La comisión para la reconstrucción para afrontar las consecuencias del coronavirus no genera consensos entre los grupos políticos, tanto por el formato como por el contenido. El Ejecutivo de coalición planteó, en primer lugar, un foro extraparlamentario —que bautizó como 'los nuevos Pactos de la Moncloa'—para buscar una salida conjunta a la crisis. Sin embargo, el pasado lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, accedió a trasladar esta mesa de partidos a una comisión en el Congreso con el fin de que el PP también participara.

Los grupos son conscientes de que la decisión de convertir este foro en una comisión parlamentaria viene de un acuerdo entre el PP y el PSOE, los dos grupos mayoritarios del Congreso, pero el giro de Sánchez para atraer al líder del PP, Pablo Casado, no ha logrado convencer a todas las formaciones y, de hecho, ha causado cierta división.

De una parte, están los grupos que se muestran reticentes con que la mesa se lleve a la Cámara Baja. Tanto el Partido Nacionalista Vasco (PNV) como Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) han avanzado que participarán en los acuerdos, pero la comisión no termina de convencer a catalanes y vascos. Fuentes parlamentarias explican a Público que, tal y como está el ambiente político en el Congreso, hay dudas sobre que este órgano pueda ser de utilidad.

Hace ya tiempo que el Parlamento no es el escenario de grandes acuerdos, y una buena prueba de ello es la sequía legislativa que asola al Congreso desde hace varias legislaturas, fruto directo de la inestabilidad política y de la dificultad para sumar mayorías reforzadas. Sin embargo, también hay formaciones, más allá de PSOE y PP, que ven con buenos ojos el traslado de la mesa de reconstrucción a la Cámara Baja.

Los partidos minoritarios, que están integrados en grupos donde comparten el trabajo parlamentario con otras fuerzas, defienden que la utilidad de crear una comisión reside, a su juicio, en que es más factible llevar a cabo un debate transparente donde sean consideradas todas las propuestas.

"Nos parece mejor un debate en sede parlamentaria abierta que lo que se venía proponiendo", defienden fuentes del Grupo Plural, que expresan su desconfianza de que en una mesa de partidos extraparlamentaria sus propuestas no tengan visibilidad y acaben imponiéndose las de los partidos grandes sin que se conozcan el resto. Otras formaciones, como Ciudadanos o Compromís, apoyan ambos formatos, pero demandan que se comience a trabajar cuanto antes.

Esta división no se extrapola a la finalidad que debería tener la eventual comisión. La mayoría de los grupos del Congreso no ven con buenos ojos la propuesta del PP para incluir entre los objetivos del órgano una labor de control y fiscalización de la gestión del Gobierno en la crisis de la covid-19. Una ‘visión’ que extienden a la pretensión de los conservadores de presidirla.

El PP se queda solo en su propuesta de fiscalización al Gobierno

Los populares exigieron a Sánchez que las propuestas fueran de carácter público, con "luz y taquígrafos", para que el Ejecutivo no aprovechara para "mutualizar errores", como creen que ha sucedido hasta ahora. Sin embargo, la intención de los conservadores no es llegar a un acuerdo común, sino fiscalizar la gestión del Gobierno durante la pandemia convirtiéndola en una suerte de comisión de investigación para exigir comparecencias de ministros, altos cargos y expertos.

Esta propuesta de comisión no obtiene ningún respaldo entre los grupos, más allá de un posible apoyo de Vox. Las formaciones que integran la Cámara Baja prefieren que se utilice para llegar a acuerdos en materia económica, sanitaria y social en cuanto finalice el estado de alarma y no creen que la finalidad del foro sea decidir lo que ha hecho bien o mal el Gobierno.

"La fiscalización y el control al gobierno lo seguiremos haciendo, pero esa comisión tiene que servir para pasar a definir qué medidas sanitarias se van a tomar, cómo se va a hacer el desconfinamiento, las medidas económicas que hay que poner sobre la mesa y la posición común en Europa", ha explicado la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, este jueves en rueda de prensa, negándose así a la propuesta que plantea el PP. Es más, la portavoz de Cs ha sugerido que sea su formación quien la presida.

"Participaremos si se crea, como siempre hemos hecho, y lo haremos con la mirada puesta en superar la crisis económica y social que se deriva de la crisis sanitaria, y también para evitar que algunos, aprovechando una situación complicada como es la de esta pandemia, intenten socavar el grado de autonomía de las instituciones", explican, por su parte, desde el PNV.

Tampoco en Bildu, ERC ni Compromís convence la propuesta de introducir entre los acuerdos de reconstrucción un control al Gobierno. "Si se hace, este no es el foro", añaden fuentes del Congreso. "La finalidad de los pactos es reconstruir, no destruir", alegan los valencianos. El BNG avanza que el debate no se puede hacer en base a unas medidas económicas pensadas "en clave estatal y sin pensar en los colectivos más vulnerables". Desde el miércoles, el PSOE, al igual que hicieron el miércoles los populares, se ha puesto en contacto con varios grupos de la Cámara para trasladarles su propuesta sobre la comisión.

Los socialistas habían avanzado un esbozo en el que se establecía una comisión general de nueva creación que articularía los grandes acuerdos en base a las conclusiones de cuatro grupos de trabajo que se centrarían en: recuperación de la actividad económica; políticas sociales; refuerzo de la Sanidad pública y lograr una posición común (una propuesta de Estado) ante la Unión Europea.