MADRID.- En octubre 2009, Arnaldo Otegi fue detenido junto a Rafael Díez Usabiaga, exsecretario general del sindicato abertzale LAB. En 2011 se les impuso una condena de diez años de prisión al ser considerados dirigentes de ETA junto a otras tres personas, en el conocido como caso Bateragune. Se les declaró culpables de intentar reconstruir la dirección de la ilegalizada Batasuna. Un año más tarde, el Tribunal Supremo rebajó la pena a seis años y medio al entender que no quedaba acreditado que dirigieran la organización terrorista, pero sí su pertenencia a ella.

La condena original, dictada por la Audiencia Nacional, llevaba aparejada además una “inhabilitación especial” de su derecho al sufragio pasivo que no fue rebajada junto con la condena. El dirigente abertzale no podría presentarse a unas elecciones hasta después de 2022, justo cuando su nombre sonaba como candidato a la lehendakaritza y daba la batalla interna en la organización por el final de la violencia de ETA y por dar solución al que denominaba “conflicto vasco”. Aún así, fue elegido en 2013 secretario general de Sortu, y la izquierda abertzale aguarda su puesta en libertad, prevista para 2016, para que concurra a los comicios vascos ese mismo año.

No era la primera vez que iba a la cárcel, pero esta pena le acabó elevando, sobre todo a nivel internacional, a la categoría de preso político. Desde entonces, la vida, obra y pensamiento político del preso 8719600510 han sido detalles de sobra conocidos por toda la opinión pública, como si cumpliera condena en una celda de cristal. Sabemos que el líder abertzale cree que la CUP debe investir a Artur Mas para que no descarrile el proceso catalán, el cual le fascina; que su hija sufre secuelas psicológicas por su encarcelación, que no estaba de acuerdo con la postura del colectivo de presos hace años o que estaba decepcionado con la gestión de los gobiernos municipales de EH Bildu en Gipuzkoa. Las intenciones políticas de Otegi durante su estancia en prisión se han ido conociendo a través de estas filtraciones, sobre todo durante la última legislatura, cuando han ido en aumento, apunta su entorno.

Desde su ingreso en prisión, diferentes medios de comunicación han publicado fragmentos de cartas, de llamadas telefónicas o, directamente, de sus conversaciones durante visitas de familiares, amigos o compañeros de partido. Actualmente, cumple condena en la cárcel de Logroño, pero primero pasó tres días en la madrileña prisión de Soto del Real, antes de su traslado al presidio de Estremera. De ahí salió la primera filtración, en el diario Deia. Se trataba de una carta que, supuestamente, había escrito a otro preso vasco, recluido en la cárcel de Zuera, en Zaragoza. En ella expresaba su opinión acerca de la línea mantenida por el colectivo de presos políticos vascos (EPPK). Su defensa demandó al diario, pero no tuvo efecto.

Sólo era la primera. El Mundo, ABC, El País, La Razón… “Las filtraciones han sido constantes durante toda la legislatura, además bien repartidas y dosificadas en diferentes medios”, critica el diputado de Amauir, Jon Iñarritu, que ha presentado ante la Mesa del Congreso de los Diputados varias preguntas al Ministerio del Interior sobre estas publicaciones. La última batería la entregó el día 15, pero no espera respuesta.

“El Estado ha de garantizar que se respetan los
derechos de los reclusos, como la privacidad
de sus conversaciones”

“Las comunicaciones de los presos condenados por terrorismo y por pertenencia a banda armada son grabadas por el Gobierno, pero van a un archivo que está en manos de un juez”, explica el diputado, que subraya que “es un grave delito que se hagan públicas” y que “el Estado tiene que garantizar que se respetan los derechos fundamentales de los reclusos, entre ellos, la privacidad de sus conversaciones”. Algo que, a todas luces, no está sucediendo con Otegi.

“Cada vez que se publica una filtración, Interior asegura que se investiga, pero nunca hay resultados y las filtraciones no cesan”, apunta Iñarritu. Una de las más sonadas fue una conversación del exportavoz de Batasuna con su hijo, Hodei Otegi, durante una visita en la prisión de Logroño. La publicó La Razón el pasado julio bajo el titular “Otegi pide para su «cumple» que una gran ikurriña presida el chupinazo”. “Fue durante una visita en la que estaban bromeando sobre los San Fermines. Hodei le dijo que llevaría una pancarta al chupinazo en la que pondría Zorionak [felicidades]”, aseguran a Público fuentes cercanas a la familia del preso. “Estaba totalmente manipulado”, añaden.

Dañar a la izquierda abertzale

Para el entorno del exportavoz de Batasuna no cabe duda de que “se manipulan sus palabras para hacerle daño al él y a la izquierda abertzale”. Una de las publicaciones más dolorosas para ellos, aunque excluye al entramado de funcionarios de prisiones, la publicó La Razón en 2010. El diario de Marhuenda “tuvo acceso” a un escrito de la defensa de Otegi que incluía un informe psicológico de su hija. “Otegi pide salir de prisión porque su hija sufre secuelas psicológicas”, tituló. Al día siguiente, publicó que la psicóloga en cuestión “fue en las listas de ANV”.

También se filtraron encuentros con políticos, como la de 2013, con el entonces diputado general de Vizkaia, Martín Garitano. La abogada de Otegi interpuso una demanda asegurando que estaba “total y absolutamente prohibido”, que las grabaciones “tienen un control judicial” y que su difusión supone “un delito consciente y con intencionalidad política”. Como todas las demás, no llegó a nada. Una de las últimas, revelada por El País, ha sido una carta al exdiputado de la CUP, David Fernández, en la que el líder abertzale expresaba su postura sobre el resultado de las elecciones catalanas.

Su entorno culpa de las filtraciones a Instituciones Penitenciarias y al director de la cárcel de Logroño

Se apunta como responsables, al menos en última instancia, al director de la cárcel de Logroño, Vicente Pérez Pascual, y a Instituciones Penitenciarias, a los que acusan de tolerancia en el proceso. El diputado Iñarritu tuvo la oportunidad de preguntar al secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste Castillejo, sobre estos casos durante una comparecencia ante la comisión de Interior del Congreso. “Aunque lo hemos denunciado, ustedes no toman medidas para evitarlo, por lo que podemos pensar que, o bien es una política del Gobierno, o bien algún funcionario cobra por ello”, le dijo el diputado.

Yuste respondió: “Claro que hay filtraciones y claro que hemos iniciado algunas investigaciones”, y proseguía: “¿Cómo puede extrañarse usted de que la actitud de alguien que está trasladando sistemáticamente información de forma subrepticia […] no produzca una fuga de documentación? Yo no puedo controlar si determinada carta se ha enviado a un abogado”. “Se hizo el loco completamente”, denuncia Iñarritu, que recientemente ha enviado una misiva a Yuste pidiendo explicaciones sobre las últimas conversaciones publicadas, “solicitando medidas y preguntando si se ha investigado al director de la cárcel de Logroño. Es uno de los responsables de que las grabaciones no se hagan públicas”, apostilla. Tampoco le ha respondido.

Sin embargo, el grupo vasco tiene escasa fe en las medidas que puede tomar el Gobierno y no descarta elevar las denuncias a “otras instancias europeas”. “Lo que no es justificable es que el mismo día que se hace público el vídeo de Bárcenas [extesorero del PP] en la cárcel de Soto del Real, Interior anuncie una investigación exhaustiva mientras que con las filtraciones de Otegi haya una total permisividad”, argumenta. En cualquier caso, pocas de las investigaciones abiertas sobre filtraciones, ni siquiera la del vídeo de Bárcenas, llegan a señalar culpables.