El titular del Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha librado una providencia en la que da quince días a la unidad investigadora para elaborar un informe sobre las relaciones entre el comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo, el ex jefe policial Enrique García Castaño y el narcotraficante Clemente Marcet, al que ambos se referían como Scorpy, así como las implicaciones que pudiera tener sobre la seguridad nacional o materias clasificadas.

El documento tiene su origen en una batería de diligencias instada al juzgado por Podemos, que ejerce la acusación popular en el caso Villarejo al hilo de una serie de documentos desvelados por Público que relacionaban a Marcet con el excomisario cuando estaba siendo investigado por el entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

En un audio de 2005 que recogía Podemos en aquel escrito, García Castaño daba a entender a Villarejo que Garzón le había comunicado su intención de levantar el secreto de sumario en la investigación de Clemente Marcet, reclamado en varios países por delitos relacionados con el narcotráfico, antes de dejar su puesto en el juzgado. Ese material obra en la causa, pues fue intervenido al excomisario tras su detención en 2017.

Podemos pedía por ello que se recabasen del Decanato de la Audiencia Nacional tanto las diligencias previas que instruyó Garzón sobre Clemente Marcet como cualquier otro procedimiento judicial que hubiera tenido en estos juzgados, ya fuese una extradición, una orden europea de entrega o unas diligencias en la que hubiera estado involucrado, ante la sospecha de que pudo producirse un delito de blanqueo y vaciamiento patrimonial orquestada por él junto a los dos mandos policiales.

Tras atender al escrito de Podemos, registrado el 28 de febrero, y dar traslado a la Fiscalía Anticorrupción, el juez, para quien podría tratarse de "un delito de blanqueo de capitales" pide a la unidad que investiga los archivos de Villarejo que "en el término de quince días anticipe el informe que le ha sido requerido" sobre los dispositivos donde el excomisario almacenaba la información y los audios que implican a Clemente Marcet.

Solicita además que "informe si el contenido de aquellos puede afectar a información legalmente clasificada o al secreto que se tiene ordenado en otras piezas que se siguen en este procedimiento", dado que la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ya impuso que sobre el material obrante en la causa se realizasen expurgos para evitar la puesta a disposición de las partes de contenidos que pudieran afectar a la seguridad nacional o a secretos oficiales.

Fuentes jurídicas consultadas explican que el objeto del informe será además enmarcar este caso en la causa, dado que se desconoce si el presunto delito de blanqueo que se denuncia y los posibles implicados podrían encajar en alguna de las piezas separadas de investigación que ya están abiertas o, por el contrario, motivaría la apertura de una línea nueva.