ZARAGOZA .- La Audiencia de Zaragoza ha condenado a la exalcaldesa de La Muela Mariví Pinilla (Par) a 16 años y medio de prisión, 74 de inhabilitación y multas que suman 10.681.000 euros por 14 delitos de corrupción y fraude fiscal.

El tribunal ha declarado a Pinilla culpable de la mayoría de los delitos de corrupción que incluye el Código Penal: cinco de prevaricación, dos de tráfico de influencias y uno de cohecho, blanqueo, malversación, fraude en las subvenciones y exacciones, además de dos fraudes fiscales. No obstante, las reglas penológicas reducen la máxima duración nominal de esa pena a doce años de cárcel.

El fallo, que cifra en más de 11 millones de euros el boquete tributario cometido por varios de los condenados mediante el trasiego de dinero negro –la cifra supera a la que Hacienda imputa al caso Bárcenas-, declara también culpables a dos exconcejales, el secretario y el arquitecto municipal, un empleado de banca y 18 empresarios, entre ellos Julián de Miguel y sus dos hijos, máximos responsables de Aranade, la empresa que gestionó el urbanismo municipal en esta localidad zaragozana en los años de la burbuja.

Un municipio ejemplar para el poder

La operación Molinos, que salió a la luz con la redada de 17 detenciones que el Grupo de Blanqueo del Cuerpo Nacional de Policía desató el 18 de marzo de 2009, marcó el fin de la inocencia oficial de una comunidad autónoma cuyos responsables presumían, hasta entonces, de que en ella no se daban episodios de corrupción.

De hecho, solían poner a La Muela, un municipio de la eLa Audiencia de Zaragoza ha condenado a la exalcaldesa de La Muela Mariví Pinilla (Par) a 16 años y medio de prisión, 74 de inhabilitación y multas que suman 10.681.000 euros por 14 delitos de corrupción y fraude fiscal.

El tribunal ha declarado a Pinilla culpable de la mayoría de los delitos de corrupción que incluye el Código Penal: cinco de prevaricación, dos de tráfico de influencias y uno de cohecho, blanqueo, malversación, fraude en las subvenciones y exacciones, además de dos fraudes fiscales. No obstante, las reglas penológicas reducen la máxima duración nominal de esa pena a doce años de cárcel.

Stepa que durante la burbuja inmobiliaria pasó de apenas 400 habitantes a casi 5.000, en el que el ayuntamiento llegaba a organizar viajes al Caribe para sus vecinos y cuyo equipo de fútbol salía a ascenso por temporada, como ejemplo de gestión. Incluso el Par llegó a valorar la posibilidad de que Pinilla encabezara su lista al ayuntamiento de Zaragoza, aunque tras la detención la repudió oficialmente.

Después llegaron el caso Saqueo en la plataforma logística Plaza, las condenas a altos cargos y empleados públicos por el desfalco de casi nueve millones en el caso Pagarés y un goteo de asuntos que, hasta la fecha, ha generado un centenar de imputados y acusados y una decena de condenados pero apenas cinco ingresos en prisión.

Una década de corrupción

La sentencia sitúa precisamente el inicio del “proceso de corrupción urbanística que durante más de una década afectó al Ayuntamiento zaragozano de la Muela” en la creación de la Sociedad Urbanística Municipal en 1997 y la entrega de su gestión a Aranade, empresa que regó de dinero a la familia de la alcaldesa durante años. La Policía halló en esa empresa una contabilidad B con 134 apuntes que incluían conceptos como “BMW” y “Regalo Lola” y que reflejaban “pagos efectuados por cuenta de Maria Victoria Pinilla ‘P” que, solo entre 1998 y 2002, superaron los dos millones de euros.

Los negocios de Pinilla con Aranade incluyeron episodios como el cobro de 1,2 millones en efectivo por un pelotazo con unas parcelas que fueron a parar a la caja de seguridad que ella y su entonces esposo, Juan Antonio Barba, manejaban en una entidad financiera. Esos tratos de favor de la empresa le llevaron a ingresar entre 2004 y 2009 en sus cuentas 604.783 euros en metálico y de origen ilícito, mientras sus hijos superaron en conjunto el millón y su hermana Lola se quedaba en 45.297.

El patrimonio de la familia comenzó a crecer “con tales ganancias ilícitas provenientes de los cohechos en que la Alcaldesa incurría”, lo que les llevó a comprar un chalet en Sotogrande (Cádiz) por 553.900 euros -de los que al menos 129.000 “cuyo origen no quedó justificado”- y otro en la República Dominicana en el que más de 260.000 euros “se pagó con dinero no declarado”.

La sentencia, que reseña la intensa actividad inmobiliaria y automovilística de la familia, desglosa una retahíla de episodios entre los que hay algunos grotescos, como la entrega de 250.000 euros de dinero sucio a un empresario madrileño asfixiado por el bloqueo de un proyecto urbanístico en el que su empresa había pagado comisiones.
Empresarios y empleados municipales

La trama de corrupción urbanística de La Muela no queda circunscrita a la actividad de la exalcaldesa y de su familia, sino que tiene varias patas más. Una de ellas se localizaba en el ayuntamiento, en el que eran concejales Juan Carlos Rodrigo –cinco años y medio y 433.000 euros de multa- y Fernando Barba –seis años y nueve meses y 1.440- y en el que Luis Ruiz -2.880 euros- y Francisco Núñez –tres años y medio y 6.480- ocupaban los puestos de secretario y de arquitecto.

Y la otra la forman los empresarios que mantenían negocios con el ayuntamiento, entre los que destaca De Miguel –seis años y diez meses y multas por 4,7 millones por cohecho, blanqueo y fraude fiscal-, y otros que operaban en el pueblo y tenían relación con la familia Pinilla, entre los que se encuentra su primo Carmelo Aured, condenado a nueve años y nueve meses de prisión y multas por 7,3 millones como autor de siete delitos tributarios y uno de falsedad.

Pese a lo espectacular de las condenas nominales –más de un siglo de prisión y 44,7 millones en multas-, previamente pactadas con las acusaciones por quince de los 29 acusados que finalmente han sido condenados –otros once han resultado absueltos-, el tribunal solo ha impuesto a cuatro de los acusados –Pinilla, Núñez, Barba y el empresario Antonio Fando- penas de tres o más años de prisión por alguno de los delitos de manera autónoma. El resto podrá, en principio, eludir el ingreso en prisión siempre que carezca de antecedentes y pague las multas e indemnizaciones, que suman 11,9 millones a Hacienda, 532.666 para el Instituto Aragonés del Agua y 301.704 para el consistorio.

El actual alcalde, Adrián Tello (Cha), mostró su decepción por esa parte de la sentencia, ya que el ayuntamiento reclamaba resarcimientos por cuatro millones. “Lo que más nos duele es el tema económico –dijo-. Mañana va a seguir habiendo 16 millones de deuda y amenazas de embargo”.