Esta semana se ha producido en la Audiencia de Sevilla un hecho inédito. Por primera vez, un expresidente de la Junta de Andalucía ha declarado como acusado en un juicio penal. José Antonio Griñán lo hizo el pasado miércoles en el proceso abierto por el sistema de reparto de ayudas a trabajadores de empresas en crisis entre 2001 y 2010, aunque bien es cierto que lo que cuestiona la justicia son actuaciones suyas como consejero de Hacienda. El próximo lunes declarará también el expresidente Manuel Chaves. El llamado caso de los ERE llega así a otro de sus momentos cumbre.

La investigación comenzó hace siete años, justo en el momento en que Javier Guerrero, exdirector general de Empleo, declaró a la Policía —que entonces investigaba el intento de cobro de comisiones a dos empresarios por parte de los gestores de la empresa pública municipal Mercasevilla— que en su departamento existía lo que llamó en ese momento “un fondo de reptiles” para pagar Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). Guerrero se desdijo después de esa afirmación.

La magistrada Mercedes Alaya impulsó a partir de ahí una decidida investigación sobre las andanzas de Guerrero y terminó por descubrir una presunta trama de colocación de personas en ERE de empresas en las que nunca habían trabajado, los llamados intrusos, y el presunto pago de sobrecomisiones a las aseguradoras que gestionaban las pólizas para su prejubilación o indemnización.

El departamento de Guerrero, que estuvo encabezado por los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández, también procesados, al igual que otra veintena de altos cargos, dispuso para resolver las crisis laborales que se produjeron a principios del siglo XXI en Andalucía de un fondo, recogido en los presupuestos año tras año en la partida denominada 31L, que ascendió a 855 millones de euros entre 2001 y 2010, un 0,3% aproximadamente del presupuesto total de la Junta de Andalucía. Empleo repartió ese dinero sin publicar el gasto en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). Así, su reparto exacto era opaco y, cuando menos, discrecional, porque sin publicación en el BOJA solo Empleo podía saber con exactitud quién recibía las pólizas, en qué se gastaba ese dinero.

Esas cantidades fueron, en su mayoría, a pagar las pólizas de más de 6.000 personas afectadas por diversas crisis industriales y empresariales por toda la geografía andaluza, exactamente el fin para el que fue creada la partida. Ahí fue a parar el grueso de esos 855 millones. Más de 700 millones, según las defensas. La Fiscalía, por el contrario, considera toda la partida malversada y reclama que se condene a los altos cargos de Empleo y Hacienda a que las reintegren en concepto de responsabilidad civil. Nada le pide el fiscal a los miles de trabajadores que se beneficiaron del uso del fondo, para quienes estaba destinado.

Sin embargo, otras cantidades, millonarias en su conjunto, Empleo las destinó a asuntos que poco o nada tenían que ver con el interés general de Andalucía y con la protección de los trabajadores en una Comunidad Autónoma con unas altas tasas de paro. Es decir, con las partidas de ese fondo se pagaron, según las acusaciones, entre otras cosas, las prejubilaciones de los intrusos, presuntas facturas infladas a las compañías aseguradoras, facturas de campañas de comunicación del Servicio Andaluz de Empleo, cursos online, y como, elemento surrealista, incluso, una póliza de 491.000 euros a nombre del exfutbolista Pizo Gómez, con la que presuntamente este resolvió una deuda que tenía con una caja de ahorros. Además, Guerrero dispuso presuntamente de esos fondos como si fueran suyos al incluir a su suegra en un ERE que no le correspondía. Y como colofón del desmadre, su chófer llegó a declarar en sede judicial que había llegado a comprar cocaína con dinero proveniente de esa partida.

La existencia de un fondo para financiar los despidos y las ayudas a trabajadores de empresas en crisis era conocida. La partida se incluía en los presupuestos de cada año. Se debatía en el Parlamento y los distintos grupos políticos discutían sobre la conveniencia o no de utilizarla y en qué medida cada vez que había una crisis empresarial que iba a desembocar con casi total seguridad en despidos. Andalucía es una de las comunidades con más paro y nadie discutía políticamente entonces que la Junta dispusiese de un fondo para estos menesteres.

