Más de 8 millones de asuntos nuevos entre 2020 y 2021. Esa es la estimación de la ola de litigios que impactará de lleno en los juzgados y tribunales entre 2020 y 2021. Son el doble de causas que las que se hubieran registrado de no existir la covid-19, según las estimaciones del ministerio de Justicia.

Estos cálculos representan el drama económico y social que ha estallado en España con la pandemia y que se dirimirán en los juzgados. Abarcan desde demandas de despido, concursos de acreedores de empresas, reclamaciones de deudas para -en muchos casos- pagar las deudas propias a litigios con las administraciones públicas.

En la jurisdicción Social se calcula que el número de casos aumentará un 140% para 2021 frente a las previsiones que había antes de la pandemia.

Sólo las demandas de despido crecerán un 114% en 2021 respecto a las cifras de 2019, cuando en principio iban a bajar antes del coronavirus.

Si antes de la covid-19 se calculaba que habría 191.000 demandas de despido entre 2020 y 2021, ahora se estima que esta cifra superará las 336.000 demandas de despido.

En la jurisdicción Civil el incremento de asuntos nuevos escalará hasta el 145% en 2021. Aquí se dirimen reclamaciones de dinero, recibos devueltos, hipotecas y préstamos no pagados, cláusulas abusivas…

Un ejemplo son los procesos monitorios. Bajo ese 'palabro' se encuentra una vía rápida para el cobro de deudas en metálico, reconocidas y vencidas.

Estas reclamaciones de deudas aumentarán un 223% en 2021.

Los procesos por impago de deudas pasan de poco más de un millón antes de la pandemia a más de 2,7 millones de casos estimados después del impacto de la covid-19 en los bolsillos de los españoles.

Las solicitudes de concursos de acreedores tendrán un aumento del 619% en 2021, según ha anunciado el ministro de Justicia en las Cortes Generales.

En cifras suponen 57.525 concursos de acreedores que presentarán empresas a causa de deudas que no pueden hacer frente. Antes de la pandemia Justicia calculaba 10.577 concursos nuevos entre 2020 y 2021.

En la vía contenciosa-administrativa se prevé un crecimiento de casos del 125% respecto a las cifras que se calculaban antes de la covid-19. Son los litigios de los ciudadanos con las administraciones públicas, o de ellas entre sí.

La experiencia de la crisis económica anterior ha llevado al Gobierno a impulsar un plan de choque que será implantado a partir de septiembre.

A partir de ese mes, será cuando los juzgados y tribunales regresen a la normalidad. Y se podrá empezar a valorar el impacto de la gran ola de la epidemia sobre los juzgados y desplegar las medidas de choque que baraja Justicia.

El plan de choque de Justicia contiene medidas de refuerzo y la entrada en funcionamiento de nuevos órganos judiciales destinados a resolver asuntos relacionados con la covid-19.

El 4 de junio arrancan los juzgados

Este nuevo periodo judicial arrancará el 4 de junio cuando se alce la suspensión de los plazos procesales. Hasta ese día los abogados han podido presentar sus demandas por vía electrónica, pero sin que corran los plazos.

La semana que viene se podría avanzar a la fase 2 de desescalada de la Justicia, que contempla la incorporación del 60 o 70 % de la plantilla con turnos de tarde. Se se extenderá previsiblemente dos semanas, según anunció Justicia a las siete asociaciones de jueces y fiscales.

A partir del 4 de junio los plazos arrancarán desde cero, tras 83 días de plazos suspendidos.

Todo son estimaciones, porque hasta que no transcurra el verano no se sabrá realmente cómo será este otoño judicial.

Los cálculos están realizados a partir de los datos de la crisis económica anterior (2007-2012), a las previsiones sobre el Producto Interior Bruto que elabora el Ministerio de Economía y al retraso registrado en los órganos judiciales tras declararse el confinamiento con el estado de alarma.