La ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, ha asegurado este miércoles que de los 60.000 libros de textos que se editan en España, el 0,2% "tienen adoctrinamiento reconocido", según datos del gremio de editores de España, y ha apuntado que la publicación de estos manuales no necesita autorización del Ejecutivo debido a una ley que aprobó el PP en 2002.

Así ha respondido la portavoz del Gobierno en el Pleno del Congreso, donde ha sido cuestionada por el diputado de Ciudadanos, Toni Cantó, sobre la situación de adoctrinamiento en aulas de diferentes comunidades autónomas. Además, ha criticado que el PSOE no haya garantizado en sus meses de Gobierno que los niños puedan estudiar en su lengua materna.

"Este gobierno no es responsable del Génesis", ha respondido Celaá, para indicar que su departamento ha estado trabajando ocho meses y medios "honesta y genuinamente en la educación" para cumplir con lo que dice la Constitución en materia de lenguas.

En este sentido, ha explicado que, según la Carta Magna, la lengua oficial que todo español tiene derecho a conocer y usar es el castellano y también las lenguas cooficiales en sus territorios. Pero, además, ha destacado que, según la Constitución, todos los ciudadanos del país tienen derecho a conocer la riqueza aportada por las diversas lenguas y respetarlas y eso, según ha apuntado, es lo que se ha hecho en el anteproyecto de ley de Educación que el Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes.

Del mismo modo, se ha referido al adoctrinamiento apuntando que de los 60.000 que hay en España, un 0,2% tienen "adoctrinamiento reconocido", según los datos del gremio de editores de España.

Para Cantó, este gremio no es una referencia. Unas declaraciones que la ministra ha defendido, señalando que ninguna comunidad autónoma, ni el Gobierno central, autorizan o publica los libros que se publican en el país debido "a una ley básica aprobada por el PP".

"No hay autorización previa de los libros de texto", ha insistido en su intervención, para apuntar que si alguien ve una vulneración de la Constitución en un manual escolar tiene que denunciar.