En todas las piezas del 'caso Tándem' que instruye el Juzgado Central nº 6 de la Audiencia Nacional se investigan dos posibles hechos delictivos conexos, en los que habrían participado los policías implicados: la prestación de servicios remunerados e incompatibles con la condición de policía y, el blanqueo subsiguiente, si las ganancias son reinvertidas en el circuito legal.

Carlos Salamanca Vilches (1956) fue comisario de Alicante hasta el 8 de junio 2006, Jefe del Puesto Fronterizo del Aeropuerto de Madrid-Barajas hasta el 14 enero de 2015 y Comisario Jefe de la Unidad Central de Fronteras hasta noviembre de 2017, mes en el que es detenido junto al comisario José Manuel Villarejo.

A Salamanca se le investiga, por un lado, en la pieza principal 'King' por su supuesta participación en el blanqueo de los fondos de Gepetrol (la empresa pública del petróleo de Guinea Ecuatorial) desviados por sus máximos directivos, a la sazón familiares de la mujer del presidente Obiang. Y por otro, en una pieza separada, por supuestamente permitir a dichos directivos franquear de manera ilegal el Puesto Fronterizo de Barajas mediante la expedición de "visados en frontera";  un procedimiento que, como máximo, permite una estancia de 15 días y que "tendrá un carácter excepcional, orientado a resolver situaciones urgentes de tipo humanitario, de interés nacional o derivadas de obligaciones internacionales" de acuerdo con las normas vigentes en dichas fechas.

A cambio de todo ello y de otros servicios prestados con anterioridad, la fiscalía cree que Salamanca obtuvo el disfrute de vehículos y la posesión de relojes de alta gama, viajes, uso de palcos deportivos, así como dinero en efectivo. Uno de los relojes intervenidos, por ejemplo, le fue regalado como "mero acto de amistad" por Antonio Asenjo, jefe de seguridad de lberdrola hasta fechas recientes, según un escrito firmado por él mismo y aportado a la causa por la defensa del ex comisario de Barajas. Un nivel de vida fuera del alcance de un salario que, en 2016, rondó, según datos del sumario, los 75.000 euros brutos anuales.

Inversiones investigadas

Así, a la posesión de un chalé en Colmenar Viejo, la investigación añade, desde al menos 2005, ocho vehículos de alta gama en los que Carlos Salamanca figuró como tomador del seguro y conductor, pero no como propietario, y de los que cuatro eran de tres sociedades de Villarejo (Club Exclusivo de Transacciones y Negocios SL, Hispania Quality Development SL y Stuart Mckenzie SL) y otros cuatro fueron adquiridos por los guineanos y otros dos empresarios.

Uno de estos cuatro últimos, un Porsche Panamera, era propiedad de una sociedad vinculada a los directivos guineanos de Gepetrol y/o sus representantes (Inversiones Llavanera SL). Otro Porsche, en este caso modelo Cayenne, estuvo hasta 2012 a nombre de Fernando Luengo Juan, empresario de origen ecuatoguineano y afincado en Getafe, dedicado a servicios de seguridad, limpieza, jardinería etc. Un séptimo vehículo estaba titulado por una empresa de Pedro Iglesias Moure, implicado en el 'caso Miami Brickell Bay Drive' de la caja de ahorros balear Sa Nostra, donde se investigó la volatilización de 50 millones de euros salidos de la caja para señalizar (opción de compra) unos terrenos en Miami donde supuestamente se iban a promocionar dos rascacielos. Y, por último, había un Audi de Legalitas Asistencia Legal, firma propiedad de Alfonso Carrascosa, de quien, además, Villarejo se declara amigo en varias conversaciones que grabó (por ejemplo con De la Joya y un socio de este) y que se encuentran en el sumario.

Según las conversaciones entre el otro comisario imputado, Enrique García Castaño, Villarejo y Salamanca supuestamente grabadas en el año 2005, Carlos Salamanca presentaba potenciales clientes a Villarejo que este correspondía con la promesa de un comportamiento generoso de los "Reyes Magos", ante lo que Salamanca le indicaba que "ya le diría el modelo de coche que más le gustaba", según consta en el sumario.

No obstante, Salamanca responde a los fiscales del 'caso Tándem' que los vehículos los titulaban sociedades de Villarejo para "ahorrarse el IVA", pero que "los pagó él", y que el resto de bienes de lujo se los pudo permitir porque procedían de, o bien "regalos de amistad", especialmente de su "compadre" Francisco Menéndez (representante de los guineanos), o de su bolsillo.

Un bolsillo que se llenó, según Salamanca, con los ingresos extra de una indemnización por accidente de 143.000 euros en 2002 y de 800.000 euros en 2012 de dos décimos premiados con el Gordo de Navidad y que adquirió, según declara a los letrados de la defensa, mediante un "cambio de lotería" con "Time Force"; según el Registro de Patentes y Marcas, esta marca es propiedad de Higuer 2006 SL, una empresa administrada por Roberto López Haba. Salamanca añade que en dicho intercambio de suerte, su "compadre" Menéndez  "cogió dos décimos".

Dehesa 'La Zamorana' y los Sánchez Lázaro

De acuerdo con la declaración del comisario y los datos bancarios y notariales incorporados al sumario, el matrimonio Salamanca, en régimen de gananciales, destinó los 800.000 euros ingresados en 2012, primero a un depósito en el BBVA que no tocaron hasta 2014, y luego a distintos empréstitos y operaciones: un préstamo de 113.000 euros a su hijo; otro de 500.000 a Dehesa Zamorana SL, propiedad del que describe como su "íntimo amigo" Fernando Sánchez Lázaro; y por último, la compra, por 24.656 euros, del 25% de las acciones de Cosmoceutical Health & Beauty SL, un centro estético ubicado en la calle Velázquez 115 de Madrid del que eran accionistas y fundadoras la periodista Cristina Tárrega y la controvertida asesora financiera Mónica Gil Manzano. El centro cerró sus puertas en julio de 2017. 

