos en el Estatuto del Diputado y en su régimen económico).

El informe concluye recordando que la "asignación" (sueldo) de los parlamentarios tiene la finalidad de garantizar al Congreso y a sus miembros "el libre ejercicio de sus correspondientes funciones". Una vez descartado por los letrados que la Mes pueda aprobar retenciones salariales, solo se ha sometido a votación la propuesta de la presidenta relativa a la donación con cargo a remanentes.

El denominado fondo de remanentes es un depósito que sirve, a grandes rasgos, para acometer reformas importantes, dotar de liquidez a las Cámaras en momentos excepcionales y afrontar gastos imprevistos. Existen tres fondos que acumulan un total de 234.939.710,61 euros, según refleja el ejercicio económico de 2018, el último conocido; uno para el Congreso, otro para el Senado y otro para las Cortes Generales (que engloban, además de a las dos Cámaras, a la Junta Electoral Central y al Defensor del Pueblo). Estos remanentes se nutren casi por completo del dinero no ejecutado de los presupuestos del Parlamento.

A diferencia de lo que sucede con otras instituciones públicas, el "sobrante" de los diferentes ejercicios presupuestarios no se reingresa al Tesoro, sino que va a parar a estos fondos. Las Cortes pueden disponer de ellos debido a que la Constitución consagra su autonomía financiera en el artículo 72.1, donde se establece que manejarán su propio presupuesto.

En el caso del Congreso, la suma del fondo de remanentes es de 94.752.329,10 euros. Teniendo en cuenta que la Cámara Baja cuenta con un presupuesto de 86.983.110 euros (el de 2019, que es el de 2018 prorrogado), sus ahorros superan en 7,7 millones a sus gastos de todo un año (personal, bienes y servicios, gastos financieros, transferencias corrientes e inversiones).