El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves el CETA, el polémico tratado comercial entre la UE y Canadá.  Con 179 votos a favor, 79 en contra y 81 abstenciones, la Cámara Baja da luz verde al acuerdo, que ahora sigue su tramitación en el Senado, donde la mayoría absoluta del PP garantiza su aprobación.

En lo que respecta al CETA ha habido pocas sorpresas por parte de los grupos parlamentarios: PP, Ciudadanos, PNV y PDeCAT han votado a favor mientras que Unidos Podemos, ERC, Compromís y EH Bildu lo han hecho en contra. Como anunció la semana pasada, el PSOE ha decidido enmendar las hojas de ruta de la Gestora y de la primera dirección de Pedro Sánchez y se ha abstenido, pero no ha aclarado si tomará alguna iniciativa sobre el CETA en la votación en la Cámara Alta, que previsiblemente no tendrá lugar antes del nuevo periodo de sesiones, a mediados de septiembre. 

Unidos Podemos ya ha anunciado que pedirá el control previo de constitucionalidad del tratado en el Senado, para que el Alto Tribunal aclare si el CETA cumple lo dispuesto en la Carta Magna.

Es la misma estrategia que siguieron en el Congreso de los Diputados, aunque en esta ocasión en PSOE votó en contra. Al mismo tiempo, el Grupo Confederal Unidos Podemos- En Comú Podem- En Marea seguirá solicitando el informe preceptivo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces, que hasta la fecha el Gobierno no ha reclamado. Como informó Público, el CGPJ pidió hace un mes un informe a su Gabinete Técnico para aclarar si debe o no pronunciarse sobre el acuerdo, aunque no han trascendido novedades al respecto.

Pablo Bustinduy, su portavoz en Exteriores, denunciaba este jueves que el proceso de ratificación del tratado ha sido "defectuoso" y ha estado "lleno de vicios". En el debate sobre el acuerdo, antes de la votación, Bustinduy ha acusado al Gobierno de pisar al máximo el acelerador para lograr que el tratado salga adelante, porque es consciente de que la oposición social al CETA sigue creciendo. "Canadá representa un 0.5% de las exportaciones de España, es el país 38 en la lista", afirmaba, insistiendo en que es un tratado "peligroso" y "anticonstitucional". 

"Vamos a seguir peleando para parar este tratado. Con la soberanía del país no se juega; los derechos no están en venta", zanjaba. 

Santamaría aprovecha el debate para criticar al PSOE

Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aprovechaba su intervención en el debate en nombre del Gobierno para criticar al PSOE por su cambio de posición. "Aunque algunos estrenen hoy posición, esta cámara ha debatido sobre el acuerdo hasta en dos ocasiones".

Santamaría tiraba de hemeroteca y recordaba unas declaraciones del eurodiputado del PSOE Sergio Gutiérrez, en las que este aseguraba que el CETA "no suponía un peligro para el comercio europeo", pero tampoco para los estándares "sociales y medioambientales" de la Unión. Casi la mitad de los socialistas europeos evitaron apoyar el CETA cuando fue sometido a votación en el Europarlamento, en febrero, pero la delegación del PSOE votó en bloque a favor del tratado. 

La vicepresidenta afirmaba que el texto no ha cambiado desde entonces; "sólo [ha cambiado] el afán de algunos, que en su lucha por liderar la oposición no dudan en hacerse oposición a sí mismos". "No se puede ser equidistante entre más Europa o más populismo; más Europa o más Marine Le Pen; más Europa o más Pablo Iglesias", incidía. 

Por lo demás, Santamaría ha tirado del argumentario del PP, asociando el CETA con un "aumento en la calidad de vida de todos", con la creación de empleo y la "prosperidad". En la misma línea, ha vinculado a quienes lo rechazan con "el radicalismo y el extremismo", como acostumbra a hacer el Ejecutivo, que vende las bondades del CETA -aunque existen estudios alarmantes sobre los efectos del acuerdo-, y rechaza todas y cada una de las críticas.