La Fiscalía ha allanado el camino para el regreso de Juan Carlos I a España, al exonerarle de responsabilidad penal por sus negocios opacos y su patrimonio escondido al fisco. Pero, pese al archivo de las investigaciones prejudiciales del Ministerio Público, la imagen del exjefe del Estado aún arrastra manchas difíciles de borrar, ya que la Fiscalía ha constatado delitos, como el de cohecho, que no le son imputables por la inviolabilidad de la que gozó hasta su abdicación, en 2014, y por la prescripción de los ilícitos.

Además, las dos regularizaciones ante Hacienda, en diciembre de 2020 y febrero de 2021, consentidas por la Fiscalía, pese a haber sido advertido por ella de que se le estaba investigando por presuntos delitos fiscales, lo que invalidaría una regularización para cualquier ciudadano, han propiciado que tampoco reciba reproche penal del fisco.

La inviolabilidad de la que gozó entre 1975 y 2014 como rey de España y la prescripción han sido los motivos que ha esgrimido el Ministerio Público para el archivo del delito de cohecho. La millonaria donación que recibió del rey de Arabia Saudí, 100 millones de dólares, en la cuenta en Suiza de la fundación panameña Lucum, de la que Juan Carlos I era el principal beneficiario, el 8 de agosto de 2008, podría ser "el regalo que pudiera haber sido recibido en consideración a la condición de Jefe del Estado, y, por tanto, susceptible de integrar el delito de cohecho del artículo 422 del Código Penal. Sin embargo, este posible delito estaría claramente prescrito", consta en el decreto de archivo firmado por el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón. 

La Fiscalía suiza, que también investigó el regalo del rey saudí al monarca español, archivó el pasado diciembre sus pesquisas al no poder determinar que la donación fuera en realidad una comisión ilegal por la adjudicación, en octubre de 2011, a un consorcio español para la construcción del AVE a la Meca. 

La cuenta de la Fundación Lucum, nutrida con sospechosas donaciones, fue una más de las que atesoró Juan Carlos I siendo jefe del Estado español. La investigación de la Fiscalía sobre el presunto delito de blanqueo de capitales en relación de un trust en el paraíso fiscal de Jersey ha arrojado luz sobre dos fondos ocultos y muy abultados de los que dispuso el monarca a su antojo, sin dar explicaciones a las autoridades españolas. Dice la Fiscalía que  "probablemente nunca se conocerá con total certeza el origen de los fondos con los que fueron creados". 

Ingresos de personas anónimas

Según hace constar la Fiscalía en uno de sus dos decretos de archivo de este miércoles, los cinco millones de dólares integrados en los trusts Tartessos y Hereu, propiedad de Juan Carlos de Borbón, fundados en 1995 y 1997 respectivamente, en Jersey, procedían de una cuenta de la sociedad Nadine BVI Limited, que recibía ingresos de "personas anónimas" que por "razones desconocidas" en "las décadas de los 50, 60 y 70 del siglo pasado" estuvieron llenado las arcas del que estaba llamado a ser el sucesor del dictador Franco. 

En 1999 se transfirieron casi 9.000.000 de dólares, "también por razones desconocidas", a Tartessos Trust por orden de Simeón de Bulgaria, que por entonces no ostentaba cargo político alguno. La Fiscalía consigna así al menos 14 millones de dólares con destino a esos dos trusts.

Como cabeza visible de esos dos fondos opacos figuraba Manuel de Prado y Colón de Carvajal, administrador y mano derecha Juan Carlos de Borbón, hasta que murió, en 2009. Público ha desvelado en numerosos reportajes cómo se fraguó la fortuna del hoy rey emérito, con actividades que incluyeron la venta de armas. Colón de Carvajal participó de esos negocios y acabó condenado por varios casos de corrupción.

Embarazosas explicaciones

La Fiscalía recoge el testimonio de John Ruddy, entonces general manager del Bank of Bermuda Trust, que en una declaración interna del banco explicó que Colón de Carvajal le aconsejó, a finales de 2003, a Juan Carlos I cerrar los dos trust. "En 2004 la situación política en España era estable, el heredero, hoy Rey Felipe VI, acababa de contraer matrimonio, la monarquía gozaba de prestigio y el conocimiento público de la existencia de los trust, con la presencia en ellos de D. Manuel de Prado —ya entonces condenado por la Audiencia Nacional—, hubiera exigido embarazosas explicaciones. Por estas razones, S.M. D. Juan Carlos de Borbón decidió liquidar los trusts y traspasar sus fondos a D. Joaquín Romero Maura". 

¿Quién es Joaquín Romero Maura, cuyas iniciales dan nombre al nuevo trust que se abrió en Jersey --The JRM 2004 Trust-- con los fondos procedentes de los dos trust del entonces rey español? Es nieto del político Miguel Maura (1887-1971), ministro de la Gobernación del Gobierno provisional de la Segunda República, militante de la derecha republicana, que a su vez fue hijo del político conservador Antonio Maura, presidente del Gobierno durante el reinado de Alfonso XIII. Joaquín Romero es un reputado historiador, formado en la Universidad de Oxford.

Él mismo firmó una declaración, en 2006, sobre cómo habían llegado a su poder los fondos de Jersey, en el marco de una investigación interna de los gestores del trust, abierto en 2004. La Fiscalía recoge algunos fragmentos: "En diciembre de 2003 —relata el sr. Romero Maura en su escrito— se reunió con el entonces Rey de España, quien le explicó que el propósito inicial de los trusts Tartessos y Hereu había devenido innecesario y que, por el contrario, de ser conocida su existencia por la opinión pública española resultaría embarazoso para la monarquía. Por eso había decidido entregarle todos sus fondos, en atención a su amistad de muchos años y a los servicios prestados por su familia a la monarquía durante generaciones".

El destino de los fondos

¿Qué ha hecho Joaquín Romero Maura con los fondos del rey emérito? Pues ha comprado varios inmuebles en Suiza y en Gran Bretaña. Según John Ruddy, responsable del banco donde se aloja el trust, "sólo ha autorizado disposiciones de fondos en favor de Joaquín Romero Maura, las más significativas para financiar la compra de propiedades para él y su esposa, tanto en el Reino Unido como en Suiza. "Nunca a terceros", resalta la Fiscalía. 

Es por eso que el Ministerio Público, lejos de proponer una investigación sobre si el historiador pudiera ser en realidad un presunto testaferro de Juan Carlos I, archiva las pesquisas por estos hechos concluyendo que no hay indicios que permitan dirigir reproche penal contra el rey emérito, en concreto un presunto delito de blanqueo de capitales.

La Fiscalía sostiene que no ha encontrado vínculos entre el trust JRM 2004 Trust y Juan Carlos I a partir de 2004 y "especialmente, desde junio de 2014 [cuando se produjo la abdicación de Juan Carlos I]". Las disposiciones de fondos realizadas por el titular, Joaquín Romero Maura, que aporta el Ministerio Público en su decreto indican retiradas de dinero entre 2013 y 2016 que suman algo más de de dos millones de dólares.