La mesa de la comisión de investigación sobre la Operación Kitchen ha acordado este martes retrasar la comparecencia del extesorero del PP Luis Bárcenas del 11 al 17 de marzo, ya que coincide con el juicio por el caso de la caja B del PP, que tiene previsto retomar la próxima semana la Audiencia Nacional. Lo mismo ocurre con la declaración de Miguel Ángel Bayo Herranz, facultativo de la Dirección General de la Policía, conocido como "hombre del maletín" por llevar los documentos de los fondos reservados de Interior a la Policía, que también se retrasará al próximo 17 de marzo.

Por lo tanto, la comisión, que pretende investigar la operación parapolicial organizada por el Ministerio de Interior —a instancias del PP y pagada con fondos reservados— para espiar a Bárcenas y eliminar pruebas incriminatorias sobre la corrupción de la formación, comenzará el turno de comparecencias casi tres meses después de su constitución, el tiempo inicial estimado para la duración de los trabajos.

En este sentido, el órgano parlamentario propondrá ampliar el plazo, como mínimo tres meses más, para que puedan desfilar en sede parlamentaria los 30 policías, comisarios, y dirigentes de Interior y del PP llamados a declarar en un primer turno de comparecencias. Fuentes de la comisión aseguran a este medio que la ampliación se debatirá el próximo 11 de marzo, aunque la decisión final tendrá que ser ratificada en el Pleno del Congreso, tal como viene reflejado en el plan de trabajo de PSOE y Unidas Podemos, los grupos impulsores de la comisión.

Cabe destacar que, a pesar de que se celebraran sesiones extraordinarias en enero para dar salida a los trabajos de la comisión, las vacaciones de Navidad, las elecciones catalanas y ahora el cambio de fecha para el juicio de la caja B del PP han retrasado el inicio de las comparecencias fijadas por ahora, que finalizarán previsiblemente con el interrogatorio al expresidente del Gobierno y del PP Mariano Rajoy.

Se hablará sobre la negativa del juez a entregar la documentación

Asimismo, ese mismo día la comisión tiene previsto analizar la negativa del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón de enviar al Congreso la documentación que obra en el sumario de la causa judicial, ya que el procedimiento se encuentra en fase de instrucción y por lo tanto, "con carácter reservado", tal como confirmó el magistrado en un escrito dirigido a la Cámara Baja. 

El juez instructor del caso alegó también que "la necesaria preservación y garantía de la independencia judicial y de los derechos fundamentales de las partes y terceras personas, dado el momento procesal en el que nos encontramos y el buen fin del procedimiento, suponen límites infranqueables que, en el presente caso, se verían afectados por la remisión de documentación judicial al órgano parlamentario".

En concreto, la comisión de investigación solicitó los informes de la UDEF sobre las causas de corrupción contra el PP vinculadas a la Gürtel, los papeles de Bárcenas, Púnica, Lezo o la propia Operación Kitchen, "sin vulnerar la reserva de los sumarios que se están instruyendo".

Además, la grabación de Villarejo a Cospedal y López del Hierro, en la que éste último aseguró que Rajoy aprobaba los trabajos que encargaba al excomisario; la conversación de Villarejo con sus socios, los empresarios Adrián de la Joya y Alberto Pedraza; la agenda del excomisario; la documentación acreditativa de la financiación de la Operación Kitchen con cargo a los fondos reservados; y los archivos del móvil del número dos de Fernández Díaz. Sobre éste último, también se solicitó dos actas notariales en las que Francisco Martínez certificó los mensajes intercambiados con el exministro de Interior, evidenciando que sabía del espionaje a Bárcenas.

También, se requirió, entre otros documentos, el informe elaborado por Fuentes Gago sobre la incompatibilidad de trabajo de comisario con las actividades empresariales de Villarejo, así como los expedientes de concesión de medallas de oro, plata o roja entregadas, bajo los mandatos de Fernández Díaz y Juan Ignacio Zoido al frente de Interior, a comisarios, inspectores jefes, inspectores y a otras personas ajenas al cuerpo.

El juez García-Castellón levantó el secreto de sumario de la pieza 7 de la macrocausa Tándem —más conocida como caso Villarejo—, por lo que gran parte de la información se ha hecho pública a través de los medios de comunicación. "Hay una parte que es aún secreta, pero ninguno de los papeles que ha pedido el Congreso forma parte de esa información secreta", explican a Público estas fuentes.