El pasado domingo 16 de octubre el Partido Comunista de China comenzó su décimo Congreso. Este encuentro, que durará una semana, se celebra una vez cada cinco años y en él se fijan las posiciones estratégicas del partido y se anuncian algunos puestos de dirección clave, incluido el de Secretario General del partido. Además, los cerca de 2.300 participantes eligen a unos 200 miembros del Comité Central, encargados de designar a los 25 integrantes del Politburó y a los 7 miembros de su Comité Permanente, que es el máximo órgano de dirección del país. 

Como comentábamos, el Congreso durará toda la semana y aún no se han anunciado los principales nombramientos. Pero, en primer lugar, todo apunta a la reelección de Xi Jinping como secretario general del partido. Hasta ahora los mandatos de los secretarios generales del Partido Comunista chino estaban limitados a 10 años, pero en 2018 se eliminaron estos límites constitucionales permitiendo a Xi continuar como líder del partido. 

Además parece que Xi conservará la Jefatura del Estado y la Presidencia de la Comisión Militar Central. Es decir que mantendrá el poder sobre el Ejército Popular de Liberación: las Fuerzas Armadas chinas.

Pero no todo está asegurado, está por ver quiénes integrarán el Comité Permanente del Politburó del Partido y quién será el próximo primer ministro chino tras la salida del actual jefe de gobierno, Li Keqiang. Según señalan algunos expertos, otra cuestión importante de este Congreso es la limitación de la pluralidad interna dentro del partido. El Partido Comunista Chino no es una estructura monolítica. 

El Partido Comunista es el eje vertebrador del Estado Chino, pero está lejos de ser un bloque homogéneo. Dentro de él conviven distintas corrientes políticas, articuladas en torno a diferentes liderazgos.

Uno de los grupos más influyentes está liderado por el todavía primer ministro Li Keqiang. Aunque proviene de una línea más socialdemócrata –referenciada en el expresidente Hu Jintao– actualmente se encuentra en posiciones más liberales con una política económica -bautizada como Likonomics- de renovación de la economía de mercado. 

Por su lado, Xi Jinping, lidera una corriente heredera de los príncipes rojos del Partido Comunista chino, descendientes directos de otros altos cargos del partido. Xi ha apostado por el comercio internacional, la diplomacia comercial y la tecnologización del trabajo.

Pero su mayor logro consiste en haber sido capaz de integrar en su pensamiento ciertas ideas de sus principales referentes previos: la revolución socialista de Mao, la línea de libre mercado de Deng y Jiang y la línea más social de fortalecimiento del Estado de bienestar de Hu.

La diferenciación entre ambas corrientes es eminentemente una lucha de poder, pero subyace una diferencia ideológica de fondo. A quién esté interesado en saber más sobre la pluralidad en las líneas políticas en el Partido Comunista de China recomiendo que lea el último artículo de Alejandro López en Descifrando la Guerra. 

En su hoja de ruta para el próximo quinquenio hizo énfasis en lo que el Gobierno chino denomina "seguridad nacional" y que incluye asegurar sectores estratégicos como la alimentación, las cadenas de suministros o la soberanía tecnológica. El plan que ha presentado también contempla mejorar "la economía de mercado socialista", un sistema industrial más sofisticado, revitalizar las zonas rurales, una mayor coordinación entre las regiones  y una "apertura al exterior de alto nivel".

En lo que respecta a su relación con Taiwan, ha advertido que China reintegrará a la isla bajo su propia soberanía y no ha descartado hacerlo por la vía militar si fuera necesario: "China impulsará invariablemente la gran causa de la reunificación de la patria", ha dicho.

En cuanto a su proyecto geopolítico, Xi ha señalado que China, leo textualmente, "participará activamente en la reforma y vertebración del sistema de la gobernanza global, se atendrá al multilateralismo genuino, promoverá la democratización de las relaciones internacionales e impulsará el desarrollo de la gobernanza global en una dirección más justa y razonable".

Las previsiones de crecimiento económico no son las que se esperaban. El Banco Mundial ha señalado que la economía china apenas crecerá un 3% del PIB en 2022, muy por debajo del objetivo contemplado por el Gobierno de alcanzar el 5% de crecimiento. Frente a esto, el Banco Central chino ha tratado de incentivar la demanda interna reduciendo los tipos de referencia. En concreto ha reducido 5 puntos básicos los tipos de los préstamos a largo plazo y 15 los préstamos a cinco años. 

Esta estrategia, basada en la limitación de movimientos y el aumento de controles y vigilancia, se ha extendido durante casi tres años y ha disparado el descontento entre la población. El confinamiento de millones de personas ha golpeado duramente la economía y ha afectado especialmente a los más jóvenes, entre los que el paro ha aumentado hasta alcanzar el 20%. 

De momento estas políticas de contención del COVID no han decaído a pesar del escaso número de contagios y muchas ciudades chinas siguen expuestas a confinamientos estrictos. Sin ir más lejos, el pasado 5 de septiembre la ciudad meridional de Shenzhen ha vuelto a confinar a su población. Esto ha provocado que hayan crecido las críticas y las protestas contra el Gobierno. 

En las últimas semanas se ha filtrado a los medios una carta que revela hasta qué punto las élites económicas están preocupadas por la situación económica del país.

Se trata de una misiva escrita por el fundador del gigante de las comunicaciones Huawei. En ella dice que el descenso de la economía nacional "lo notará todo el mundo en China". "En el pasado, la globalización fue nuestro ideal y nuestra aspiración era servir al conjunto de la humanidad. ¿Cuál es hoy nuestro ideal? Sobrevivir y ganar algo de dinero allí donde podamos. Desde este punto de vista, necesitamos ajustar la estructura del mercado y reflexionar sobre lo que podemos hacer y lo que debemos abandonar", dice el texto.

Además, la grave crisis inmobiliaria que atraviesa el país, no deja de profundizarse y amenaza con dar paso a una crisis financiera sistémica. Según los cálculos, un tercio de los principales promotores inmobiliarios -entre los que se encuentran el gigante Evergrande- podrían entrar en suspensión de pagos de aquí a finales de año. Hasta ahora más de 2 millones de viviendas ya vendidas se han dejado sin terminar y cerca de un millón de propietarios han dejado de pagar sus préstamos.