El Juzgado de Instrucción 1 de Benidorm (Alicante) ha sobreseído la investigación abierta por supuesta financiación ilegal del PSPV-PSOE al no observar irregularidad alguna en las contrataciones efectuadas por el Consistorio con la empresa de comunicación Crespo Gomar.

Según consta en un auto al que ha tenido acceso EFE, esta causa, abierta inicialmente por un supuesto delito de prevaricación administrativa, tenía su origen en una denuncia interpuesta en abril de 2018 por los diputados del PP en Les Corts Valencianes Rubén Ibáñez, Luis Santamaría y Jorge Bellver.

En la misma se analizaron varios expedientes de contratación adjudicados a la empresa de comunicación Crespo Gomar desde el Ayuntamiento de Benidorm en 2010, el Ministerio de Vivienda en 2009 o el de Medio Ambiente en 2007, en todos los casos desde administraciones controladas por el PSOE, bajo la sospecha de que pudiesen haber ocultado mecanismos de financiación ilegal.

En este juzgado de Benidorm se ha analizado concretamente el contrato por el procedimiento de urgencia para el suministro del sistema de comunicación denominado TIC (opinómetros) que fue adjudicado en el año 2010 a Opino Media (participada por Crespo Gomar) por el Ayuntamiento de Benidorm por el precio de 193.000 euros.

La denuncia del PP fue estudiada inicialmente por el Juzgado de instrucción nº 21 de Valencia, que ante la existencia de indicios de irregularidades en el expediente de contratación, según informe de la policía y del funcionario del cuerpo de la intervención general de la administración del Estado, acordó inhibirse en otros juzgados.

De las diligencias de investigación practicadas se concluye que el expediente de contratación estaba redactado y firmado por el jefe del servicio de contratación, técnico de la administración general del Ayuntamiento y asesor jurídico de la corporación en materia de contratación.

También que dicho pliego de condiciones era conforme al modelo elaborado por el Ministerio de Economía y Hacienda previsto en el Real Decreto 13/2009, de 26 de octubre, que consta un informe de la técnico de fiscalización del Ayuntamiento de Benidorm que establece que la fiscalización era favorable y que procedía la tramitación.

A tenor de lo anterior, la jueza instructora concluye que "los hechos investigados no pueden ser constitutivos de infracción penal" y que "en el proceso de contratación por el que el Ayuntamiento de Benidorm adjudicó a la empresa Opino Media el contrato de suministro del sistema de comunicación TIC no se aprecia irregularidad alguna".

Contra este auto de sobreseimiento provisional cabe la presentación de un recurso de reforma en el plazo de tres días.

El pasado 27 de marzo, el Juzgado de Instrucción número 3 de Gandia (Valencia) acordó el sobreseimiento provisional de otra de las ramas de esta causa, abierta para investigar la posible financiación irregular del PSPV-PSOE, en concreto la adquisición de un inmueble por parte de la Federación Valenciana de Fútbol en 2009 por 525.000 euros, una operación que fue subvencionada al 50 % por el Ayuntamiento de esta localidad. EFE