La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid y el periodista Alfonso Merlos han acordado cesar su relación profesional tras los últimos acontecimientos sobre la difusión de un vídeo del comunicador donde aparece una mujer semidesnuda detrás que no era su pareja durante el confinamiento.

Así lo ha revelado Confilegal este miércoles. Merlos estaba contratado por el Colegio de Abogados a razón de 181.500 euros anuales, a través de la empresa Trocadero Comunicación, S.L.

Se da la circunstancia de que la Junta de Gobierno contrató a esta empresa 'a dedo', a pesar de que el Colegio es una corporación de derecho público, y cuando se había acordado contratarlo como persona física.

La Asociación Libre de Abogados (ALA) había reclamado el cese en el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) de Merlos por "irregularidades mercantiles" ya que su empresa fue contratada en 2018 cuando no había depositado las cuentas, sin concurso ni convocatoria pública.

Esta asociación considera que el cese no pone punto final a la polémica interna. Requieren que el decano, José María Alonso, explique en qué momento se decide inclumplir el acuerdo de la Junta de Gobierno "para imponer la contratación de una S.L, cuando como abogados conocen bien las diferencias jurídicas y las consecuencias fiscales, economicas y de Seguridad Social" que tienen para el ICAM, según fuentes de ALA.

Los términos del contrato de la empresa de Merlos se conocieron el 3 de mayo, en plena polémica, cuando fue colgado en la web de Colegio de Abogados de Madrid.

Partido en dos

El culebrón ‘Merlo’s Place’, la fórmula de contratación y la elevada cuantía del contrato partió en dos a los 14 miembros de la Junta de Gobierno. 

En un bloque de la Junta se encuentra el decano Alonso, expresidente de Baker & McKenzie quien era el valedor de Merlos porque llevó su campaña para alcanzar el poder del colegio profesional en 2017. Está apoyado por  el secretario José Ignacio Monedero y los diputados Luis Fernando Guerra y Manuel Martín. En otro bloque se sitúa la vicedecana Begoña Castro Jover, que cuenta con el apoyo de diputados como Ángeles Cerrillo o Eugenio Ribón.

La solución intermedia que se encontraron ambos bloques era revisar la contratación de Merlos y limitar sus intervenciones políticas en televisión. Al final, se ha optado por el acuerdo mucho de cese de la relación profesional.

Además de los 181.500 euros de ingresos, el periodista percibió un ‘bonus’ de 30.000 euros al reducir costes de su departamento con el despido de cuatro empleados y la contratación de otros dos. Estos cuatro despidos fue finalmente declarados como improcedentes y este coste fue asumido por el colegio de abogados madrileño.