La recta final de la Comisión para la Reconstrucción Económica y Social del Congreso parece afrontar un dilema a la hora de elaborar sus conclusiones: o se da un cierre consensuado que incluya a las dos grandes fuerzas de la Cámara (PSOE y PP), pero con unas medidas "de mínimos"; o tiene lugar un pacto cuyo consenso pierde fuerza, que deje fuera a una parte importante del Parlamento, pero con medidas "transformadoras" y "decididas".

Así lo ven buena parte de las formaciones que componen el denominado bloque de la investidura, aquellas fuerzas que con su apoyo expreso o su abstención permitieron que Sánchez fuera designado presidente del Gobierno en el Congreso. Los hechos y actuaciones de los últimos días en el seno de la comisión de reconstrucción provocan cierta preocupación en unos partidos que, desde el principio, mostraron sus reservas con la posibilidad de lograr un gran consenso en la Cámara.

Fuentes de estos partidos defienden que existe una incompatibilidad "insalvable" entre los proyectos que se han podido vislumbrar en las reuniones que ha mantenido la comisión. Desde el principio, desde formaciones como Bildu o ERC se defendió que "la ciudadanía no necesita una reconstrucción, necesita una transformación", y se pidió que se aprovechase el momento de emergencia para ir hacia un modelo fiscal marcado por la redistribución de la riqueza y hacia un modelo productivo que reforzase la industria y que no fuera tan sensible a los "vaivenes económicos" de las crisis.

Sin embargo, esta idea ha sido descartada por completo por formaciones como el PP, que apuesta por "reformas de calado" pero que "no pongan en peligro el crecimiento económico" y, sobre todo, por no "disparar" el gasto público más allá de lo necesario: "Necesitamos un sistema tributario moderno, con capacidad recaudatoria, pero también con crecimiento. Sabemos que será difícil cuadrar las cuentas, pero hay que hacerlo y se puede hacer. Si tenemos las cuentas saneadas podemos elegir las políticas que queremos para los españoles", defienden los conservadores.

Partidos como ERC, Bildu o Más País aseguran ver cumplidos sus malos augurios cuando esta semana el borrador de conclusiones presentado por las fuerzas que componen el Gobierno de coalición dejó fuera el impuesto a las grandes fortunas. El miércoles el PSOE y Unidas Podemos mantuvieron unas negociaciones de última hora para intentar salvar el acuerdo, ya que los de Pablo Iglesias querían introducir esta tasa, mientras el área económica del Ejecutivo (Economía y Hacienda) rechazaban de facto la medida.

Finalmente el impuesto a los ricos decayó y ambas formaciones presentaron un borrador de conclusiones que fue calificado por la mayor parte de los miembros de la comisión de "inconcreto". Los socialistas y los miembros del grupo confederal defienden que este borrador es, precisamente, más "abstracto" porque pretende ser el marco de un gran acuerdo que incluya a la gran mayoría de los grupos de la Cámara.

Sin embargo, desde el bloque de la investidura insisten en que este "gran acuerdo" se antoja muy difícil, dadas las diferencias tan sustanciales que existen entre los modelos defendidos por cada parte. "Hay dos modelos que se enfrentan entre sí y que no pueden congeniar el uno con el otro. El espíritu que ha alentado esto desde el principio ha sido el de buscar un consenso; yo dudo mucho que se pueda encontrar un consenso para abordar estos grandes problemas", aseguran fuentes de estos partidos.

El reto de lograr un gran consenso en un tiempo récord

"Si se quiere ir al fondo y se quieren ofrecer soluciones reales a los problemas reales que tiene este Estado, realmente habrá que tomar unas determinaciones que no se pueden consensuar con todos los grupos de la Cámara, eso es imposible. Si lo que se opta es por hacer una serie de enunciados genéricos que no aporten soluciones reales, realmente no servirá de mucho todo esto, y a eso apunta el borrador presentado (por el PSOE y Unidas Podemos)", insisten.

Estos partidos (ERC, Bildu y Más País) sí que llevaban el impuesto a las grandes fortunas en sus borradores, que fueron rechazados, al igual que los borradores del resto de los grupos, cuando fue elegido el documento presentado por las fuerzas que sostienen al Ejecutivo de coalición. Estas formaciones ya han anunciado que llevarán el impuesto a los ricos como medida en el plazo de enmiendas que permanece abierto desde el jueves, y que se extiende hasta el lunes a las 15.00 horas.

El desarrollo de la actividad de la comisión ha sido frenético desde el principio (la mayoría de los grupos se han quejado de que se ha trabajado de forma atropellada, con más de 150 comparecencias en apenas tres semanas y con un "volumen ingente" de documentación "que no ha dado tiempo a leer), pero esta última etapa será, sin duda, la más ágil de todas.

Los partidos tienen este fin de semana para presentar sus enmiendas en los distintos grupos de trabajo; tras hacerlo, el miércoles estos cuatro grupos deben cerrar su propio documento de conclusiones (con el borrador base aprobado el pasado jueves y con las enmiendas de las formaciones incorporadas después de las correspondientes negociaciones), es decir, que cada uno de los cuatro grupos de trabajo debe cerrar sus documentos y lograr sus propios consensos en unas 48 horas.

El viernes, las conclusiones de los cuatro grupos de trabajo se elevan al plenario de la comisión, que tiene que consensuar y aprobar las conclusiones definitivas del órgano, que posteriormente también tienen que ser aprobadas en el Pleno del Congreso. "Se ha ahondado en buscar el consenso, pero en los debates se ha evidenciado que no hay consenso posible porque son dos modelos que chocan entre sí, y hay que elegir", advierten desde el bloque de la investidura.