Hay que acabar como sea con los fiscales independientes de Anticorrupción. Ese es a todas luces el propósito de Manuel Moix, recientemente nombrado al frente de esa Sala, como demuestra su nueva actuación sin precedentes contra los fiscales encargados del caso Pujol, a dos de los cuales ya apartó hace unos días de la investigación sobre la corrupción en Catalunya.

Ahora, Moix ha utilizado una denuncia de Rafael Pallardó, imputado desde 2011 por blanquear en Andorra millones de la mafia china, para ordenar que se investigue a los fiscales por supuestas coacciones y obstrucción a la Justicia, como alega el empresario. No sólo es sorprendente que el fiscal jefe pida investigar a tres de los que están a sus órdenes, sin escucharlos siquiera, a raíz de la denuncia de un imputado, sino que las circunstancias de este nuevo caso de manipulación de la Fiscalía son altamente sospechosas.

Pallardó ha presentado su denuncia más de dos años después de que se reuniese con los fiscales a los que ahora acusa de coaccionarle en aquel entonces, pero además asegura que la reunión se celebró el 12 de marzo de 2015, cuando en realidad se produjo el 30 de octubre de 2014. Más aún, en ella no sólo no fue amenazado en absoluto por los tres fiscales encargados del caso –José Grinda, Fernando Bermejo, apartados ahora por Moix del caso 3%, y Juan José Rosa–, sino que fue este empresario –blanqueador confeso en la Operación Emperador– quien presionó para que le fuera entregada una fuerte suma de dinero, procedente de los fondos reservados, a cambio de delatar detalles sobre operaciones de blanqueo de la familia Pujol.

De hecho, la reunión se produjo porque Pallardó llamó la atención a los fiscales sobre unas anotaciones en sus correos electrónicos con las iniciales "JP" y "Marta", ofreciéndoles identificar esas operaciones (de traslado de dinero negro a la Banca Privada de Andorra) con Jordi Pujol y su esposa, Marta Ferrusola. Pero cuando los fiscales le indicaron que no disponían de fondos reservados ni el Ministerio Público paga a ningún testigo o imputado por sus informaciones, Pallardó se desdijo y puso punto final a la conversación, según revelan a Público fuentes conocedoras de esta reunión.

Cuando, este último 28 de marzo de 2017, Pallardó presentó la denuncia contra esos fiscales, acusándoles de coaccionarle en aquella reunión para que declarase contra el expresident Pujol, Grinda, Bermejo y Rosa pidieron amparo al Consejo Fiscal. Pero lo que hizo Moix fue pedir las comisiones de servicio donde se detallan los viajes de los fiscales y enviar ese material, junto a la denuncia de Pallardó, a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, aduciendo que había indicios de delitos de coacciones y de obstrucción a la Justicia.

No sólo ningún fiscal jefe actúa así contra sus subordinados –y menos en base a afirmaciones de un imputado, que además tiene derecho a mentir–, sino que en las comisiones de servicio queda claro que en la fecha aportada por Pallardó, el 12 de marzo del 2014, ni Grinda ni Bermejo estaban en Barcelona.

Fuentes oficiales de la Fiscalía han asegurado a la agencia Efe que Moix recibió una denuncia de un ciudadano y él se limitó a tramitarla ante la Fiscalía correspondiente para que la resuelva, en lo que supone el cauce normal, pero otras fuentes de Anticorrupción se quejan de que con el fiscal jefe anterior, Antonio Salinas, estas denuncias a los fiscales nunca se tramitaban y eran muy habituales.

Muchos imputados presentan denuncias contra los que les están investigando y si la Fiscalía actuase contra los fiscales en cada una de esas ocasiones, las investigaciones nunca prosperarían. Por ejemplo, un directivo de la BPA, Santiago Roselló, ha acusado también a Grinda y Bermejo de haber efectuado "acusaciones desproporcionadas" para provocar la intervención del Banco Madrid (adquirido por el BPA) en 2015. Los fiscales también han pedido amparo al Consejo Fiscal por esta otra denuncia.

Así que cuando (los días 3 y 4 de mayo) se reúna el Consejo Fiscal, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, deberá escuchar a su principal órgano asesor –en representación de la carrera fiscal– antes de pronunciarse sobre esas denuncias y sobre la decisión de Moix de apartar a Grinda y Bermejo del caso 3%.

Difícil papeleta ahora la de Maza, porque llueve sobre mojado: la actuación de Moix tratando de obstaculizar las actuaciones de los fiscales de la Operación Lezo –por la que ha sido encarcelado el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González– ha indignado a todos los partidos de la oposición, que han exigido la reprobación del fiscal general del Estado y la del fiscal jefe Anticorrupción, y la comparecencia en el Congreso del ministro de Justicia, Rafael Catalá.

Y más comprometida será la reunión del Consejo Fiscal porque, según han confiado a Público fuentes de la Fiscalía, no fue Maza quien eligió a Moix –pasando por delante de media docena de candidatos mucho mejor cualificados para el puesto–, sino que se trató de una imposición del ministro Catalá. Poco antes, el ministro también decidió reemplazar al frente de la Fiscalía General del Estado a Consuelo Madrigal, precisamente porque ella no aceptaba el nombramiento de Moix, sino que apostaba por Alejandro Luzón para el cargo.

El presidente Mariano Rajoy reclama que "se respete la independencia judicial". Pero debería empezar por exigírselo a su propio ministro de Justicia.