La auditoría externa encargada por la Diputación de Alacant ha sacado a la luz subvenciones de los tres últimos ejercicios sin justificar a los dos principales partidos, PP y PSOE, aunque las cantidades son muy diferentes. 46.000 euros para los populares y 14.489 para los socialistas. El informe podría parecer que pone punto y final a una polémica que se viene arrastrando desde 2015, pero en realidad, para los denunciantes de la supuesta corrupción podría ser tan solo la punta del iceberg, mientras que los partidos afectados se niegan a reconocer estas conclusiones y, en el plenario provincial celebrado el miércoles, PP y Ciudadanos pactaron sacar del orden del día el punto en que se debía discutir el reintegro de las cantidades sin justificar.

"Esto no acabará aquí y si la cosa sigue creciendo puede acabar convirtiéndose en un problema muy grave para la carrera de [Carlos] Mazón", explica Gerard Fullana en relación con presidente de la Diputación de Alacant desde 2019 y candidato del PP a la presidencia de la Generalitat valenciana. Y Fullana sabe de lo que habla. Este concejal por Xaló, un pequeño municipio de apenas 2.800 habitantes, es desde el 2015, el portavoz de Compromís a la Diputación alicantina. "El conflicto empieza más o menos entonces, que son unos comicios en los que tanto el PP como el PSOE pierden casi la mitad de su representación institucional". Una representación a la que van unidas las subvenciones públicas que mantienen las estructuras partidistas. "En respuesta a esta situación, el PP decide incrementar las ayudas de la Diputación a los partidos, que pasan de unos 50.000 euros anuales a casi 200.000. Un incremento global de casi dos millones en esta partida".

La medida, pero, contiene una limitación legal. Este dinero solo puede gastarse en el funcionamiento de los grupos provinciales. "El bipartidismo había convertido las diputaciones en su patio trasero, allí hacían y deshacían sin demasiado control y se habían acostumbrado a transferir grandes cantidades de dinero a los partidos. Cuando entramos empezamos a pedir que se justifiquen estos gastos", continua Fullana.

A lo largo de los últimos cinco años de batalla, Fullana aún no ha conseguido que el PP acredite con facturas en que se ha gastado el dinero recibido –que entre 2015 y 2018 supuso la suma de 466.000 euros- a pesar que esta debería hacerse de forma anual. "Ellos se limitan a presentar un certificado firmado por ellos mismos donde acreditan que este dinero ha ido para lo que llaman gastos compartidos entre el partido y el grupo provincial –detalla el diputado valencianista- y ante nuestros requerimientos inician una batalla de filibusterismo agotadora con tal de alargar los plazos y evitar aclarar las cuentas".

Finalmente, desde Compromís se denunció la situación al Tribunal de Cuentas y, en paralelo, informó a la Fiscalía Anticorrupción los posibles delitos de malversación y falsedad documental en este trasvase de dinero público al PP. El ministerio público abrió diligencias en febrero y ahora mismo se encuentra en fase de investigación.

"No confiamos mucho en el Tribunal de Cuentas –admite Fullana- ya que no deja de ser un órgano escogido por los mismos partidos a los que debe controlar, pero la verdad es que este ha empezado a requerirles información y supongo que esto les obligó a mover ficha", explica en relación con la auditoría externa encargada por la Diputación. Este informe, elaborado por la que Fullana describe como "una empresa amiga", es la que ha encontrado 46.000 euros sin justificar que el PP debería devolver a la institución.

"El descontrol es tal que ni tan siquiera su auditor escogido a dedo ha podido taparlo todo –continua el diputado-. Pero es que han cargado 60.000 euros en facturas de teléfonos particulares que consideran gastos compartidos. Y se comparten de forma que la Diputación paga el 99,58% y el partido el 0,42. Lo mismo pasa con la luz, alquileres, etc." Aunque quizás el caso más evidente de la imposibilidad del grupo provincial popular de gastar todas las subvenciones sea el superávit de 16.000 euros que arrojan las cuentas del 2016. "El problema es que tampoco quieren devolver la cantidad fijada por la auditoría, imagino que por esto sacaron el punto del orden del día del último pleno", añade Fullana.

La labor persistente de denuncia del concejal valencianista le ha costado también algún disgusto. En julio del año pasado, el PP se querelló contra él por un supuesto delito de injurias, tras acusar al PP "de mentir a la Intervención durante un año y medio", en relación con la justificación de estos fondos. "No estoy demasiado preocupado –asegura Fullana-, no creo que vaya a ningún sitio y, de hecho, después no ratificaron la denuncia. Estos gestos solo demuestran el nerviosismo de Mazón, quin me llegó a amenazar con traer un abogado muy bueno desde Génova y que me costaría 25.000 euros. También anunciaron querellas contra el Diario Información y la Cadena Ser".