El Congreso de los Diputados ha convalidado este jueves un real decreto ley que pretende garantizar con medidas urgentes una mayor coordinación entre las administraciones frente a la gestión de los incendios forestales, con acciones en todo el territorio y de forma permanente, no solo durante la estación estival.

La votación, que ha contado con 348 votos emitidos, ha tenido 265 votos a favor, 6 en contra y 77 abstenciones. Durante el debate en el Pleno del Congreso reunido de forma excepcional tras el parón del verano para debatir sobre este real decreto ley, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha instado a estrechar la coordinación con las comunidades para actuar junto con el Estado con planes más coherentes contra esta emergencia "que requiere fortalecer la prevención, vigilancia y extinción" durante todo el año.

Ribera ha asegurado que el cambio climático "no es brujería, ni magia", como pretenden hacer creer los negacionistas, sino "un drama, una responsabilidad de nuestra generación". "Es una obviedad, aunque algunos no quieren mirar de frente", ha añadido Ribera durante su intervención tras exponer las modificaciones que este real decreto ley incorpora a la ley de Montes, en los ámbitos de prevención, extinción y mantenimiento y restauración de los terrenos forestales afectados por incendios. 

El debate de esta norma, que fue aprobada por el Gobierno a principios de mes, coincide con un verano especialmente virulento en cuanto a número e intensidad de incendios forestales con una superficie forestal quemada en lo que va de año en el país casi cuatro veces mayor que la media de la década.

Críticas al nuevo plan

Durante el debate, los diputados del PP y Vox han criticado el texto porque lo consideran muy insuficiente y además dicen que llega tarde y sin consensuar, mientras que el partido socialista y Podemos, entre otros, han destacado su relevancia en un momento de incendios enormes que afectan a núcleos urbanos, como este verano, avivados por el cambio climático y los efectos de la sequía y las altas temperaturas que convierten los terrenos muy secos en campo de cultivo para el fuego.

Las reclamaciones de PP y Vox han tenido que ver con las competencias territoriales y garantías de respeto a sus particularidades, con clima y orografía diferente al resto, por ejemplo vascos y catalanes. También los diputados canarios han puesto de manifiesto su lejanía y han reclamado una sede en las islas para acción inmediata contra incendios, porque no pueden esperar a que las llamas se expandan hasta recibir ayuda de la península.

Por otra parte, Ribera ha recibido también críticas de la mayoría de partidos independentistas y nacionalistas a razón de la invasión de competencias que, a su juicio, este decreto supone. ERC, PNV, Eh Bildu, Junts y BNG ha puesto en el foco que se pretenda imponer el criterio de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) a las agencias meteorológicas autonómicas ya existentes para determinar el grado de riesgo o que se priorice a las autonomías que así los tengan, el uso de sus propios medios y equipos.

Además, tanto el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, como la diputada de CC María Fernández, ha reclamado más medios y financiación para poder alcanzar los objetivos que pretenden estas medidas y el decreto no quede "en papel mojado". También el diputado de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, ha señalado que Ribera está desatendiendo con esta iniciativa al criterio de ayuntamientos y CCAA, así como al medio rural. Además, cree que el texto no está redactado teniendo en cuenta las diferentes peculiaridades de los diferentes territorios, de sus medios y competencias.

Reforzar la defensa forestal "todo el año"

Según el texto del real decreto-ley, se pretende reforzar la defensa forestal "todo el año" frente a los incendios en un contexto de riesgo de incendios incrementado, con nuevos planes que abarcarán todo el territorio de cada comunidad autónoma y que habrán de ser actualizados con antelación para su aplicación continua todo el año. 

Para la gestión del riesgo de incendio, se establece un catálogo mínimo de prohibiciones y sanciones en caso de incumplimiento que las comunidades deben aplicar si el riesgo es muy alto o extremo. Se incluye un sistema de emergencias para la extinción, se asegura la coordinación en el caso cada vez más frecuente de incendios en zonas limítrofes de dos o más comunidades, y se consolida el mecanismo de colaboración Administración del Estado-autonomías para la restauración forestal y medioambiental. 

Por otra parte, con esta iniciativa, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha decidido culminar el proceso de saneamiento y depuración de la ría de O Burgo (A Coruña) con una intervención de dragado para regenerarla de manera definitiva.