La inflación golpea a España y a Europa desde hace más de un año. Empezó antes de la guerra de Ucrania, pero el conflicto desatado tras la invasión de Rusia agravó la situación económica y provocó el encarecimiento de materias primas, combustibles, alimentos... En la actualidad, en la Unión Europea se ha logrado embridar en buena medida el descontrol de los precios de las energías, un problema que causó un importante daño económico y social a los países europeos durante el pasado año. En España, con la aplicación de la denominada excepción ibérica, el control sobre este asunto es todavía mayor.

Sin embargo, tras atajar el descontrol del precio de las energías, la ciudadanía sufre un incremento del coste de los alimentos que, en la actualidad, supone probablemente el mayor desafío al que se enfrenta el Gobierno de coalición en materia económica. Desde hace meses, los dos espacios que conforman el Ejecutivo, el PSOE y Unidas Podemos, protagonizan debates sobre qué hacer y cómo actuar para contener una inflación (la de los alimentos) que ya supera el 15%.

Fruto de esos debates, desde septiembre del pasado año se han puesto sobre la mesa hasta cinco grandes propuestas con ese objetivo. Algunas han sido prácticamente descartadas, otras se han adoptado pero no han dado los frutos deseados y otras se encuentran en liza en la actualidad porque a la parte mayoritaria del Gobierno, la socialista, no le convencen.

Hay posiciones más intervencionistas y que abogan por una limitación directa de los precios bajo la premisa de que la inflación es responsabilidad de los grandes supermercados, que han visto incrementados sus beneficios al "especular" con la situación económica. Otras apuntan en la línea de acuerdos con las grandes distribuidoras para que estas superficies adapten sus precios a la baja tras constatar una reducción de los costes que soporta la industria alimentaria. Estas son las principales propuestas.

Una cesta de la compra rebajada, asequible y saludable

Fue la primera propuesta en firme que se realizó para tratar de atajar la inflación de los alimentos. La pusieron encima de la mesa la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el ministro de Consumo y coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, en septiembre de 2022.

La idea era la de alcanzar un acuerdo con los grandes supermercados para que ofrecieran de manera voluntaria una cesta de la compra rebajada que cumpliera con una serie de características, como por ejemplo que tuviera variedad y que incluyera productos frescos y proteínas (pescado, carne, huevos, fruta y hortalizas). La propuesta recogía que la lista pudiera cambiar sus productos cada semana, garantizando la variedad de alimentos, y que debería ser adaptada a las personas celiacas.

También se planteó la elaboración de un informe por parte de la Agencia de Seguridad Alimentaria y Nutrición que sirviera a la distribuidoras como referencia para elaborar esa cesta de la compra rebajada. Díaz y Garzón mantuvieron varias reuniones con estas superficies y supermercados, pero su propuesta no tuvo el apoyo de la parte socialista del Gobierno y finalmente no hubo acuerdo.

Más rebajas del IVA, también para carne y pescado

El PSOE y Unidas Podemos mantuvieron un intenso debate durante los últimos meses de 2022 para decidir qué medidas destinadas a rebajar el precio de los alimentos se incluían en el denominado decreto anticrisis aprobado en diciembre. Los socialistas abogaron desde el primer momento por una rebaja del IVA en ciertos productos, y esto es lo que finalmente se llevó a cabo: la supresión de este impuesto para los productos básicos con un tipo superreducido del 4% y la bajada del 10% al 5% para las pastas y los aceites.

Mes y medio después de la entrada en vigor de esta medida, los precios se han mantenido en niveles altos y los datos muestran que no ha tenido lugar una bajada efectiva de la inflación, una situación que han denunciado en Unidas Podemos. Desde algunos sectores se ha pedido que también se rebaje el IVA a la carne y el pescado, una propuesta que se abordó en la reunión que mantuvo el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, con la industria de la distribución y de la alimentación el pasado lunes.

Sin embargo, en el Ejecutivo consideran que una nueva rebaja del IVA tendría un coste bastante importante para las arcas públicas, ya que mermaría la recaudación. Además, en Unidas Podemos recuerdan que bajar y, en algunos productos, suprimir este impuesto a las grandes empresas del sector no ha servido para contener la inflación.