Fiscal: ¿Recuerda donde invirtió el dinero del segundo premio, el de 2012?
Salamanca: ¿El de los 800.000 euros? Sí, […] en una donación a mi hijo, en gastos generales […] y 500.000 euros como un préstamo a un amigo mío con su correspondiente interés, registrado notarialmente.
Fiscal: A un amigo... ¿una persona física o una persona jurídica?
Salamanca: Jurídica. Él es Fernando Sánchez Lázaro y la empresa, Dehesa Zamorana SL.
Fiscal: ¿Hay algún vínculo entre Dehesa Zamorana SL, usted o sus familiares?
Salamanca: Puede haber uno y es que Dehesa Zamorana y mi mujer participan en una sociedad. [Se trata de Cosmoceutical Health & Beauty SL, como aclara al fiscal más tarde].

Dehesa Zamorana SL tenía como objeto la propiedad y explotación de la finca cacereña La Zamorana, antes también controlada por Sánchez Lázaro a través de Agrícola Guadalest SL desde que, en 2001, se la adquiere a Manolo Prado Colón y Carvajal junto con los derechos de hierro y el ganado. Según las cuentas de 2015, últimas presentadas, Dehesa Zamorana SL perdió más de 200.000 euros, con un millón de euros de cifra de negocio de la que la mitad corresponde a ingresos por subvenciones. 

La memoria indica que el préstamo concedido por Salamanca no se empieza a devolver hasta 2017, a razón de 100.000 euros anuales.

En el primer trimestre de 2015, Dehesa La Zamorana SL y/o sus accionistas habían constituido varias sociedades (Mundo Tabaco y Desarrollo SL, Tabaco Siglo XXI SL y Verde, Blanco y Negro SL) para iniciar un negocio integral de tabaco de picadura (secado, envasado y comercialización) bajo la marca Quercus en el que participaban, en la producción o en la distribución, el hijo de Carlos Salamanca, Cristina Tárrega, un torero y otros empresarios locales. En 2018 las sociedades no habían aún presentado cuentas, dando muestra de inactividad. A la presentación de Quercus acudieron el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, el matrimonio Salamanca, y Cristina Tárrega, que actuó de maestra de ceremonias, como puede verse en el vídeo que se grabó para la ocasión.

Del 'tamayazo' a la empresa de Luis Bárcenas

Los Sánchez Lázaro son una polémica familia. Javier, hermano de Fernando, figura como accionista de Netcheck SA, una de las empresas a las que Bárcenas transfirió fondos suizos. La fiscalía pidió en el juzgado 34 de Madrid siete años de prisión para él por el vaciado patrimonial de Comercializadora Peninsular de Viviendas SL (CPV). 

Roberto López Haba, suministrador de los décimos de lotería, dirige un grupo inmobiliario y junto con Sánchez Lázaro presenta vínculos con personajes implicados en el tamayazo: Eduardo Tamayo creó un partido político en el edificio donde tenía sede una empresa de un socio de Sánchez Lázaro, mientras que López Haba compartió cargos, hasta 2012, en Euroholding Corporación Financiera e Inmobiliaria SA, la empresa de los constructores que participaron en el tamayazo, Francisco Bravo y Francisco Vázquez.

La cercanía de Cristina Tárrega con Salamanca y otras personas de su círculo de amistades, como Francisco Granados y David Marjaliza, se constató ya en la documentación gráfica de la celebración de una medalla concedida al comisario y en los pinchazos del 'caso Púnica'.

En dichos audios se les oye realizar gestiones para tratar de colocar el local de Marqués de Riscal 11 de Madrid (antigua discoteca Archy), sobre el que pesaban importantes deudas.

Mónica Gil Manzano, cosocia de Cristina Tárrega y de la mujer de Salamanca en el centro de estética, fue condenada en 2017 y 2018 a 18 meses de prisión por "apropiarse" del dinero que le entregaban sus clientes en lugar de "invertirlo" en lo que les prometía. El dinero era ingresado por sociedades controladas por Gil Manzano que tenían sede en el edificio de la Plaza del Marqués de Salamanca 11 de Madrid; edificio que, curiosamente, fue propiedad de la primera mujer de Ignacio López del Hierro (apodado El Polla por Villarejo) hasta su venta en 2018 al asturiano Blas Herrero.

Fuentes cercanas a la periodista aseguran que "la relación con Tárrega fue completamente circunstancial y ella se sintió estafada; también fue una de las víctimas de la condenada, Mónica Gil Manzano". 

Cristina Tárrega y Gil Manzano invirtieron asimismo en New Meloil SL, junto a otras caras conocidas como Carlos Sainz, para participar en una futura planta de biodiésel en Cuenca que impulsaba una parte de la familia Torres (cofundadora de ACS con Florentino Pérez).

El negocio, basado en una tecnología llamada "kurata", fracasó a pesar de las importantes subvenciones recibidas. En 2015 se admitió a trámite una querella en el juzgado nº 4 de Madrid presentada por un inversor, a la que se unió Carlos Sainz en 2016. A la familia Torres pertenece Joaquín Torres, supuesto perjudicado por los hechos que se investigan en la pieza separada 'Land', también del 'caso Tándem', que profundiza en la contratación del comisario Villarejo por Susana García-Cereceda, una de las dueñas de la urbanización La Finca en la que Torres era el arquitecto.