Comienza la cuenta atrás para la apertura del año judicial y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) abordará este lunes in extremis el desbloqueo de la elección presidencial de este órgano. De este modo, se pretende evitar que el organismo de gobierno de los jueces no esté representado oficialmente en el acto que preside el rey. 

Las candidaturas de magistrados del Tribunal Supremo fueron registradas el pasado 25 de julio y entre ellas figuran cinco mujeres y dos hombres. Los progresistas han propuesto a Ana Ferrer, Ángeles Huet y Pilar Teso, la favorita de este bloque.

Los conservadores, por su parte, presentan como candidatos a Esperanza Córdoba, Antonio del Moral, Carmen Lamela y Pablo Lucas. Para la elección presidencial es necesaria una mayoría reforzada de tres quintos de los miembros del Pleno, lo que obliga a un acuerdo entre ambos bloques, que hasta la fecha ha sido inviable.

El 5 de agosto fracasó el último intento de elección y, si no se llegara a alcanzar un acuerdo al respecto en los próximos días, se recurriría a "fórmulas alternativas", tal y como han explicado fuentes del órgano, que a su vez no han precisado en qué consistirían.

Por el momento, las reuniones son "constantes". De hecho, en los últimos días las llamadas y las negociaciones se han intensificado, de manera que se prevé que así siga este fin de semana, más allá de la comisión negociadora de ocho vocales. "No se ha dejado ni un minuto de buscar el acuerdo, se está apretando al máximo para conseguirlo", añaden las fuentes.

Sin embargo, reconocen que "no se han producido apenas avances". Es más, desde el CGPJ aseguran que se están centrando en hablar de programas y objetivos de la futura presidencia porque "en los nombres estamos alejados". En este sentido, como han apuntado varios vocales, el miércoles será un día crucial porque se dará la toma de posesión del cargo.

Por otro lado, el pasado 22 de agosto entró en vigor la ley Orgánica 2/2024 de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres, que se proyecta sobre el órgano de gobierno de los jueces. Actualmente, el CGPJ cumple dicha norma porque se da el mínimo de 40% de mujeres, ocho frente a 12. No obstante, no existe consenso respecto a si esta obligación afectaría también a la presidencia, otro punto de desencuentro entre jueces progresistas y conservadores.