La comisión parlamentaria de investigación sobre el uso partidista de los recursos del ministerio del Interior durante el mandato de Jorge Fernández Díaz, conocida como la etapa de las “cloacas de Interior”, cerrará sus conclusiones el próximo día 20 de julio. Ese acuerdo se ha adoptado en una breve reunión de los comisionados, según ha informado su presidente, Mikel Legarda (PNV).

La decisión conlleva el fin de los trabajos indagatorios de la comisión de investigación, creada tras la difusión en Público hace ahora trece meses de unas conversaciones entre Daniel de Alfonso, director de la OAC (Oficina Antifrau de Catalunya) y el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en las que se puso de manifiesto impulsar operaciones en contra del proceso soberanista en Catalunya y de sus promotores.

Aquella exclusiva de este periódico generó un gran escándalo político y puso al descubierto la existencia de una trama de “policía política” al margen de las estructuras orgánicas del ministerio y de la propia Policía Nacional para ejecutar actividades paralelas a las misiones oficiales o al margen de todo control judicial.

Los trabajos de esta comisión, aprobada por el pleno del Congreso de los Diputados el pasado mes de septiembre, tardaron en ponerse en marcha debido a una larga convalecencia por enfermedad de Fernández Díaz. Finalmente, el ex ministro compareció el pasado 5 de abril ante los comisionados; el mismo día lo hizo el ex director de la OAC. Ambos no siguieron en sus respectivos cargos tras estallar el escándalo.

Además de estas dos comparecencias también fue llamado a declarar el ex director general de la Policía, Ignacio Cosidó, actualmente senador por designación de las Cortes de Castilla y León. Finalmente, el pasado día 5 lo hicieron dos ex altos cargos policiales: el ex director adjunto operativo (DAO) en la etapa investigada, el comisario Eugenio Pino, y su ex jefe de gabinete, el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago.

Otras comparecencias solicitadas – los comisarios José Manuel Villarejo y Marcelino Martín- Blas – fueron vetadas por los grupos popular, socialista y de Ciudadanos en medio de fuertes críticas por entender que conllevaba una clara intención de obstruir las investigaciones. Además, estos grupos se opusieron a la prolongación de los trabajos de esta comisión de investigación, cuyo plazo para finalizar su tarea quedó fijado por el pleno de la cámara para el próximo día 31.

En ese contexto la actividad de los comisionados tenía escaso margen para progresar a partir de la reunión celebrada este miércoles. “Hemos acordado intercambiar propuestas hasta el lunes para negociar un contenido lo más amplio posible para las conclusiones finales que deberán quedar redactadas en la reunión que celebraremos el próximo jueves”, ha declarado Mikel Legarda al finalizar el encuentro de hoy.

El representante de ERC, Gabriel Rufián, ha explicado someramente que sus propuestas (ver PDF) contienen 17 puntos que incluyen la petición de dimisión del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy “como máximo responsable de lo que ocurrió en el ministerio del Interior bajo el mandato de Fernández Díaz”.

Este grupo también se solicita el establecimiento de controles rígidos en los nombramientos de cargos policiales “para evitar que alguien lo destinen a la Casa Real sin que Zarzuela lo supiese”, ha dicho Rufián en clara referencia al nombramiento administrativo del inspector jefe Fuentes Gago mientras trabajo como jefe de gabinete del DAO. También solicitan que se pasen a la Fiscalía algunos aspectos de las declaraciones de los comparecientes.

Los otros grupos minoritarios como PNV y PDeCAT también han llevado a esta reunión sus propias conclusiones, cosa que no han hecho el grupo popular, el grupo socialista y el grupo de Unidos Podemos que esperarán elaborarlas para su intercambio con el resto de formaciones políticas la semana próxima, según sus portavoces.

El grupo popular, que se opuso a la creación de esta comisión, se pronunciará en contra de todas las propuestas de la oposición por entender que se ha pretendido atentar contra el prestigio de la policía y del Gobierno presidido por Rajoy.

Las conclusiones se elaborarán a partir de los puntos que reciban una mayoría de votos, aunque aquellos puntos que no reciban un respaldo suficiente se incorporarán como votos particulares. Esas conclusiones deberán pasar a un pleno de la cámara para su debate y votación, cosa que previsiblemente ocurrirá a mediados del mes de septiembre.