Iberdrola fue otra de las empresas del Ibex-35 que pagó al comisario José Manuel Villarejo mientras estaba en activo dentro de la Policía Nacional. Según la factura que ha conseguido Público en exclusiva –y que desconocemos si obra en el sumario de la Operación Tándem, por la que fue enviado a la prisión de Estremera donde continúa, ya que está bajo secreto–, al menos cobró 116.000 euros en octubre de 2004 de la eléctrica que dirige Ignacio Sánchez Galán.

La empresa no niega la relación, pero puntualiza que "Iberdrola tiene relaciones contractuales con sociedades legalmente establecidas para la prestación de diferentes servicios, dentro de la más estricta legalidad".

El ahora preso José Manuel Villarejo Pérez alega que todos los ministros de Interior y directores de los servicios de espionaje de la democracia le permitieron que las grandes empresas y los millonarios del país le contrataran para recibir “servicios de control (información, inteligencia y análisis)”, a pesar de no tener concedida la compatibilidad por el Ministerio de Administraciones Públicas como indica la ley desde su primera versión en 1984.

Sin embargo, desde el 3 de noviembre de 2017 el excomisario está acusado de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales por la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción debido a estos trabajos de "inteligencia y gestión de crisis" durante su etapa de funcionario público y por su multimillonario patrimonio con cuentas en los paraísos fiscales de Suiza, Panamá y Delaware.

Crisis en Arcos de la Frontera

La factura a la que ha tenido acceso Público hace alusión a ocho centrales de Iberdrola: Castellón, Escombreras, Aceca, Velilla del Río Carrión, Pasajes, Lada, Santurce y Arcos. En concepto es por trabajos realizados en dichos centros “desde abril de 2004 hasta octubre de 2004 en previsión de posibles actos de sabotaje y accesos no autorizados”. Pero según las fuentes consultadas, los trabajos se refieren en realidad a una sola central, la de Arcos de la Frontera (Cádiz).

En junio de 2004, según publicaron medios de comunicación como El País, Iberdrola tuvo que hacer frente a dos demandas judiciales interpuestas por el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera y la plataforma No a las Térmicas por la construcción de la central térmica de ciclo combinado, de 1.600 MW de energía. La concejala de Urbanismo, Aránzazu Azcúnaga, sostenía que Iberdrola no podría poner en funcionamiento la planta hasta que la justicia no resolviera las demandas.

El Ayuntamiento arcense, gobernado por PSOE e IU, recurrió judicialmente las licencias concedidas por el anterior gobierno local (del PP) a la subestación de Red Eléctrica, y contra los permisos también municipales que permitían la instalación del gasoducto que lleva el combustible a la central térmica. Asimismo, el Consistorio solicitó al Juzgado de Arcos la paralización cautelar de las obras hasta que no resolviera las denuncias pendientes. "Estoy convencida de que Iberdrola no podrá abrir como es su intención porque hemos recurrido las licencias que el PP concedió sin control en el anterior mandato", afirmó Azcúnaga.

Sin embargo, Iberdrola acabó abriendo su central en Arcos de la Frontera.