MADRID.- "Acogemos con agrado los esfuerzos del Gobierno y sus departamentos competentes. China y España tienen una tradición de amistad y apoyan las preocupaciones del otro". Así acogía China el archivo por parte de la Audiencia Nacional de las causas del genocidio en el Tíbet y represión de Falun Gong. Todo ello gracias a la reforma del PP de la Justicia Universal.

Este martes, el Pleno de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado, por unanimidad, el archivo por parte de la Audiencia Nacional de las dos causas.

Se seguían contra China por el genocidio y las torturas que se habrían cometido en el Tíbet y la represión contra los miembros del grupo Falun Gong, han informado del alto tribunal.

La Audiencia Nacional tomó la decisión en junio argumentando que estos dos procedimientos no cumplían los requisitos que estableció el Congreso en la reforma del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que limitó la justicia universal, y este criterio es el que confirma ahora el alto tribunal. Se había designado como ponente de las dos resoluciones al magistrado Cándido Conde-Pumpido.

En contra de lo establecido por la nueva legislación, las dos causas se dirigían contra personas que no tienen la nacionalidad española, que no residen habitualmente en España y a los que no se denegó su extradición por parte de las autoridades nacionales.

En la causa sobre el Tíbet, el juez Ismael Moreno investigaba el genocidio, las torturas y los delitos de lesa humanidad que se habrían producido en la región, en la que habrían muerto un millón de personas durante los últimos cincuenta años.

En febrero de 2014 el juez ordenó la detención del expresidente chino Jiang Zemin, el exprimer ministro Li Peng, el jefe de la seguridad china y responsable de la Policía Qiao Shi, el exsecretario del partido en el Tibet Chen Kuiyan y el exministro de Planificación familiar Peng Pelyun. También estaba imputado en la causa el expresidente Hu Jintao.

En relación con el caso de Falun Gong, Moreno instruía una querella interpuesta en 2004 por 15 víctimas de la represión que sufrieron los miembros de este grupo desde 1999. El procedimiento, que fue avalado en junio de 2006 por el Supremo, se dirigía, entre otros, contra el actual presidente del Comité Nacional del Consejo Consultivo Político del Pueblo Chino, Jia Qinglin, secretario del Comité Municipal de Pekín entre 1997 y 2002.

El Supremo tiene, además, pendiente abordar la posible competencia de la Audiencia Nacional para seguir investigando otras dos causas. Se trata de las investigaciones por el asesinato del jesuita Ignacio Ellacuría y otras siete personas el 16 de noviembre de 1989 en El Salvador y la investigación a siete militares que formaban parte de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) de Chile por secuestrar, torturar y asesinar al funcionario español de Naciones Unidas Carmelo Soria el 14 de julio de 1976.