La crisis económica del 2008 parecía el principio del fin, el desbordamiento de un sistema económico incompatible con los compromisos ecosociales. Pero el letargo, se alargó. El sistema resistió a los coletazos de los ciudadanos que en mayo de 2011 salieron a las calles para mostrar su hastío y reclamar un cambio de rumbo. Tuvieron que pasar unos años para que ese clamor social terminara canalizándose en la unión de colectivos sociales en torno a los conocidos proyectos municipalistas que llegaron a las instituciones a través de las urnas en 2015.

Las cosas cambiaron entonces y entraron en juego elementos políticos que en el presente se han tornado imprescindibles. Así, los gobiernos locales, indistintamente del color político, asumieron que, de una manera u otra, las proclamas democratizadoras deberían vertebrar el calendario electoral. Muchos de estos ayuntamientos apostaron por la innovación y dieron pasos hacia las medidas ecosociales. Ahora, con el abismo electoral de mayo, aparecen los primeros análisis de las políticas ecologistas asumidas por los ayuntamientos municipalistas de España. Tanto es así, que el Foro Transiciones ha impulsado un informe elaborado por Fernando Prats, Nerea Morán y José Luis Fernández Casadevante ‘Kois’, en el que se estudian las políticas ecosociales de siete ciudades: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Vitoria, Coruña.

El criterio de elección de las ciudades atiende sobre todo a esos autodenominados gobiernos del cambio capitaneados por Carmena en Madrid o Colau en Barcelona. Pero desde el Foro Transiciones también han querido incluir otras urbes con ejecutivos que en un primer momento apostaron por las nuevas formas de hacer política. “Nos interesaba que fueran ciudades que tuvieran cierto nivel de innovación. No queríamos que solo fueran ciudades del cambio. Vitoria, claramente no es del cambio pero es una de las mejores, Sevilla”, expone a Público Prats.

La publicación Ciudades en movimiento parte de una premisa clara: las ciudades son el principal albergue de la ciudadanía, pero también son el lugar donde más emisiones de CO2 se generan. Concretamente el 80% de estos gases proceden de espacios urbanos, tal y como expone este trabajo de análisis. Nerea Morán explica que, pese a las cifras y las advertencias científicas, los gobiernos municipalistas no han sabido responder a las transformaciones ecosociales que se requieren para abordar las problemáticas de cambio climático. “Se echa en falta una visión más transversal e integral”, señala, para añadir que la mayoría de las medidas ecologistas que se han impulsado desde los consistorios no han tenido “visibilidad suficiente”.

“Los ayuntamientos nombran el problema pero no se adentran en él”. Es el resumen punzante que hace Casadevante ‘Kois’ de la perspectiva ecológica que han tenido las políticas municipalistas. No obstante, el analista apunta más alto y comenta que esta barrera de actuación se presenta a todos los niveles políticos. “Eso le pasa al Gobierno, a las autonomías y municipios. Participan en debates, firman compromisos y ponen en marcha políticas sectoriales, cuando en realidad esto no es un problema sectorial”, añade Prats.

Aunque dentro del balance se hallan elementos positivos como el impulso de Madrid Central, las Supermanzanas de Barcelona o el Plan de Adaptación al Cambio Climático de València, los autores del informe explican que la problemática está en el abordaje puntualizado de una crisis climática, que sólo puede combatirse con medidas amplias que impliquen a todas las áreas de gobierno.

“Más que gestos potentes, hace falta tener claro que es necesario un cambio radical en la forma en la que están organizadas las ciudades. Es necesario tener unos objetivos más ambiciosos, no vale con cuatro cosas aisladas”, advierte Morán. Pero estos reclamos no parecen haber sido atendidos por los poderes municipales y mucho menos por las grandes instituciones que dirigen el planeta. Casadevante ‘Kois’ apunta que la omisión de estos compromisos tiene una explicación electoralista, en tanto que no es un tema “que se venda muy bien” a la ciudadanía debido a su complejidad.

Gobiernos con minúsculas para problemas con mayúsculas

La perspectiva del estudio Ciudades en movimiento es plenamente consciente de las barreras políticas que acompañan a las legislaciones municipales. Casadevante ‘Kois’ cita a Joan Subirats para referirse a esta encrucijada: “Nos encontramos con gobiernos con minúsculas para hacer frente a problemas con mayúsculas”. Un problema que tiene que ver con los límites de las competencias, pero también con las animadversiones políticas entre los poderes locales y el Estado, tal y como se vio en el conflicto entre el Consistorio de Manuela Carmena y el Gobierno de Mariano Rajoy con la denominada Ley Montoro.

Aún así, los poderes municipalistas han demostrado que dentro de su marco de actuación pueden impulsar normas eficientes de cara la ciudadanía y los límites biofísicos del planeta. Así lo remarca el libro en cuestión, que rescata más de doscientas medidas locales que, desde perspectivas sociales, han tratado establecer soluciones a los problemas de las personas.

El impulso de una renta social básica en A Coruña para tratar de acabar con la exclusión social, el Programa de la Bicicleta Sevilla 2020, que busca incentivar el transporte limpio de la ciudad, o la aprobación del Plan de Álava Central para recuperar el valor biológico de los territorios urbanos son tan solo algunos ejemplos que muestran el poder transformador que esconden los poderes municipales.

Portada de la publicación 'Ciudades en movimiento', impulsada desde el Foro Transiciones

Tejer alianzas

No en vano, para que las capacidades transgresoras del municipalismo adquieran fuerza es preciso que las ciudades “tejan alianzas” entre sí, explica Morán a este diario. Al ser uno de los eslabones más débiles de la cadena institucional, las urbes se ven en la necesidad de establecer acuerdos que les doten de fortaleza de cara a la ciudadanía y al Estado. De esta forma, explica el informe, se busca que las urbes puedan interconectarse en base a criterios de afinidad. De hecho, las siete ciudades analizadas en el libro se entrelazan en acuerdos institucionales como el del Pacto de Alcaldes por el Clima o la Red de Ciudades Inteligentes.

“Las políticas se hacen mejor en conjunto que de forma aislada”, apunta Prats, quien ve en los lazos y compromisos intermunicipales una buena forma de “reclamar determinados cambios al Gobierno” estatal. Para este experto los vínculos entre Madrid y Barcelona son un buen ejemplo. “Si se unen otras ciudades, tendrán más de ganar que estableciendo políticas sectoriales”, zanja.