Limitar los precios: dos vías defendidas por Unidas Podemos

Ante la falta de acuerdo con las grandes distribuidoras, y tras constatar que la rebaja del IVA de algunos productos desplegada no ha servido para reducir la inflación subyacente en los primeros meses desde su puesta en marcha, desde Unidas Podemos se han lanzado varias propuestas que tienen que ver con la intervención directa del mercado para poner tope a los precios.

En primer lugar, Podemos propuso a mediados de enero limitar los precios y situarlos en los que había en febrero de 2022, antes de que Rusia invadiese Ucrania y comenzase la guerra en este territorio, agravando la ola inflacionista. Este  tope a la cesta de la compra estaría vigente, al menos, durante todo 2023 y, además, con el objetivo de evitar que el pequeño comercio sufra situaciones de tensión financiera, el tope a los precios se acompañaría de ayudas directas al sector (como las aprobadas, por ejemplo, para la hostelería). Los de Ione Belarra compararon esta propuesta con la limitación del coste de las mascarillas y de los test que detectan la presencia del coronavirus durante la pandemia.

Por su parte, Yolanda Díaz ha puesto sobre la mesa su propia propuesta de limitación de precios a través de la aplicación de la Ley de Comercio Minorista. En su articulo 13 esta norma establece que "el Gobierno del Estado, previa audiencia de los sectores afectados, podrá fijar los precios o los márgenes de comercialización de determinados productos, así como someter sus modificaciones a control o a previa autorización administrativa (...) cuando se trate de productos de primera necesidad o de materias primas estratégicas", entre otros casos. "En España todo el mundo conoce la legislación que publicamos y la Ley de Comercio Minorista es una ley bien antigua", aseguró este martes la vicepresidenta segunda.

Bonificación estatal que siga la estela de los carburantes

Ante el rechazo del PSOE a las medidas para limitar directamente los precios de los alimentos, Podemos optó por poner encima de la mesa una medida menos intervencionista que aliviara el bolsillo de las familias. La formación morada propuso bonificar en un 14% el precio de los alimentos básicos como se hizo durante buena parte del pasado año con los carburantes, y que parte de ese coste lo asumiera el Estado. La bonificación se haría efectiva al pagar en caja y aparecería reflejada en el ticket de compra.

Además, también propusieron que la Agencia de Información y Control Alimentarios monitorice los precios con carácter semanal, con especial atención a las grandes superficies, e imponga multas si las empresas aumentan sus márgenes de beneficio; en caso de infracción reiterada, la consideración pasaría a ser similar a la de un delito fiscal.

Este martes, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, planteó sus reticencias a la bonificación propuesta por Podemos y advirtió de que podía perjudicar al comercio minorista: "Le corresponde a UP cómo trasladar esta propuesta para que no afecte a los comercios de proximidad. Cualquier propuesta tiene que proteger a este tipo de personas", defendió al ser preguntada sobre la viabilidad de esta medida defendida por sus socios de Gobierno. Fuentes gubernamentales insisten en esta idea. "¿Cómo se descuenta de la factura un 14% sin que afecte al comercio minorista?", se preguntan; informa Miguel Muñoz.

El "coste de origen" y lo que paga el consumidor

Esta es la petición que puso encima de la mesa el ministro de Agricultura tras la reunión del lunes con la industria de la distribución y de la alimentación. Planas aseguró que existían síntomas de que la inflación había alcanzado su techo en los procesos internos del sector, lo que se conoce como cadena alimentaria, y que, por lo tanto, las grandes superficies ya están afrontando costes menores en la producción y transporte de los alimentos.

Por esto, el titular de Alimentación pidió a estas empresas que hicieran un "esfuerzo" por trasladar cuanto antes esos menores "costes de origen" al precio final que paga el consumidor. Sin embargo, aunque Planas aseguró haber visto una buena acogida de esta petición en su encuentro con el sector, no hubo ningún acuerdo ni compromiso por parte de las distribuidoras, ni tampoco un calendario o una propuesta de plazos y límites para llevar la rebaja de los costes de origen al precio final que se paga en los supermercados.

Para Unidas Podemos esta petición de Planas es completamente "insuficiente" y no es el camino para rebajar los precios: "El día 30 tendremos los datos del IPC y es probable que estemos mejorando, pero hablamos de un incremento de la alimentación que es imposible para muchas familias españolas. Pido que actuemos para mejorar la vida de la gente", manifestó al respecto Yolanda Díaz.