El 4 de diciembre de 2018 caducó el mandato del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Ya gobernaba el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras impulsar una moción de censura meses antes para desalojar a Mariano Rajoy. Desde entonces, los intentos para llegar a un acuerdo entre PSOE y PP han sido incesantes. Pero no se había podido lograr un pacto hasta este martes: cinco años, seis meses, 21 días y 17 horas después. 

El desbloqueo, realmente, ha estado cerrado en varias ocasiones. La primera vez, cuando tocaba. Era noviembre de 2018 y entonces lideraba el PP Pablo Casado. El pacto estaba cerrado, con nombres y apellidos para ejercer como vocales del CGPJ. Pero todo saltó por los aires al filtrarse un mensaje de whatsapp del senador del PP Ignacio Cosidó jactándose de los beneficios de su acuerdo con el PSOE para "controlar la sala Segunda (del Tribunal Supremo) por la puerta de atrás". 

El acuerdo saltó por los aires y el candidato a presidir el CGPJ y el TS, Manuel Marchena, se desvinculó. Comenzó entonces la petición incesante del PP de pedir cambiar el sistema de elección de los jueces para dejar fuera al Parlamento y que la responsabilidad recayera únicamente en los propios magistrados. Un cambio que no contemplan los socialistas, que han pedido en reiteradas ocasiones pactar primero tal y como dicta la actual ley. 

Los populares han puesto casi una treintena de excusas diferentes desde aquellos primeros pasos. En primer lugar se puso el foco en la participación de Unidas Podemos en la elección de vocales. "No hay pacto posible con quienes piden la abdicación del Rey, la independencia de Cataluña y el blanqueamiento de batasunos", señaló por ejemplo Casado en agosto de 2020. 

La figura concreta de Pablo Iglesias, entonces vicepresidente, también fue puesta en el punto de mira del PP. El PP señaló en un comunicado en septiembre de ese mismo que los "ataques" de Iglesias al Rey Felipe VI tras conocerse la salida de España de Juan Carlos de Borbón, frustraron la negociación para la renovación del CGPJ. El PP comenzó luego a pedir directamente que Podemos no formara parte de las negociaciones. 

El asunto de Catalunya también comenzó a tomar protagonismo en el bloqueo del CGPJ. Los populares condicionaron el pacto a que no se produjeran los indultos a los encausados del procès. Más adelante, ya en 2021, se conoció el veto específico del PP a los magistrados progresistas José Ricardo de Prada y Vicky Rosell, propuestos para las vocalías del CGPJ. 

El PP introdujo ya en aquellas fechas el argumento de que ni el Gobierno ni el propio Sánchez eran de fiar. "Sánchez no es un presidente normal", llegó a decir Javier Maroto para justificar su negativa al acuerdo. La etapa de Casado al frente del PP terminó sin acuerdo ante la insistencia de que los jueces eligieran a los jueces. Durante esa etapa sí se consiguió renovar el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo, la Agencia de Protección de Datos y cuatro magistrados del Tribunal Constitucional. 

Ya con Alberto Núñez Feijóo como presidente de los populares, los socialistas generaron ciertas expectativas por el supuesto perfil moderado y pactista del expresidente de la Xunta de Galicia. Pero el camino no ha sido de rosas. Primero se paralizaron los contactos por las elecciones andaluzas. Luego, el PP se mostró en contra del cambio en la ley para renovar el Tribunal Constitucional (TC). 

Sánchez y Feijóo, junto con Félix Bolaños y Esteban González Pons, se reunieron durante tres horas en Moncloa en octubre de 2022. Dijeron que se retomaban las negociaciones y ambos partidos se daban una "última oportunidad". En realidad, según se ha visto estos últimos días, sería la penúltima o la antepenúltima.

La reforma del delito de sedición fue la siguiente excusa de los populares. Feijóo llegó luego a afirmar también que mantenía el bloqueo "para protegerlo" del Gobierno de Sánchez. Esos días además se visualizó la presión interna en el PP, representada por los sectores más duros del partido, con Isabel Díaz Ayuso a la cabeza.

La presidenta madrileña se ha mostrado absolutamente contraria a los pactos con el PSOE. Su posición se ha vuelto a visibilizar de forma reciente y de manera reiterada estas últimas semanas. "Le temblaron las piernas", destacaron entonces desde las filas socialistas tras una portada de El Mundo en la que se hablaba de presión de la "derecha política, judicial y mediática". 

Pasaron los meses y no se veían señales de un pacto. Todo lo contrario. El PP apuntó también para justificar sus negativas a los pactos con ERC y EH Bildu. Y se volvió al asunto, de nuevo, del cambio en el sistema de elección de los jueces. El pacto, en todo caso, parecía lejano en otoño de 2023. Irrumpieron de nuevo las reformas de los delitos de sedición y malversación. 

La mediación de Bruselas

Sánchez movió nuevamente ficha a finales de 2023. Convocó a Feijóo a una reunión en Moncloa, aunque el líder del PP exigió verse en el Congreso. El único avance significativo fue que, otra vez, comenzaban a retomarse las conversaciones sobre el CGPJ. Félix Bolaños y Esteban González Pons serían los interlocutores. Con una novedad principal: habría mediación de la Comisión Europea por petición de los populares. El PSOE aceptó. 

Al final, esa mediación que inició el comisario de Justicia Didier Reynders y ha acabado Vera Jourovà, vicepresidenta de la Comisión, ha sido clave. Así lo han trasladado ambos partidos. Tras meses de idas y venidas a Bruselas, algunas cancelaciones de reuniones por parte del PP, no ha sido hasta después del ciclo electoral cuando se ha desbloqueado el acuerdo. 

También ha influido el ultimátum dado por Sánchez para lograr un acuerdo antes del final del mes de junio. Si el PP no accedía, se buscarían alternativas. La lectura del PSOE es de éxito político. Consideran que los populares han cedido a su principal pretensión: cualquier reforma de tipo corporativo en la elección de los vocales que perpetuase la mayoría conservadora. 

En el horizonte, los socialistas sitúan también la posibilidad de que este acuerdo desbloquee otros órganos institucionales como el Banco de España, RTVE, la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) o la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia). En Moncloa y Ferraz lo ven posible. Sería la apertura de una nueva fase en las tensísimas relaciones entre ambos partidos desde que llegó Sánchez a la Moncloa.