Es aquí donde entra la acusación sobre los expresidentes. Lo que está en cuestión en este juicio penal contra ellos es en realidad un asunto muy administrativo. Nadie acusa a Griñán y a Chaves de haberse quedado con dinero, ni tampoco de saber con exactitud lo que estaba haciendo el director general Guerrero con el fondo. Lo que está en cuestión en esta parte del caso, conocida como la rama política, es si el sistema de reparto de fondos que se utilizó para resolver las crisis laborales y empresariales de principios de siglo en Andalucía, y por el que se colaron las arbitrariedades, ilegalidades y corrupciones, atribuidas a Guerrero y a los gestores de la Consejería, era en sí mismo ilegal o no lo era. Y si Griñán y Chaves lo sabían y permitieron su uso, ya sea por acción o por omisión. Las acusaciones, los jueces instructores, el PP, Manos Limpias, la Fiscalía, consideran que lo era, que estaba hecho ex profeso a sabiendas de su ilegalidad para poder eludir los controles de la Intervención General de la Junta de Andalucía y resolver así con agilidad las crisis.

En términos técnicos, la discusión se resume en si las ayudas que se repartieron de manera opaca y discrecional desde la Consejería de Empleo son consideradas o no subvenciones. De ser así, se habría prescindido por completo del procedimiento exigido, tasado en una ley, para su reparto. Esta es la tesis de las acusaciones y la que la Intervención General de la Junta ha defendido en distintos informes, hasta quince, emitidos año tras año; informes que no fueron escuchados por la Consejería de Empleo, que consideraba los pagos ayudas sociolaborales individuales y no subvenciones; informes que el expresidente Griñán, entonces consejero de Hacienda y al que avala la que fue durante muchos años su viceconsejera, Carmen Martínez Aguayo, ha asegurado siempre que no conoció jamás.

Así, Griñán y Chaves están acusados de haber permitido y participado en la creación y uso de un fondo ilegal que les permitiera resolver de manera efectiva, a tiempo, las continuas crisis laborales. Se les acusa por ello de un delito de prevaricación, dictar una resolución injusta a sabiendas, que conllevaría penas de inhabilitación, nunca de prisión. Ambos están ya fuera de la política activa, por lo que no tendría ningún efecto práctico, pero una condena dejaría una fea mancha sobre su gestión.

Sobre Griñán, sin embargo, pesa además una acusación de malversación de fondos públicos, lo cual le acarrearía, de ser condenado como pide la Fiscalía, una pena de seis años de cárcel. Los acusadores consideran que Griñán supo, a través de la Intervención, que la partida para resolver crisis laborales se usaba para otros fines, distintos de la resolución de conflictos empresariales, que era ilegal, porque se estaban dando subvenciones haciendo caso omiso de la ley, y que no hizo nada por impedirlo, y, por tanto, permitió que se malversara el dinero público. Él ha negado siempre, y lo hizo una vez más el pasado miércoles en el juicio, que esto fuera así. Griñán siempre ha defendido que jamás le llegó un informe de actuación, que es la alerta de la que dispone la Intervención para que se tomen medidas cuando detecta que se puede estar produciendo un menoscabo de fondos públicos.

Griñán defendió también la legalidad del sistema de ayudas y descartó que se tratase de subvenciones. Aseguró que las transferencias de financiación, la herramienta presupuestaria que se utilizó para pagar las ayudas que ordenaba Empleo, eran “adecuadas”, “inocentes”, se usan “en todas las administraciones y no impiden la fiscalización por parte de la Intervención”, como de hecho, se produjo. Griñán agregó que el fraude no está en los presupuestos, cuya elaboración dirigía, como consejero de Hacienda, sino en la “ejecución del gasto”, en manos de la Consejería de Empleo. “El gasto es el que se tiene que gestionar conforme a las leyes vigentes”, resumió.

No todos los jueces que hasta ahora han investigado el caso le han atribuido a Griñán la malversación, que requiere ánimo de lucro, para uno mismo o para terceros. El expresidente salió del Tribunal Supremo, que instruyó el asunto el tiempo que tanto él como Chaves fueron aforados, con solo una acusación por prevaricación. Jorge Barreiro, el instructor del Alto Tribunal, consideró el sistema de reparto “claramente ilegal” y acusó formalmente a ambos dirigentes de un delito de prevaricación, pero excluyó a Griñán de la malversación.

El fondo de la cuestión, por tanto, en esta rama del caso, la que afecta a los expresidentes, es eminentemente técnico, lo que provocó que el interrogatorio del pasado miércoles tuviera un aire muy poco penal y muy administrativo. Una persona que nada supiera del caso y que tan solo hubiera escuchado las preguntas del fiscal y las respuestas de Griñán, hubiera podido pensar, con alguna legitimidad, lo siguiente: ¿A este hombre de qué se le acusa exactamente? ¿De haber elaborado un presupuesto?