CDC ha censurado este domingo la 'intencionalidad política' que aprecia en la maniobra del CNI (servicio secreto español) al proponer al Gobierno la expulsión de España del ciudadano marroquí y dirigente islámico en Catalunya Noureddin Ziani, que se ha significado por su apoyo al proceso soberanista catalán. El Centro Nacional de Inteligencia basa su petición en que Ziani, al que vincula al espionaje marroquí, es una amenaza para la seguridad nacional y compromete las relaciones de España con otros países.

'Vistos los antecedentes, no nos sorprendería nada que este caso tuviera intencionalidad política. Si fuese así, y cada vez tenemos más claro que es así, merecería nuestro rechazo más rotundo y el de toda la sociedad', ha dicho el secretario de Organización de CDC, Josep Rull, en declaraciones a los medios en Terrassa (Barcelona).

Y ha añadido en este sentido: 'Si se piensan que desde las amenazas y el miedo pueden diluir el proceso que ha iniciado Catalunya se equivocan mucho'. Según señalaba este domingo el diario 'El País', que ha informado del caso, Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) contaba con Ziani 'para atraer hacia el independentismo a las numerosas comunidades islámicas de Catalunya'. Actualmente, es presidente de la Unión de Centros Culturales Islámicos de Catalunya.

Otro representante de CiU, Ramon Tremosa, ha anunciado en su cuenta de twitter que este lunes presentará una 'pregunta-denuncia' a la Comisión Europea contra la expulsión de Noureddine Ziani, porque en la documentación presentada por el Estado 'no hay ninguna prueba que justifique las acusaciones' contra él.

Por ERC, su diputado en el Congreso Alfred Bosch ve un cierto 'aire de venganza' en la propuesta del Gobierno de expulsar de España al ciudadano marroquí, dado que este dirigente musulmán 'se ha significado mucho con la realidad catalana'.

En declaraciones a los periodistas, Bosch ha asegurado que si este extremo se confirma, Esquerra se movilizará. Con esta posición, ERC se alinea con CDC que ha insinuado que existe una 'intencionalidad política' detrás de la propuesta de expulsión. 

En la misma línea, la Fundación Nous Catalans y la Unión de Centros Culturales Islámicos de Catalunya creen que la orden de expulsión de Noureddine Ziani es una maniobra del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para dar miedo a la inmigración que se interesa y se implica en el proceso soberanista de Catalunya.

En un comunicado hecho público por estas entidades se asegura que con esta medida se quiere además descabezar de raíz cualquier proceso de modernización del islám para seguir estigmatizando o criminalizando a toda la población musulmana.

El Centro Nacional de Inteligencia ha propuesto al Gobierno la expulsión de España del ciudadano marroquí y dirigente musulmán Noureddin Ziani, por, entre otras cosas, amenazar la seguridad nacional y comprometer las relaciones de España con otros países.

Las mismas fuentes afirman que Ziani es el Presidente de la Unión de Centros Culturales Islámicos de Catalunya (UCCIC), una entidad que trabaja por 'la plena integración de los musulmanes en Catalunya y que busca un encaje de la religión musulmana a partir de los valores compartidos como el respeto, la paz, o la igualdad de género' y que es 'el principal opositor musulmán al salafismo y radicalismo' en España.

En el comunicado dicen que les sorprende que entre los motivos de la orden de expulsión se aluda al fomento del salafismo y el radicalismo, y que en cambio no se expulse a contrastados dirigentes salafistas y radicales, o que se toleren encuentros de extremistas en varias ciudades catalanas, donde han pasado entre otros Mohammed Merah, acusado de un tiroteo con víctimas mortales en una escuela judía en Francia.

Explican que Ziani, que no tenía antecedentes, fue detenido el viernes 3 de mayo por agentes del CNI y de la Policía Nacional, y que tras ser preguntado sobre su relación y colaboración con asociaciones que defienden la independencia de Catalunya lo dejaron en libertad, comunicándole su próxima expulsión de España 'sin abrirse ningún proceso judicial y sin tener derecho a defenderse'.

Estas entidades piden a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que se anule la orden y que se respete la democracia y la voluntad mayoritaria del pueblo de Catalunya a decidir su propio futuro colectivo sin amenazas y sin expulsar del país de forma ilegal a aquellos dirigentes de la inmigración que se pronuncian 'a favor de esta libertad'.