En el Parlamento andaluz echó a andar esta tarde, presidida por el diputado Enrique Moreno (Ciudadanos), una comisión de investigación, impulsada por PP y Ciudadanos, y apoyada por todos los demás partidos, sobre la gestión de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, conocida como la Faffe, que entre 2003 y 2011 gestionó más de 250 millones de euros en fondos contra el paro y en la que la Cámara de Cuentas, la Guardia Civil y la Fiscalía han hallado un amplio rosario de irregularidades -subvenciones sin justificar, gasto de dinero público en prostíbulos, contrataciones fraudulentas- que se investigan desde hace unos años por la vía penal en el juzgado de instrucción 6 de Sevilla.

Esta es la tercera comisión de investigación que se crea en el último lustro en el Parlamento de Andalucía que se dedica a investigar, en el fondo, lo mismo: la gestión en la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía en la primera década del siglo. Las dos anteriores -que acabaron sin que los partidos se pusieran de acuerdo sobre las conclusiones-, la de los ERE -cuyo primer juicio está pendiente de sentencia- y la de los fondos de formación -dispersa en varios juzgados- ya revelaron el desmadre que existió en esa Consejería en los años en que fue dirigida por los exconsejeros José Antonio Viera y Antonio Fernández, y por el exdirector general de Trabajo, Javier Guerrero, todos ellos procesados por los ERE.

Los expresidentes de la Junta Manuel Chaves (PSOE) y José Antonio Griñán (PSOE) también están a la espera de sentencia por la parte administrativa del caso de los ERE, acusado de prevaricación el primero, y de prevaricación y malversación el segundo.

La Faffe siempre ha estado bajo la lupa de la oposición. El PP se ha pasado años asegurando que la fundación, que llegó a tener unos 1.500 empleados, había servido como una “agencia de colocación” para cargos socialistas y familiares y también como “cajero automático” para sus dirigentes. El propio Juanma Moreno (PP), hoy presidente de la Junta, abrió la precampaña electoral en la puerta de uno de los prostíbulos en los que el director de la Faffe, Fernando Villén, se gastó dinero público.

Ahora, los diputados conservadores Erik Domínguez y Ana Vanessa García van a tener la oportunidad de hacer todas las preguntas que quieran a los directivos y trabajadores de la Faffe, parte de los cuales ya comparecieron en la comisión de investigación de los fondos de formación.

La investigación judicial

En el año 2014, unas cuantas de las sospechas que existían sobre las actuaciones irregulares en la Faffe empezaron a transformarse en certezas. Un informe de la Cámara de Cuentas, que solicitó el propio Gobierno andaluz, reveló que la fundación había recibido casi 49 millones de euros en ayudas sin que constase “justificación alguna”.

El informe apuntaba que “podrían derivarse responsabilidades administrativas y contables” debido a un amplio catálogo de presuntas irregularidades. A saber: “Los cursos para desempleados no incluidos en el fichero; la aprobación de modificaciones de las resoluciones de concesión por un órgano no competente; la concesión de ayudas por encima del importe máximo permitido; la imputación como subvencionables de gastos no elegibles, la no exigencia de intereses de demora en casos de reintegro; la ausencia de justificación en las subvenciones nominativas a la Faffe; y, la declaración de excepcionalidad, el incumplimiento de requisitos para la subcontratación, y la falta de justificación de la subvención excepcional a la Faffe”.

El entonces Fiscal Superior de Andalucía, Jesús García Calderón, después de que la Policía Judicial estudiara el trabajo de la Cámara de Cuentas y llegara a la conclusión de que existían “numerosas irregularidades”, un “manifiesto desorden en la concesión” de ayudas, y también en algunos casos una “ausencia de justificación del gasto realizado” envió las pesquisas al juzgado número 6 de Sevilla, a la sazón dirigido por la jueza Mercedes Alaya -la impulsora del caso de los ERE- quien ya había arrancado una investigación sobre los cursos de formación para parados.

En diciembre de 2015, la heredera del juzgado 6 de Mercedes Alaya, quien había pedido su traslado a la Audiencia Provincial, la magistrada María Núñez, decidió que el caso tenía entidad por sí mismo y ordenó abrir una pieza -“para agilizar la instrucción”- dedicada en solitario a la Faffe.

Durante la investigación, la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción han ido concretando las cifras de las presuntas ilegalidades. Así, tanto la la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado como el Ministerio Público consideran que los directivos de la Faffe realizaron contratos “indiciariamente irregulares” al menos por un importe de 9.465.332 euros. “La fundación habría adjudicado la mayoría de los contratos tramitados entre los años 2008, 2009 y 2010 mediante procedimientos de adjudicación simplificados, adjudicación directa, general y simplificados con y sin publicidad, que según la normativa tendría carácter excepcional”.

Como consecuencia, la jueza Núñez mantiene como investigadas por presuntos delitos de prevaricación y malversación a 23 personas, entre las que está el ex director general de la Faffe Fernando Villén.

Las pesquisas de la magistrada, quien encargó a la Guardia Civil que investigase todos los gastos de los directivos con las tarjetas de crédito de la Junta de Andalucía que manejaban, revelaron que durante seis años, entre 2004 y 2010, Villén gastó al menos 31.969 euros en 43 pagos en los prostíbulos Don Angelo, Club Top Show, Sala Deluxe, La Casita, y Bahía Dos. En la Faffe, los directivos tenían acceso a trece cuentas corrientes y ocho tarjetas de crédito: dos Visa, cinco American Express y una Mastercard. La Guardia Civil tiene documentado que Villén al menos efectuó pagos con esas tarjetas para "gastos personales" por importe de más de 80.000 euros.

La primera reunión

La primera reunión -que tiene un carácter secreto- de la comisión de investigación ha durado unos 20 minutos. Y en ella Moreno ha resultado elegido presidente con el apoyo de su grupo, el de Ciudadanos, y del PP. Su candidatura ha competido con la de Adelante Andalucía, que ha presentado a la parlamentaria Maribel Mora como candidata a ocupar el cargo, y la de Vox, que ha propuesto para presidir la comisión al presidente de su grupo Francisco Serrano. Las candidaturas de Adelante y Vox recabaron solo el apoyo de sus propios partidos, mientras que el PSOE decidió no presentar ningún candidato y abstenerse en todas las votaciones, según recoge Europa Press.

Así, Ciudadanos se queda con la presidencia de la comisión, un cargo que había estado negociando hasta último momento con el PP. Una de las banderas que quiere enarbolar el partido que dirige Albert Rivera en Andalucía es la de la regeneración democrática.